VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad ha licitado 7.100 plazas de residencias en la Comunitat Valenciana con un presupuesto base de 542,8 millones para cuarto años (2022-2025). Así lo recoge la Plataforma de Contratación del Estado, donde se publica este concurso millonario en el que se contemplan 21 lotes repartidos por toda la autonomía. De éstas, 5.075 plazas tienen contratos vencidos o próximos a vencer, 406 en 2022, 80 plazas en 2021 y 1.539 nuevas plazas.
De estas 7.100 plazas, 4.191 corresponden a la provincia de Valencia, 2.033 a la de Alicante y 886 a la de Castellón, a las que se derivarán las personas mayores en situaciones de dependencia a las que se proponga el ingreso en un centro residencial, y a mayores no dependientes pero con una necesidad social cuando así lo determinen las direcciones territoriales. Una licitación que se lanza con el cambio de modelo que se está ultimando a través del decreto de tipologías elaborado por el departamento de Mónica Oltra.
"Como consecuencia de los cambios demográficos y sociales, se está produciendo no sólo una marcada tendencia al envejecimiento de la población, sino también un aumento de la edad dentro de este colectivo (el incremento del grupo de población con edad superior a 80 años se ha duplicado en los últimos 20)", señala el informe de urgencia de la licitación. "Esta nueva realidad conlleva no sólo el crecimiento de la demanda residencial, sino también la aparición de necesidades asistenciales más complejas, teniendo en cuenta que, a mayor edad, mayor suele ser la dependencia", continúa.
"Se trata pues de colectivos muy vulnerables que precisan especial protección y que requieren de una atención inaplazable, debiendo la Administración garantizar los recursos suficientes para atender con la mayor celeridad la constante expansión de estas necesidades, e incluso mejorar los servicios prestados por razones de interés público", se apunta. Ahora, Igualdad está ultimando su nuevo modelo, en el que promueve un aumento de los ratios de personas y centros más pequeños, con la intención de realizar una atención más personalizada.
Sin embargo, desde Aerte, la patronal de las empresas residenciales, consideran que ésta no es la vía y aseguran que la reducción de los centros supondrá una pérdida de plazas en el entorno residencial valenciano y se desviarán proyectos de inversión a otras comunidades autónomas. "Se ha desincentivado la inversión. Todos entendíamos que iban a cambiar determinados requisitos para mejorar pero han sido excesivos e insostenibles", señalan.