VALÈNCIA. En 2016, la Comisión Europea condenó a cinco grandes marcas fabricantes de camiones (MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz y DAF) por pactar precios, entre enero de 1997 y enero de 2011, y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes y los sancionó con una multa de 2.930 millones de euros. Esa vulneración de la competencia fue el pistoletazo de salida de una larga batalla judicial emprendida por los damnificados para recuperar el dinero que habían pagado de más al comprar sus camiones. “Fuimos los primeros en empezar con las demandas. A solicitud de uno de nuestros clientes estudiamos el caso, vimos que había una posibilidad y decidimos embarcarnos en el proceso. Sabíamos perfectamente dónde nos metíamos cuando decidimos como despacho defender a los camioneros y pequeños empresarios a los que el cártel de camiones había perjudicado. Estábamos ante una causa tan justa como compleja, que necesitaba de un gran esfuerzo y dedicación. Lo asumimos con todas las consecuencias, porque somos un despacho local y nuestro compromiso está con los pequeños empresarios y no con grandes corporaciones”, explica Ignacio Varona, socio director del área legal de Varona Legal & Numbers.
Ahora, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a los fabricantes del cártel de camiones a indemnizar a los compradores con un 5% del coste de los vehículos, más los intereses desde la compra. “Es una sentencia que avala el derecho de autónomos y pequeños empresarios a ser indemnizados por el sobreprecio que pagaron al comprar sus camiones”. Pero llegar hasta aquí ha supuesto seis años de investigaciones, procesos, pleitos… un largo camino judicial donde Varona ha conseguido relevantes sentencias favorables a los compradores de camiones en tribunales de toda España: fue uno de los primeros despachos en lograrlas en juzgados de primera instancia, obtuvo la primera sentencia de segunda instancia de toda Europa favorable, y ha sido el primer despacho en celebrar ante el Tribunal Supremo, obteniendo una sentencia estimatoria. Casi un centenar de clientes han confiado en el despacho valenciano para conseguir una indemnización de los fabricantes de sus vehículos.
- La sentencia del Supremo sobre el cártel de camiones supone un gran respaldo al trabajo realizado.
Es una victoria del derecho de la Competencia, obtenido frente a grandes marcas, y va a marcar el futuro de más de un millar de demandas presentadas en juzgados de toda España. Para nuestro despacho es una gran satisfacción, un reto superado y una prueba de tenacidad, rigor y buen trabajo en equipo. Tengamos presente que la decisión de la Comisión Europea recogía la posibilidad de reclamar, pero no decía como tenía que ser el proceso. Nosotros hemos tenido que investigar cómo hacerlo, asumir el riesgo a través del método de prueba y error, buscar los datos para poder hacer los estudios periciales, por no hablar de lo que ha supuesto para los particulares y pequeños empresarios que han tenido que esperar todo este tiempo para que se le reconozcan sus derechos… y todo ello mientras los grandes grupos empresariales a los que nos enfrentábamos dilataban el proceso y ponían trabas.
- Hablas de las trabas y del tiempo, ¿cuáles han sido los problemas más complicados que habéis encontrado?
Estamos hablando de seis años desde que empezamos el proceso hasta conseguir la sentencia en firme del proceso. Es mucho tiempo para nuestros clientes y muchos se han quedado por el camino. Además, existe una directiva europea que determina el plazo de prescripción para reclamar, en cinco años, pero aquí se transcribió tarde y el plazo según la normativa nacional era de un año. Ese es el principal motivo, por el que España ha sido la primera en Europa en tener sentencias de su más Alto Tribunal respecto a la determinación del daño a los perjudicados por el cártel de camiones.
A ello se suma que son procedimientos complejos, donde el que tiene que probar el daño es el camionero perjudicado y las grandes corporaciones no han facilitado datos, han intentado dilatar los plazos al máximo y nos han obligado a traducir a sus lenguas los documentos, algo que nosotros pudimos hacer en plazo gracias a un programa de Inteligencia Artificial desarrollado por una empresa valenciana, también ha habido incidentes relativos al emplazamiento, la legitimación, la territorialidad, las comunicaciones extraprocesales, etcétera, lo cual supone una multiplicación de los recursos judiciales necesarios para conferir el adecuado trámite a los procedimientos.
- ¿Qué supone que el Supremo español ha sido el primer máximo órgano judicial de un país de la Unión Europea en pronunciarse respecto a la determinación del daño a los perjudicados por el cártel de camiones?
En este caso hemos marcado un camino muy importante y yo creo que se pondrá de ejemplo en las universidades de derecho dado que es un caso de una gran complejidad técnica en el que se han tocado todos los palos, por decirlo de manera coloquial: si había que reclamar a las filiales o a las centrales, como justificar los daños, quién puede presentar la reclamación, si pueden ir varios perjudicados juntos o ha de ser individual, el derecho de la competencia europeo… se ha cubierto (y dado respuesta) todo el abanico de preguntas que podían surgir en un proceso contra un cártel tan importante.
- Esta sentencia, ¿es un punto final o hay que seguir trabajando?
Para nosotros es una primera fase. Ahora queremos avanzar en todo lo que representa la cuantificación del daño para que sea mucho más consistentes, gracias a lo que se ha ido conociendo durante estos años de periplo judicial. Tenemos la obligación de intentar que se reconozca un porcentaje superior al 5%, más los intereses desde la compra, en próximas sentencias, para que los camioneros recuperen lo que les han cobrado de más, aunque no sea suficiente para compensarles por el daño causado.
- De hecho, durante el proceso ha habido sentencias con diferentes porcentajes.
Sí, con la misma pericial hay tribunales que han reconocido un 5%, otros un 8%, un 15% e incluso un 20%… hasta la sentencia del Tribunal Supremo dependía del tribunal el porcentaje de éxito o de fracaso, porque también ha habido sentencias desestimatorias, bien porque no se ha utilizado la vía correcta, por no cumplir los plazos o por dirigirse a las filiales en España en lugar de a la empresa matriz. Y eso crea una inseguridad jurídica enorme, que siempre perjudica a los mismos: a los camioneros. Ahora, al menos hay un criterio en firme que todos los tribunales deben aplicar.
- El cártel de camiones no es el único cártel al que se enfrenta Varona Legal & Numbers en los tribunales: también estáis defendiendo judicialmente reclamaciones contra el cártel de fabricantes de automóviles.
En julio de 2015, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) declaraba acreditada la infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cometida por prácticamente la totalidad de empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles que operan en el mercado español. Como despacho hemos demostrado nuestra solvencia en defensa de los perjudicados por quienes vulneran el derecho de la competencia y perjudican a los consumidores. Además, en este caso hay más recorrido en las reclamaciones porque aquí sí que podemos tener acceso a datos públicos, no como con los camiones. Vamos a seguir trabajando en defensa de particulares y pequeños empresarios, ayudándoles a que se haga justicia en sus casos y enfrentándonos a casos complejos contra grandes marcas.