“Iguálamelo”, camino hacia la estatalización de la I+D+I

Hay que tener presente que Diana Morant es la ministra que pronunció la frase neoludita de la legislatura, en un memorable discurso de noviembre pasado: “vamos a acompañar a los trabajadores, ningún trabajador va a ser sustituido ni por un algoritmo ni por un robot”. Y remató: “seguiremos ayudando a las empresas para que incorporen investigadores en sus plantillas, las empresas ganarán competitividad, nuestros excelentes científicos ganarán oportunidades”.

Hete aquí que la combinación de la reforma laboral, que acaba de entrar en vigor, y la nueva Ley de la Ciencia aprobada por el Gobierno en febrero, se pueden convertir en una suerte de estatalización de la I+D+i con la excusa de salvaguardar los derechos laborales de los investigadores. “Iguálamelo”, podrá decir el talento científico español a las empresas y los centros de investigación privados cuando les planteen una línea de trabajo alternativa a la de los laboratorios públicos. Sonora bofetada a las pymes, que a duras penas van a poder atraer ciencia para competir con las grandes compañías.

En realidad, lo que parece ser un favor a los investigadores jóvenes para asegurarles la estabilidad laboral, puede convertirse muy pronto en una losa aún más difícil de levantar que la de la precariedad. La losa de conseguir hacerse un hueco en el cada vez más reñido ámbito de la investigación pública, en la que se combinan la excelencia y la ambición de miras, con el amurallamiento de cotos cerrados para los que sólo unos privilegiados, y no necesariamente por criterio de meritocracia, logran salvoconducto.

Este es el asunto: la reforma laboral pone fin a los contratos por obra, que son los que muchos centros de investigación y empresas vienen haciendo para dar entrada a talento con motivo de proyectos de I+D+I, y si lo haces bien te quedas (allí donde se aplican criterios de racionalidad, que no es en todos los sitios, evidentemente). Sólo están exceptuadas de esa limitación las entidades públicas siempre que esos contratos por obra estén vinculados a los Fondos de Recuperación o a la ejecución de fondos europeos.

El proyecto de Ley de la Ciencia permite a las entidades privadas suscribir contratos predoctorales y de personal investigador doctor, siempre y cuando así se contemple en las ayudas o subvenciones públicas que los motiven. Ahora bien, esta es la trampa: el sector privado no puede acogerse a la fórmula del nuevo contrato de actividades científico-técnicas, ni siquiera aunque reciba subvención. Si no se puede utilizar esta fórmula, ¿cuál es la alternativa a los contratos por obra para el sector privado que quiere hacer I+D+I? No la hay.

Se entiende que, si empresas y centros de investigación privados quieren tener acceso a nuevo personal científico, tienen dos vías: o hacer contratos indefinidos, aunque el motivo sea la ejecución de un proyecto de investigación concreto, con plazo marcado; o encontrar la forma legal de eludir el despido improcedente, si no les queda más remedio que dar por finalizada la relación. Hay posibilidades de esto segundo y se están estudiando, pero ese debería ser un debate a eludir estando la ciencia de por medio.

El sector de la construcción ha logrado una excepción a la prohibición de los contratos por obra prevista en la reforma laboral, pero está clara la importancia estratégica del ladrillo para nuestro país y para nuestros inversores. A su lado, la I+D+I es apenas un juego de tubitos de ensayo y líneas de código en pantalla de fondo negro. Una sala de recreo en la que los robots y los algoritmos son amigos de los trabajadores y no les quitan el empleo.

En muchos ámbitos privados de la I+D+i el volumen de personal con este tipo de figura laboral ronda al menos el 20%. Resulta difícil creer que una pyme haga un contrato indefinido a un investigador sin saber cómo le va a ayudar. En el caso de los centros tecnológicos, la nueva situación les coloca entre la espada de no disponer de esa financiación pública plurianual que tanto reclaman y que les permitiría pensar en clave de contratos indefinidos con facilidad, y la pared del veto a los contratos por obra.

Quizás no suene muy políticamente correcto pronunciarse contra medidas que combaten la precariedad del personal investigador, de ahí que el malestar entre las pymes y los centros de investigación privados se mantenga fuera del debate público. Pero el tema no es si combatir o no la precariedad, faltaría más, sino cómo hacerlo, si ampliando la tarta del mercado o reduciendo el número de empleadores.

Lo he dicho muchas veces: el problema del talento en España es la temporalidad, la falta de incentivos económicos y en materia de propiedad intelectual, los obstáculos a la actividad de investigadores extranjeros en las universidades públicas, las trabas al emprendimiento vía startup y spin off, los privilegios heredados en manos de mediocres y, sobre todo, la elefantiásica estructura administrativa que hace que el nuestro sea un país en el que no “pasan cosas”.

Esa muralla burocrática y normativa se verá reforzada con el cambio de las reglas del juego. Una revisión legislativa que, en la práctica, estataliza la I+D+I y limita la capacidad de elección y de movimiento de los profesionales de la ciencia. Sí, en estas condiciones, encontrarán el sector privado cerrado y, para acceder al público, tendrán que vender el alma por departamentos y grupos de investigación. Y no serán indefinidos, no, porque no serán nada más que talento desperdiciado.