VALÈNCIA. Miles de residentes en España están pendientes de que se resuelva el expediente de homologación de su título universitario. La gran mayoría de ellos son personas migrantes que decidieron venir con el objetivo de desarrollar aquí su profesión. Otras pocas, españoles que decidieron estudiar en otro país y a su regreso han tenido que homologar la formación para poder ejercer su profesión.
Tras retrasos y acumulaciones de expedientes de este proceso, en octubre de 2022 se aprobó un Real Decreto que prometía homologar los títulos universitarios en un plazo máximo de seis meses. No obstante, casi dos años después el colectivo Homologación Justa Ya denuncia la existencia de más de 100.000 casos pendientes de resolución. Con la intención de mejorar este proceso y agilizar las resoluciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades planteará el próximo mes de septiembre un plan que prevé agilizar el procedimiento.
De hecho, desde que el Ministerio de Ciencia e Innovación sumara las competencias de Universidades - cartera independiente la pasada legislatura - se han puesto en marcha varias medidas ante unos plazos de respuesta a las solicitudes que la propia ministra, Diana Morant, definió como "inasumibles y realmente inaceptables".
Durante una Comisión en el Congreso semanas después de asumir las competencias de Universidades, Morant señaló que el año pasado se emitieron 18.000 resoluciones, un 80% más que en 2020, mientras que se reciben unas 5.000 mensuales, lo que provoca la acumulación mencionada. "Solo el año pasado homologamos hasta 8.000 títulos de médicos, cuando, por ejemplo, egresados de las universidades de nuestro país hay 6.000", puso como ejemplo la ministra para remarcar la "magnitud" de esta materia.
Algunas de las personas afectadas llevan incluso nueve años inmersas en diferentes procesos para que su formación sea validada. Es el caso de Judith Miranda, originaria de Bolivia, pero graduada en Veterinaria en una universidad cubana. Miranda solicitó el trámite en 2015 y tres años después se le concedió una homologación condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos formativos en el plazo de seis años.
"Desde entonces he estado pidiendo a las diferentes facultades de Veterinaria de España poder acceder a los cursos y la experiencia ha sido bastante traumática", asegura esta afectada que señala que esta situación le ha hecho "imposible" poder obtener los créditos formativos necesarios para obtener la homologación. Además, explica que ha solicitado (sin éxito) en varias ocasiones el informe de evaluación de su caso, puesto que asegura que otros compañeros de su misma facultad han obtenido la homologación de forma directa, sin condiciones.
La demora le llevó a solicitar también la equivalencia, es decir, un reconocimiento del título que le daría la capacidad de poder optar a oposiciones o contratos en el sector público, pero 28 meses después aún no la ha obtenido. Pese a los problemas para conseguir homologar su formación, Miranda ha intentado estar vinculada a ella durante estos nueve años con la realización de un máster y un doctorado. En 2021 obtuvo su primer contrato como investigadora mediante fondos europeos en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), lo que le ha permitido conseguir un permiso de residencia.
No obstante, la carencia de la homologación le impide presentarse a bolsas que le permitirían estabilizarse. Miranda declara que durante estos años ha podido "aguantar" el proceso gracias al apoyo de su familia y de sus amistades. "Estoy muy agradecida con los valencianos por la acogida y empatía. Lejos de maltratarme por mi situación, me han dado ánimo y apoyo", reconoce.
Además, se encuentra vinculada a proyectos como Homologación Justa Ya, Movimiento de Homologaciones Cubanas en España y a Homologantes Bolivianxs en España. De esta última plataforma es una de las coordinadoras y a inicios de este mes se reunieron con el recientemente nombrado secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, para abordar los "problemas específicos" de las homologantes bolivianas.
Otro caso es el de Gabriela Jara, odontóloga de origen chileno que lleva algo más de cuatro años con el proceso abierto, aproximadamente la mitad de tiempo que Miranda. En este caso, Jara se trasladó al 'Cap i Casal' con el objetivo de cursar un master en la Universitat de València y especializarse así en el tratamiento odontológico de personas con discapacidad.
A su llegada, en 2019, decidió pedir la homologación con el objetivo de permanecer en el país más allá de lo que tardara en ampliar la formación ya adquirida en Chile. No obstante, asegura que la Administración tardó un año en abrir el expediente; otro curso y medio hasta solicitar un requerimiento; y uno más para pedirle que curse cinco materias necesarias para conseguir la equivalencia.
