La consellera de Igualdad, Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto una investigación a una residencia de mayores situada en Llíria y gestionada por la compañía DomusVi por presuntos maltratos a residentes del centro. El departamento autonómico que dirige Mónica Oltra ha confirmado la apertura de la investigación tras tener conocimiento de estas supuestas faltas a partir de imágenes emitidas por la cadena Telecinco.
Los vídeos difundidos por los servicios informativos de la cadena están grabados por una empleada de la limpieza del centro y muestran el abandono de residentes que permanecen solos en sus habitaciones, carentes de cuidados, e incluso con heridas en la cabeza o tumbados en el suelo tras una caída. Imágenes que han hecho saltar las alarmas en la Conselleria de Igualdad, responsable de las inspecciones en los centros residenciales.
La Conselleria ya tramitaba otra sanción al mismo centro que alcanza los 174.000 euros tras inspecciones realizadas el pasado ejercicio. Concretamente, en 2019 se realizaron cuatro inspecciones a la residencia y se detectaron diferentes "varios incumplimientos graves", según fuentes del departamento de Oltra.
Entre ellos, se constató falta de personal médico y de enfemería, mobiliario defectuoso, falta de cuidado de algunas personas residentes y el incumplimiento del contrato por no tener servicio de peluquería y podología. La primera deficiencia ya ha sido subsanada y la segunda está en vías de subsanación, aseguran las mencionadas fuentes.
Ahora, tras las imágenes aparecidas en los medios de comunicación, Igualdad ha abierto otra investigación al centro, que ostenta 150 plazas residenciales y que gestiona DomusVi desde que lo comprara en 2018. La firma ha emitido un comunicado en el que muestra "total repulsa" ante "la mala praxis" de una ex trabajadora del centro. Según la empresa, la empleada que grabó el vídeo tenía un contrato temporal para los meses de entre abril y agosto para reforzar el equipo de limpieza y no renovó el contrato "porque no cumplía con sus obligaciones laborales".
Esta práctica, insiste el comunicado, no es "representativa de nuestra labor de cuidar personas, siendo una actuación totalmente reprochable y condenable para la compañía y para el resto de trabajadores de la residencia".
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra también tramita otra sanción de hasta 80.000 euros a la misma empresa en un centro diferente, sito en la localidad de Alcoy, por faltas graves en la gestión. El procedimiento sancionador de la Inspección de Servicios Sociales está abierto desde el pasado mes de noviembre -antes de la crisis pandémica de coronavirus- y ya da los últimos pasos.
La firma habría cometido el pasado año faltas graves tipificadas en la ley valenciana de servicios sociales. Motivo por el cual la empresa concesionaria se enfrenta en Alcoy a una posible multa económica de entre 10.000 y 80.000 euros. También la Conselleria podría imponer al centro la prohibición de acceder a financiación pública en un año, el cierre temporal total o parcial de los servicios durante un ejercicio, o la inhabilitación del director durante dos años.
Se da la circunstancia que este centro, el de Alcoy, es el primero que la Conselleria de Oltra quiere revertir del sistema de concesiones a la gestión directa pública, como adelantó este diario.
