La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ya estudia la primera reversión de una residencia de mayores en la Comunitat Valenciana. Se trata de un centro de Alcoy, gestionado por la firma DomusVi en virtud de una concesión administrativa. Una concesión que ahora la vicepresidenta del Gobierno valenciano estudia retirar tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y su gestión en este centro concretamente.
La concesión fecha de 2002 y está suscrita por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, actualmente en semilibertad tras seis años en prisión por el caso Cooperación. La adjudicación fue para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacova, integrada por la mercantil OHL y la Asociación de Servicios Aser, y consistía en la gestión de una residencia en el Antiguo Hospital Civil de Alcoy. Posteriormente, la empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales en 2015 y, más tarde, al grupo francés Casa Vita, quien actualmente ostenta la gestión del centro mediante su filial GeriaVi SAU, la dueña de DomusVi.
La concesión se adjudicó por 45 años y no contemplaba ninguna prórroga, pero no obligaba al adjudicatario a pagar ningún tipo de canon, como sí ocurre en otras operaciones de este tipo, justificando que la concesión era, para la empresa, "onerosa", pues asumía los gastos de la rehabilitación del edificio de manera previa a la gestión. El centro, según la concesión, cuenta con 140 plazas para personas mayores, 47 de las cuales quedan a disposición de la conselleria.
Según ha podido saber este diario, el departamento de Oltra ya ha comunicado a los responsables de la empresa la intención de alcanzar un acuerdo para que abandone el centro, y busca fecha a finales de julio para un nuevo encuentro con la parte privada, al que se invitará al alcalde de la localidad, Antonio Francés.
Ciertamente, la Conselleria ya asumió la gestión de una residencia en Albocàsser en 2018 al finalizar el contrato con la adjudicataria. Se trataba, en aquel caso, de un centro para personas con diversidad funcional y se hizo para intentar mejorar el servicio porque la adjudicataria, pese a estar haciéndolo "muy bien a nivel profesional", tenía ante sí "cuestiones a las que no podía llegar". Fue, en todo caso, algo puntual y motivado por el tipo de residentes: personas con problemas de salud mental.
Este caso se considera muy distinto y será la primera residencia de mayores, de un sistema que se ha apodado como 'modelo Cotino', que la conselleria quiere recuperar para la gestión pública antes de que finalice su concesión. La intención de iniciar este proceso de reversiones ya estaba sobre la mesa la pasada legislatura, pero únicamente para aquellos centros cuyas concesiones fueran expirando. Tanto es así que la Conselleria dejó tal pretensión negro sobre blanco en la Ley de Acompañamiento de 2019.
En ella, se explicitaba que tras la extinción de un contrato de gestión de centros de diversidad funcional -entre los que se encuentran las residencias de mayores- la Generalitat Valenciana asumiría su gestión "a través de su Sector Público Instrumental". Ahora bien, este no es el caso, puesto que la finalización de la concesión de Alcoy está prevista para el año 2047.
Por ello, la Conselleria de Políticas Inclusivas tiene la intención de alegar un incumplimiento de contrato para consumar la reversión con el menor coste posible para la administración valenciana y acabar gestionando directamente el centro de mayores mediante el Institut Valencià d'Acció Social (IVASS), dependiente del departamento de Oltra. En este sentido, explican desde la Conselleria, la crisis sanitaria del coronavirus ha sido concluyente para tomar la decisión sobre este centro.
Cabe recordar que la residencia ha constituido uno de los focos más importante de contagio de personas mayores en la Comunitat, y en concreto en la provincia de Alicante. Sin ir más lejos, este lunes el jefe de sección de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital de Alcoy -que intervino el geriátrico durante la crisis-, Manolo Pérez, aseguró que las infecciones afectaron al 70% de los residentes y que fallecieron 73 de ellos.
Asimismo, también denunció que durante la pandemia el centro dejó sin comunicación a residentes y familiares, una circunstancia que, según la empresa, se produjo "por motivos técnicos". Las familias de los mayores denunciaron esta circunstancia ya hace más de cuatro meses y, a mayor abundamiento, se trata de una de las residencias valencianas que han estado bajo investigación de la Fiscalía por su elevado índice de mortalidad, según recordó el propio Pérez en Cadena Ser.
Sin ir más lejos, la plataforma de familiares de residentes en este geriátrico ya hacía público, tal y como informó Alicante Plaza, que este malestar por la falta de comunicación no es de ahora, sino que cuenta con varios precedentes. En 2018 el centro vivió un brote de gastrointeritis que afectó a 54 personas, y en 2019, la infección hizo enfermar a 21 personas.
"Tampoco en esta ocasión hubo información acerca del foco de contagio", explicaba el portavoz de la plataforma, José Luis García, sobre aquel caso. "Los familiares de los usuarios íbamos al centro y, cuando estábamos en la puerta, nos decían que no podíamos entrar, que Sanidad pedía extremar precauciones", y en ese momento sabían, in situ, si su pariente tenía, o no, gastroenteritis. "Quién sabe si, de haberse tomado las medidas oportunas que venimos reclamando desde ese momento, se hubiera podido evitar ahora una propagación tan extensa del coronavirus entre los usuarios", lamentaba.
Además, el portavoz no ha cesado en señalar que en el centro se podría haber estado dando un incumplimiento de las ratios -el que se precise un auxiliar de enfermería/gerocultor por cada 12 usuarios, según el artículo 26 de la Orden de 4 de febrero de 2005 y recogida en el DOGV, entre otras cuestiones-. "Advertimos de que había bajas que no se cubrían, que mucho personal sanitario se iba porque trabajaba en condiciones precarias, y es que se está convirtiendo en un aparcadero de personas", explicaba el portavoz.
Por otro lado, este lunes se hizo pública la adjudicación a Gesmed por casi 9,8 millones de euros el servicio para la gestión integral de la Residencia y Centro de Día para personas mayores dependientes de Tuéjar. Gesmed fue la oferta que reunió la puntuación más alta por encima de La Saleta Care SL, en segundo lugar, y de otras seis empresas que presentaron su propuesta, además de otras dos compañías que fueron excluidas del proceso por diversas causas.