Ante este último hecho, Jara apeló en agosto de 2023 con la intención de poder convalidar algunas asignaturas. 12 meses después, señala que continua sin respuesta. Durante todo este tiempo ha trabajado "en cualquier cosa" y "tirando" de los ahorros con los que llegó a España sola, "con el sueño" de establecerse en el país tras haber desarrollado su profesión en un consultorio público de Chile durante seis años.
Jara sigue con la "esperanza" de obtener algún día la homologación tras un proceso sobre el que señala: "Emocionalmente genera mucha frustración, hemos invertido tiempo y dinero en nuestra formación". Además, lamenta la falta de atención administrativa a las dudas que los afectados puedan tener en el transcurso de la homologación. En este punto cabe recordar que Universidades habilitó un teléfono el pasado mes de abril para atender a este colectivo, aunque desde la plataforma Homologación Justa Ya denunciaron que la constante cancelación de citas impedía obtener asesoramiento a muchas de las personas que lo demandaban.
Tras la demora en su homologación, Jara ha decidido volver de nuevo a las aulas: empezará el próximo mes de septiembre a cursar estudios de Formación Profesional de higiene bucodental. Además, desde hace un tiempo se encuentra en pareja y tiene la intención de formar una familia, por lo que la opción de regresar a Chile no ronda su cabeza.
Si bien la mayoría de personas llegan a España directamente desde su país natal, el caso de Barbara De Nardo es ligeramente distinto. Esta médica (ginecóloga obstetra) acumula 25 meses a la espera de su homologación. Ella y su familia salieron de Argentina en 2021 en dirección Alemania tras recibir una oferta laboral. Asegura que pudo ejercer su profesión durante este periodo bajo la supervisión de otro profesional mientras durase su proceso de homologación, puesto que así lo permite la ley del país germano.
No obstante, la adaptación a Alemania fue la esperada y decidieron emprender un nuevo rumbo hasta València. Considera que lo más duro de todo este trámite "es la falta de respuestas" a la solicitud. "Entregas tus papeles y ya no te enteras absolutamente de cómo avanza el proceso", asegura esta afectada que remarca que la situación genera "incertidumbre".
Hace apenas un mes obtuvo un cambio en el estado de su expediente que le permite augurar que va por buen camino, por lo que espera que entre finales de este año y principios del siguiente obtenga finalmente la homologación. Mientras tanto, trabaja como teleoperadora, aunque asegura tener ofertas laborales como médica que están a la espera de tener acreditada su formación.
Algunos deciden cambiar de país una vez terminados sus estudios o antes de empezar con el postgrado, pero el testimonio de Roberto Mario Gadea es distinto. A sus 64 años, con cuatro décadas de experiencia como médico en Argentina, se trasladó a España con un claro objetivo: "proteger" a sus hijos frente a las "problemáticas" económicas y sociales que atraviesan su lugar natal.
Gadea es nieto de españoles, algo que le permitía tener la nacionalidad antes de venir a España, así como dársela a sus hijos. Este médico vendió propiedades en Argentina para poder vivir durante un tiempo hasta que la homologación fuese efectiva. No obstante, a su llegada se encontró con retrasos en los plazos previstos - seis meses - por lo que aún no ha podido ejercer de nuevo su profesión.
"Tengo muchas ganas de seguir trabajando como médico", asegura este individuo que en la actualidad se gana la vida como camarero los fines de semana en un bar de Alicante. Gadea incide en que "no hay trabajos ni mejores ni peores", aunque si espera algún día poder volver a la medicina tras 40 años ejerciendo en Argentina: "Habiendo trabajado 40 años en lo mismo es muy difícil hacer otra cosa".
Preguntado por la posibilidad de jubilarse, explica que la pensión que cobraría a día de hoy ascendería a los 600 euros, puesto que solo podría acceder a una de las tres prestaciones a la que los médicos pueden acceder en Argentina, por lo que debe seguir cotizando para poder ser también beneficiario de una de las dos restantes. Preguntado por la posibilidad de volver a Argentina, reitera que la decisión de trasladarse a España fue por sacar a sus hijos de una situación de "inseguridad" en un país "donde ya no había horizonte posible".