VALÈNCIA (EP). La patronal hotelera de la Comunitat Valenciana Hosbec ha denunciado que el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor provocará "un caos" en el sector.
Hosbec ha censurado en un comunicado que la medida se publicó "con sorpresa y sin ningún tipo de consulta previa por parte del Ministerio del Interior" en octubre de 2021 y, tras dos prórrogas para su entrada en vigor, lo hará en octubre de 2024.
La patronal hotelera valenciana ha advertido del "posible caos que podría generar su aplicación", ya que ha señalado que la normativa "impone nuevos requisitos para el registro de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos, así como la transmisión de estos datos por medio de una plataforma diseñada por el Ministerio del Interior".
Hosbec ha mostrado su "total acuerdo" con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que apunta que "es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del Ministerio y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros" que, a su juicio, "son incumplibles e ilegales, y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables".
Asimismo, ha lamentado que la medida "amplía las obligaciones de las empresas a recoger datos que no se limitan a los que aparecen en documentos oficiales", entre los que ha citado métodos de pago, transacción económica y datos del contrato, como el domicilio actualizado del cliente, teléfono móvil o correo electrónico del usuario, que "además solo pueden ser recogidos de forma manual".
"Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que esto provocaría un caos organizativo en las recepciones en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección", ha sostenido.
En la misma línea, CEHAT ha añadido que "más del 70 por ciento de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos".
Además, ha apuntado que la Unión Europea ha decidido en julio de 2024 que "las aerolíneas solo podrán recabar datos de forma automatizada, reemplazando los métodos manuales, que son a los que obliga este Real Decreto, por la no aparición en documento oficial de muchos de los datos requeridos".
Ante la entrada en vigor el 1 de octubre de este Real Decreto, CEHAT ha manifestado la necesidad de reunirse nuevamente con el secretario de Estado o el ministro del Interior y ha censurado que no han obtenido respuesta por parte del Ministerio, lo que "ha provocado un gran malestar en todo el colectivo y la puesta en marcha de sus servicios jurídicos para impedir su aplicación".
Por otro lado, ha sostenido que "la proliferación de alquileres turísticos legales e ilegales exige al Ministerio poner en marcha medidas realizables y cumplibles, aportando las herramientas a todas las empresas que garanticen la minimización de datos la eficiencia en su recogida y envío y la no obligación de verificación fuera de los datos recogidos en documentos oficiales", pues considera que de lo contrario "provocará graves problemas a empresas y a viajeros sin que ello redunde en el aumento de la seguridad del destino turístico".