VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha vuelto a reprochar al Consorcio del Hospital General de Valencia la falta de control sobre sus cuentas. Como cada año, la institución hace una revisión del funcionamiento del ente, en el que habitualmente sale malparada el área de fiscalización y contratación por las deficiencias en el cumplimiento de la normativa. Según recoge el informe, existen debilidades de control interno que ponen en riesgo la actividad contractual del consorcio y, en este sentido, desde el departamento hacen numerosos contratos sin expedientes de contratación.
Según señala el informe de la sindicatura, que evalúa el último año de Enrique Ortega al frente de la gerencia, la mayor parte de los gastos realizados sin expediente corresponde a compras de productos farmacéuticos y sanitarios que se tramitan como pedidos directos, así como prestación de servicios. "No se han atendido los principios y normas que regulan la contratación pública, a fin de asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa", señalan.
De hecho, recalcan la infracción del principio de publicidad al realizarse gran parte de estas compras mediante fraccionamiento indebido. "Las compras de medicamentos y material sanitario deben ser objeto de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, procedimientos y formas de adjudicación", insisten. Además, también se apunta a la no solicitud de tres ofertas antes de la adjudicación de contratos menores.
Entre las alarmantes cifras del hospital en el ejercicio 2019, se encuentra el gasto de 124,1 millones de euros en compras sin contrato y que se tramitaron a través de 25 expedientes de enriquecimiento injusto que se suma al excesivo fraccionamiento de contratos.
Otra de las críticas recurrentes es la insuficiencia presupuestaria, lo que deriva en facturas en el cajón. Al cierre del ejercicio 2019, quedaron pendientes de imputación presupuestaria obligaciones por 20,8 millones de euros, que figuran contabilizadas en la cuenta 413 y que se han imputado al presupuesto de 2020. De la cifra anterior, 10,7 millones de euros corresponden a productos farmacéuticos y 6,1 millones a suministros de material sanitario, que el CHGUV gestiona al margen de la normativa de contratación administrativa.
La fiscalización ha sido otro de los grandes caballos de batalla del General, y es que la institución alerta de la falta del servicio y de control interno en este sentido. "No se toman las medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses de todo el personal que participa en el proceso de licitación", señala el documento. Y es que, en siete los expedientes revisados no se han respetado los plazos de cumplimiento de lo contratos sin que conste que se hayan estudiado las causas del retraso y la imposición de penalidades.
Por otro lado, en los expedientes revisados no consta que el contratista haya aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones especiales. "En los contratos menores no consta la comprobación de las condiciones de aptitud para contratar. Los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato", apuntan.
Desde la Sindicatura recuerdan que en 2015 se contempló la creación, bajo la dirección económica financiera, de la unidad de fiscalización y control interno y de la unidad de auditoría e información. "Ninguna de estas dos unidades ha sido creada hasta la fecha, si bien en el mes de junio de 2016 se puso en funcionamiento un servicio de fiscalización, integrado por tres personas. Dicho servicio de fiscalización desplegó una intensa actividad desde su creación, si bien manifestaba en sus informes la insuficiencia de personal para ejercer adecuadamente la fiscalización previa de todos los gastos y el control financiero de la actividad económica. Desde 2018 los puestos de este servicio de fiscalización se encuentran vacantes", recuerdan.
Desde la Sindicatura también han hecho un seguimiento de las incidencias contenidas en los informes de control formal de los dos últimos ejercicios, así como de las recomendaciones del informe de 2016. Y es que de las 28 recomendaciones que figuraban en éste, el CHGUV ha implantado totalmente dos y parcialmente once, y tiene pendiente de implantar quince.
Desde la Sindicatura de Comptes también alertan de modificaciones en los estatutos que no son válidas. En este sentido, recuerda que los estatutos del consorcio marcan que el Consejo de Gobierno se reunirá mensualmente en sesión ordinaria. Sin embargo, una modificación realizada en 2017 la convierte en semestral, además de las extraordinaria. Sin embargo, esta modificación no ha sido aprobada por las entidades que participan en el Consorcio, la Generalitat y laDiputación de Valencia, por lo que según el ente fiscalizado no es válida.
