Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Institut València de les Dones que dirige la socialista María Such le pone peros al Plan de Igualdad que À Punt aprobó para su funcionamiento interno el pasado febrero de 2020. Un año después de su presentación a la plantilla de la radiotelevisión, el ente depediente de la Conselleria de Igualtat tira atrás su aprobación definitiva por varios defectos de forma.
Así se refleja en un documento al que ha tenido acceso este diario, en el que el ente que evalúa los planes de Igualdad entiende que el presentado por À Punt no tiene ninguna medida que censurar pero sí problemas técnicos que no responden a la legislación vigente. Destaca la falta de dos documentos que se tienen que anexar a la petición y de los que el ente aún no dispone: la auditoria de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y la descripción de puestos de trabajo. Se trata de dos documentos internos, que el nacimiento de À Punt no ha permitido desarrollar y que, a partir del rechazo al Plan de Igualtat se ha decidido licitar, según explican fuentes internas.
Por otra parte, el informe desfavorable pone el acento en el problema de la dobles estructura del ente, que les impediría poder presentar un único plan de igualdad. Para Igualtat, este requisito no se cumpliría ni cuando fue presentado, ni atendiendo a la modificación legislativa que se produjo en este ámbito en el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre de 2020: "La Societat y la Corporació tienen personalidad jurídica propia y diferenciada, y dado que no se justifica la conveniencia de compartir un Plan de Igualdad ni presentan diagnósticos diferenciados, se entiende que no cumple con la legislación ni pasada ni presente para poder validar el documento y seguir con los trámites necesarios para su visado". Del informe se deduce que, al tratarse de dos empresas que no forman parte del mismo grupo (aunque en la práctica así sea), se debe hacer un análisis y un protocolo pormenorizado y adaptado a la plantilla de cada una de ellas.
El plan presentado y aprobado establece cuatro líneas estratégicas de actuación: la presencia equilibrada de hombres y mujeres, medidas de conciliación y corresponsabilidad, comunicación y formación en materia de igualdad y salud laboral desde la perspectiva de género. Cada eje cuenta con unos objetivos generales y específicos a desarrollar, previsiblemente hasta 2023. También incluye el protocolo actual de prevención de acoso sexual, discriminación por género u orientación sexual, y otras violencias machistas. En su día, el documento se presentó como una iniciativa "pionera entre los medios de comunicación". El ente estaba bajo la presidencia de la Corporació de Enrique Soriano y la dirección de Empar Marco.
Todas las empresas públicas deben disponer, por ley, de un plan de igualdad desde el año 2003. El pasado mes de marzo, Igualdad comunicó su informe desfavorable y, desde entonces, À Punt tiene un plazo de tres meses para remitir las correcciones pertinentes. Si no lo hace "se entenderá que se ha producido la paralización del procedimiento iniciado a solicitud suya, y se declarará mediante resolución la caducidad del expediente, acordándose el archivo de las actuaciones". Así ocurrirá, porque desarrollar la auditoría y la descripción de puestos de trabajos a través de una licitación alargará el proceso. En cuanto a la recomendación del doble plan de Igualtat, el ente público tiene pensado justificar que las dos empresas funcionan como una sola y no hacer un cambio de forma en ese sentido.
El dilema que ha generado en los últimos años la doble estructura de À Punt no es trivial. Sin ir más lejos, la cadena no pudo aprobar a tiempo sus cuentas de 2018 por las discrepancias que surgieron entre la Generalitat y la CVMC. En concreto, la Intervención de la Generalitat Valenciana reclamaba al ente en su informe de auditoría que devolviera los 9,2 millones de euros que no fueron ejecutados el año anterior a la Generalitat. Una cantidad que la Corporació traspasó a la Societat -que es la que gestiona el grueso del presupuesto, dedicado en buena parte a personal- y que, los gestores entendían, por tanto, ejecutados, ya que el dinero se había transferido a la SAMC y ya no disponían de él.
Sin embargo, la Generalitat no lo entendía así y advirtió al ente presidido entonces por Soriano que lo no ejecutado debía devolverse. Con todo, tras las disparidad de criterio, À Punt pidió que ese dinero se descontara de los fondos del próximo ejercicio y no devolverlo con los del año siguiente. Escenario al que el Gobierno valenciano se negó.
Con estos mimbres, el PSPV estuvo examinando la normativa para modificarla a través de la Ley de Acompañamiento de 2020 para evitar que situaciones así -con amonestación de la Intervención incluida- volvieran a repetirse. Sin embargo, terminó descartándose dada la complejidad jurídica que conllevaba, pues los socialistas deberían haber resuelto a través de una simple enmienda cómo traspasar el personal de una entidad a otra entre otras cuestiones. El método empleado, además, hubiera sorteado el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que sí informa cuando la propuesta va incluida en un proyecto de ley aprobado por el Consell.
La intención, ahora, es estudiar cómo poder acometer este cambio sobre la propia ley y no enmiendas a la ley de Acompañamiento en la subcomisión que estudia la reforma de la normativa. Sin embargo, esta se constituyó hace ya casi dos años -en septiembre de 2019- y desde entonces tan solo ha aprobado el plan de trabajo sin que se hayan celebrado más sesiones para ponerse manos a la obra.
La accidentada historia de esta comisión es larga, pues a pesar de haber tardado tanto en constituirse y aprobar el plan de trabajo, tampoco este será muy extenso: los partidos tan solo han programado seis sesiones para acometer los cambios legales pertinentes en la ley. Entre ellos, la fusión de las sociedades.
