VALÈNCIA. Inmobiliaria Guadalmedina -conocida como Igsa- insiste en reclamar la compensación a la que tiene derecho desde que la justicia anulara el 'pelotazo' de Tabacalera aprobado por el gobierno de Rita Barberá. Así, ha pedido que el consistorio le devuelva el edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos que actualmente ocupa. Un movimiento con el que la constructora redobla la presión sobre la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, para cobrar la indemnización.
Así, la mercantil ha presentado ante la sala de contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana la solicitud para que ejecute el fallo de 2017, que anulaba definitivamente la operación urbanística del anterior gobierno municipal, y que para ello anule la inscripción registral de la Tabacalera a nombre del Ayuntamiento.
Si esta petición saliera adelante, reflejaría al Ayuntaminto legalmente como una suerte de 'okupa', pues el espacio dejaría de estar registrado a su nombre. Esto es, que para seguir manteniendo el edificio como oficinas municipales y no abandonarlo, el consistorio debería expropiárselo a la compañía, pago millonario mediante. O por contra llegar a un acuerdo previo con ella para evitar alcanzar a este extremo. Sin embargo, cinco años después de la sentencia del TSJ, no se ha logrado este pacto que pondría fin al lío urbanístico generado por el anterior gobierno local.
En la operación original de 2005, el Ayuntamiento había recibido de la promotora el edificio central de la Antigua Fábrica de Tabacos -Tabacalera- y casi 14 millones de euros a cambio de entregarle un edificio municipal en la Plaza América y permitir el derribo de las naves posteriores y laterales del complejo industrial para que la compañía pudiera construir bloques de viviendas.
El fallo que anulaba todo eso llegó en 2016, precisamente cuando el gobierno municipal ya estaba liderado por Joan Ribó, las naves ya estaban derribadas y ya estaba construido uno de los dos edificios residenciales posteriores a Tabacalera, y cuando el Ayuntamiento ya usaba el complejo industrial como oficinas consistoriales. Todo estaba hecho, pero Igsa se había quedado sin edificar un edificio en un solar posterior a la antigua fábrica de tabacos y por ello reclamó 45 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.
Desde entonces, esta compensación no se ha hecho realidad. La solución planteada por la concejalía de Urbanismo, que en ese momento dirigía Vicent Sarriá, ha fracasado. La idea era trasladar la edificabilidad no consumada por la promotora "a otro punto de la ciudad con valor urbanístico similar", y el sitio elegido fueron dos pastillas de suelo público ubicadas en el barrio de Penyaroja, que se recalificaron a residencial para entregárselas a la constructora en compensación. Todo ello sin que se hubiera firmado ningún acuerdo en el que Igsa aceptara dicho suelo.
La medida consistorial no agradó nada a los vecinos, que veían cómo dos pastillas calificadas como suelo educativo y de zona verde pasaban a ser suelo residencial para construir fincas, así que la plataforma vecinal de Penyaroja, creada ante este conflicto, recurrió la decisión del Ayuntamiento, y finalmente la juez le dio la razón. Y aunque tendrá que volver a juzgar por un fallo procedimental, se espera que el fallo sea en la misma dirección.
Así pues, todo vuelve (casi) al principio: el Ayuntamiento mantiene una deuda millonaria con Igsa que todavía no ha liquidado, y la solución que se pensaba como la óptima ha sido anulada en los tribunales. Así que ahora Igsa insiste en ejecutar la sentencia que dio origen a todo el embrollo pidiendo que se le devuelva el edificio de Tabacalera, que el Ayuntamiento ocupa desde hace tiempo como oficinas municipales.
Fuentes de la concejalía de Urbanismo advirtieron este miércoles que es "una las consecuencias jurídicas del 'pelotazo' del PP de Rita Barberá y que dan la razón a la concejalía al intentar llegar un acuerdo que evitara que el Ayuntamiento tuviera que pagar las consecuencias de este gran pufo del PP".
"La empresa que se benefició del pelotazo pide ahora que se le entregue el edificio de Tabacalera en ejecución de la sentencia", señalaron las mismas fuentes, quienes subrayaron que con esto se "demuestra" que la solución planteada por Urbanismo "era la más lógica y racional para el Ayuntamiento para evitar un perjuicio económico".
El consistorio ya había asumido que tendrá que pagar en metálico en lugar de permutar la deuda con suelos municipales. Es algo que ya avanzó la propia edil, pero el alcalde de la ciudad, Joan Ribó lo reafirmó este miércoles. El alcalde se reunió con la plataforma vecinal tras su victoria en los tribunales y confirmó se "buscará otra solución para la sentencia de Tabacalera", forzado por la sentencia que anula los planes consistoriales.