Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Como en el juego de la oca, el Ayuntamiento de València ha caído en la casilla de la calavera: el Tribunal Superior de Justicia ha devuelto el lío urbanístico de Tabacalera a la casilla de salida. La solución planteada por la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, ha sido anulada por el alto tribunal en un fallo que no censura el fondo de la medida sino que prohíbe la forma en la que se ha llevado a cabo.
Hay que remontarse a 2005, cuando el gobierno de entonces, dirigido por la alcaldesa Rita Barberá, suscribió un convenio urbanístico con la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) según el cual el Ayuntamiento recibía de ella el edificio central de la Antigua Fábrica de Tabacos y casi 14 millones de euros, a cambio de entregar a la promotora un edificio municipal en la Plaza América y permitir el derribo de las naves posteriores y laterales de Tabacalera para que la compañía pudiera construir bloques de viviendas.
Aquel acuerdo llevaba aparejado necesariamente la desprotección de las naves anejas del complejo industrial y también un cambio en los planos. Pero la denuncia de la asociación Salvem Tabacalera acabó con una sentencia del TSJ en 2016, ratificada por el Tribunal Supremo al año siguiente, que anulaba el convenio y la recalificación de suelos y devolvía todo a la situación anterior.
Así, aquel fallo llegaba cuando el gobierno municipal ya estaba liderado por Joan Ribó, las naves ya estaban derribadas y ya estaba construido uno de los dos edificios posteriores a Tabacalera mientras que el Ayuntamiento ya usaba el complejo industrial como oficinas consistoriales. Pero el lío urbanístico se multiplicaba al reclamar Igsa 45 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por no haber podido consumar sus derechos edificatorios en el otro suelo próximo a Tabacalera al anularse la operación.
La solución para evitar indemnizar en metálico a la constructora, planteada por la concejalía de Urbanismo entonces dirigida por Vicent Sarriá, pasaba por trasladar la edificabilidad no consumada "a otro punto de la ciudad con valor urbanístico similar", y el sitio elegido fueron dos pastillas de suelo público ubicadas en el barrio de Penyaroja, que se recalificaron a residencial para entregárselas a la constructora en compensación. Todo ello sin que se hubiera firmado ningún acuerdo en el que Igsa aceptara dicho suelo.
Los vecinos llevaron esta operación a los tribunales al considerar que la decisión consistorial no estaba ejecutando la sentencia del Supremo de 2017, y lo que ha fallado el TSJ ahora es que el Ayuntamiento no puede trasladar a Penyaroja una edificabilidad que, en efecto, quedaba anulada por el fallo del Supremo: no se puede recalificar suelo público en Penyaroja para trasladar allí una edificabilidad que en la práctica ya no existe. Por ello, la operación de cambio de uso ha quedado anulada.
Ante ello, la actual concejal de Urbanismo, Sandra Gómez, aseguró este martes que el fallo de la semana pasada deja al Ayuntamiento en una situación delicada porque el TSJ "ha decidido que en lugar de poder pagar en suelo se tenga que pagar de los presupuestos [en metálico]". No obstante, lo cierto es que, técnicamente, la decisión del alto tribunal no impide pagar en suelo a la constructora, sino que prohíbe mover una edificabilidad 'fantasma'.
Así pues, tal y como reconocieron fuentes del departamento que dirige Gómez, el Ayuntamiento de València tiene que saldar la deuda con Igsa por estar ocupando el edificio central de Tabacalera: hay que expropiar el complejo. La expropiación habitualmente es por defecto con pago en metálico -"de los presupuestos", en palabras de Gómez-, pero no tiene por qué ser así, según explicaron las mismas fuentes.
De esta manera, se puede evitar el pago en metálico si se acude a la vía de expropiación con pago en especie -con suelo-, entregando bienes municipales a la compañía: volviendo a intentar recalificar los solares de Penyaroja -pero sin "trasladar" ninguna edificabilidad- o haciendo lo propio con otros suelos consistoriales.
Otra cosa distinta, explicaban este lunes fuentes de Urbanismo, es que el gobierno municipal tome una decisión política de no hacerlo así, bien para evitar nuevas batallas judiciales -"no podemos estar siempre en los tribunales"-, bien porque entregar suelo público en barrios más humildes obligaría a desprenderse de mayor superficie de terrenos al ser en estas zonas la tasación mucho más barata.
Es por ello que el brete existe, no es una decisión sencilla, pero las posibilidades permanecen abiertas para evitar el pago millonario. Aunque el TSJ acaba de cerrar una de las puertas al consistorio, las otras permanecen abiertas: el Ayuntamiento de València se encuentra casi como al principio de la jugada, tras la sentencia del Supremo. Aunque con menos tiempo, claro está, pues al no existir todavía acuerdo con Igsa sobre cómo saldar la deuda, la constructora ya ha acudido a los tribunales para continuar exigiendo sus derechos por responsabilidad patrimonial, por un valor de 52 millones de euros. Procedimiento judicial, por su parte, a la espera de resolución.
Sea como sea, lo cierto es que la concejala de Urbanismo ya ha anunciado que agotará "todas las vías" para evitar tener que indemnizar monetariamente a la inmobiliaria. Y esto pasa, en primer lugar, por presentar un recurso de reposición contra la decisión que recientemente ha emitido TSJ. Así, el Ayuntamiento todavía pretende luchar por que sean esos terrenos y no otros los que ayuden a saldar la deuda que en estos momentos todavía sigue vigente con la empresa, derivada del 'embrollo' urbanístico que supuso la transacción.
En este sentido, el área que dirige Sandra Gómez aún espera que la operación que en su momento ideó para resolver el problema pueda llegar a buen puerto. Una operación que contempla una modificación del Plan de General de Ordenación Urbana (PGOU) para la reconversión de suelos públicos de uso educativo y espacio verde en residencial, de manera que la empresa pueda construir allí.
Y, de hecho, la voluntad de ir hasta el final no es en balde: Gómez explicó que si fallaba el recurso de reposición, daría el siguiente paso y llegaría hasta el recurso de casación. Aun así, lo cierto es que la deuda que ahora mismo mantiene el Ayuntamiento con la empresa no asciende hasta los 45 millones de euros iniciales, puesto que la administración pública ya ha saldado una buena parte de la misma 'en especie'.
A este respecto, cabe recordar que ya se han pagado unos 20 millones de euros materializados en el solar de Plaza América y el de Micer Mascó, por lo que la deuda actual alcanzaría unos 25 millones de euros, que son los que se tendrían que haber satisfecho a través de los terrenos de Penyaroja. Así, el consistorio puede ahora pagarlos en dinero, hacerlo en terrenos o, efectivamente, recurrir la sentencia.
"El actual equipo de gobierno intentará evitar que el consistorio tenga que afrontar indemnizaciones derivadas de un embrollo urbanístico heredado del PP", aludía Gómez en este sentido. Así con todo, defendía que hará "todo lo posible" para evitar que este "lastre" se traslade a los ciudadanos. Es pocas palabras, que la deuda se tenga que saldar a través del pago económico o, como la propia concejala aludía, "a través de los presupuestos municipales".
