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procedimiento sancionador por faltas graves en noviembre de 2019, antes del coronavirus

Oltra tramita una sanción a la residencia que quiere revertir en Alcoy de hasta 80.000 euros

18/07/2020 - 

VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ultima una sanción a la empresa concesionaria de la residencia de mayores de Alcoy, la firma DomusVi, por posibles faltas graves en la gestión del centro. El procedimiento sancionador de la Inspección de Servicios Sociales está abierto desde el pasado mes de noviembre -antes de la crisis pandémica de coronavirus- y ya da los últimos pasos, según aseguró este viernes la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas.

El centro, que como publicó este diario el departamento de Oltra tiene intención de revertir a la gestión pública tras la crisis de coronavirus, habría cometido el pasado año faltas graves tipificadas en la ley valenciana de servicios sociales. Motivo por el cual la empresa concesionaria se enfrenta a una posible multa económica de entre 10.000 y 80.000 euros, entre otras sanciones. También la Conselleria podría imponer al centro la prohibición de acceder a financiación pública en un año, el cierre temporal total o parcial de los servicios durante un ejercicio, o la inhabilitación del director durante dos años.

Aunque Oltra confirmó que, en efecto, se habían detectado infracciones calificadas como graves, no llegó a detallar el motivo concreto que se está dilucidando. En la normativa son múltiples los supuestos contemplados en esta clase de faltas: insuficiencias en los registros, deficiencias de accesibilidad, la difusión de imágenes desajustadas o irrespetuosas con personas vulnerables, el incumplimiento del deber de vigilancia, la falta de protocolos, planes de autoprotección, medidas de seguridad o reglamento interno, o no disponer del personal establecido por la ley, además de otras muchas.

 Foto: Enrique Palomares/EP

Ahora, el departamento de Políticas Inclusivas se encuentra inmerso en los últimos trámites del procedimiento sancionador, concretamente en el proceso de alegaciones, paso previo a concretar la sanción definitiva, que deberá ser siempre ajustada y proporcional a la infracción cometida por la concesionaria.

La firma DomusVi gestiona la residencia de Alcoy en virtud de una concesión administrativa fechada de 2002 y está suscrita por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, actualmente en semilibertad tras seis años en prisión por el caso Cooperación y que, a juicio de la vicepresidenta del Consell, "no se ha destacado precisamente por su ética pública".

La adjudicación fue para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacova, integrada por la mercantil OHL y la Asociación de Servicios Aser, y consistía en la gestión de una residencia en el Antiguo Hospital Civil de Alcoy. Posteriormente, la empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales en 2015 y, más tarde, al grupo francés Casa Vita, quien actualmente ostenta la gestión del centro mediante su filial GeriaVi SAU, la dueña de DomusVi.

Preguntada la vicepresidenta si la sanción tiene algo que ver con la voluntad de revertir el centro, Oltra señaló directamente a las características de la concesión en sí: el convenio se adjudicó para "11 legislaturas" y supuso "ceder durante dos generaciones el patrimonio de todos los valencianos sin contrapartida", algo que la consellera ve lesivo para la Generalitat porque "supone hipotecar un bien 45 años". Concretamente, hasta 2047.

 Foto: Enrique Palomares/EP

A esto se suma, insistió, que la empresa "no paga canon ni nada", que la única contraprestación era "hacer unas obras que están ampliamente amortizadas" y que "no se prevé una posible recesión por incumplimiento". Todo ello supone, a su juicio, un factor a tener en cuenta en el modelo de residencias. "Si en lugar de 45 años hubieran sido 300...", aventuró, para defender que el plazo de cesión debe ser mínimamente razonable.

Se trata de la primera residencia de mayores, de un sistema que se ha apodado como 'modelo Cotino', que la Conselleria quiere recuperar para la gestión pública antes de que finalice su concesión. Y se pretende hacer a través del Sector Público Instrumental de la Generalitat, en concreto mediante el Institut Valencià d'Acció Social (IVASS)

Como publicó este diario, la Conselleria comunicó a la empresa a finales de junio su voluntad de recuperar la gestión del centro. La intención inicial es intentar alcanzar un acuerdo con la concesionaria para que abandone la residencia. Por el momento, se busca fecha a finales de julio para un encuentro entra ambas partes, al que se invitará al alcalde de la localidad, Antonio Francés.

El PP asegura que Oltra hace "una OPA hostil" a Sanidad 

La portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, dijo este viernes al respecto que Oltra está haciendo "una OPA hostil" a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pues Sanidad intervino esta residencia de mayores. "Antes de la intervención de Sanidad -apuntó- había cinco personas fallecidas y después de la intervención llegaron a 65 los decesos". A la espera de la recepción de información que el PPCV ha solicitado sobre la residencia, Bastidas dijo que la responsable de Políticas Inclusivas había estado "absolutamente desaparecida durante el estado de alarma" y criticó que "solo aparezca para castigar y señalar la actuación realizada en una de las residencias".

Un foco de contagios de la Covid

El centro ha constituido uno de los focos más importante de contagio de personas mayores en la Comunitat, y en concreto en la provincia de Alicante. La enfermedad arrasó la residencia: contagió al 70% de los 140 ancianos residentes y murieron 73. Un informe sanitario del 25 de mayo firmado por el gerente del Departamento de Salud de Alcoy alude a diversas deficiencias que podrían haber contribuido a la transmisión del virus en este centro de mayores. 

Así, el Servicio de Riesgos Laborales detectó la escasez de habitaciones preparadas -tan solo dos- como zona de aislamiento; además de constatar que estaban "sin desinfectar la planta segunda y tercera del centro". Además, el documento señalaba la inexistencia de una programación de circuito de limpio y sucio. Sobre esto, se insistió desde la dirección de Enfermería en el refuerzo del servicio de limpieza y lavandería.

En esta línea, también se ponía el acento en la falta de zonas de descanso habilitadas para los trabajadores y la falta de información del sistema de ventilación. Al margen, se prescribieron múltiples medidas preventivas relacionadas en su mayoría sobre higiene de manos, uso de equipos de protección individual, mascarillas, guantes, además de habilitar espacios para el descanso del personal, espacios para colocarse los EPIs, instalaciones de descontaminación y lavado y ventilación adecuada de las zonas de aislamiento; así como otras recomendaciones respecto al desecho de residuos.

Antecedentes con problemas

En el hospital de Alcoy también se han denunciado dificultades de comunicación entre familiares y residentes del centro durante la pandemia. Sin ir más lejos, tal y como informó Alicante Plaza, este malestar de las familias por la falta de comunicación no es de ahora, sino que cuenta con varios precedentes. En 2018 el centro vivió un brote de gastrointeritis que afectó a 54 personas, y en 2019, la infección hizo enfermar a 21 personas.

"Tampoco en esta ocasión hubo información acerca del foco de contagio", explicaba el portavoz de la plataforma, José Luis García, sobre aquel caso. "Los familiares de los usuarios íbamos al centro y, cuando estábamos en la puerta, nos decían que no podíamos entrar, que Sanidad pedía extremar precauciones", y en ese momento sabían, in situ, si su pariente tenía, o no, gastroenteritis. "Quién sabe si, de haberse tomado las medidas oportunas que venimos reclamando desde ese momento, se hubiera podido evitar ahora una propagación tan extensa del coronavirus entre los usuarios", lamentaba.

Además, el portavoz no ha cesado en señalar que en el centro se podría haber estado dando un incumplimiento de las ratios -el que se precise un auxiliar de enfermería/gerocultor por cada 12 usuarios, según el artículo 26 de la Orden de 4 de febrero de 2005 y recogida en el DOGV, entre otras cuestiones-. "Advertimos de que había bajas que no se cubrían, que mucho personal sanitario se iba porque trabajaba en condiciones precarias, y es que se está convirtiendo en un aparcadero de personas", explicaba el portavoz. 

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