Aitana Mas, consellera de Igualdad. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Gobierno valenciano empieza a preparar el terreno para nuevas reversiones. La Conselleria de Igualdad busca crear el marco legal para el encaje del personal que ahora trabaja en residencias y otros centros de servicios sociales gestionados por una concesión y que, en un futuro, puedan ser revertidas a la gestión pública directa con todas las garantías.
Así se desprende de una modificación legislativa acordada en el seno del Consell a instancias de la Conselleria que dirige Aitana Mas, y que se ha recogido en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento de 2023. Mediante ella, la Conselleria de Igualdad introduce una disposición adicional en la Ley de Servicios Sociales para establecer por norma el régimen de subrogación del personal en casos de "extinción de contratos" en centros sociales de titularidad pública.
Así, cuando expire una concesión, la Generalitat Valenciana se hará cargo de todos los empleados que trabajen en el centro. Y lo hará, bien a través de la propia Conselleria o mediante el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS). Así, la administración "se subrogará en la condición de empleador que las empresas contratadas tengan, incluyendo la subrogación de los contratos de trabajo del personal necesario para la prestación del servicio".
En ese sentido, la nueva disposición explica que el personal afectado "continuará en su puesto de trabajo con la misma condición que tuviera previamente a la subrogación hasta que cese por causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los trabajadores, y con las otras consecuencias laborales inherentes a la subrogación contractual".
De esta manera, el departamento de Igualdad busca replicar, casi incluso en su literalidad, el régimen que ya implementó la Conselleria de Sanidad para sus reversiones. Ahora bien, cabe recordar que el personal que asuma la Generalitat no podrá pasar a la administración como personal 'a extinguir' como ocurriera con el área de salud de Alzira en su momento, pues una sentencia reciente del Tribunal Supremo considera que este tipo de empleados deben ser considerados personal fijo.
Con todo, la Conselleria fija en el cambio normativo que el personal afectado por la reversión del servicio "solo podrá adquirir la condición de laboral fijo, en su caso, mediante la superación de los procesos normativamente establecidos a tal efecto y con respeto a los principios constitucionales y legales aplicables".
Asimismo, también se introduce un apartado aplicable cuando la Generalitat "adquiera centros en funcionamiento de servicios sociales de entidades privadas". En estos casos regulados como "sucesión de empresas", se subrogará en los contratos de trabajo "necesarios para la prestación del correspondiente servicio".
Ciertamente, este anteproyecto debe aprobarse todavía en el seno del Consell y luego superar su tramitación parlamentaria en Les Corts Valencianes para ser aprobada a finales de años junto a los Presupuestos para 2023. Y aunque puede haber modificaciones, en el departamento autonómico de Mas, se espera que salga adelante.
La intención de iniciar este proceso de reversiones ya estaba sobre la mesa la pasada legislatura para aquellos centros cuyas concesiones fueran expirando. Tanto es así que la Conselleria dejó tal pretensión negro sobre blanco en la Ley de Acompañamiento de 2019. Ciertamente, la Conselleria ya asumió la gestión de una residencia en Albocàsser en 2018 al finalizar el contrato con la adjudicataria.
Por otro lado, la Conselleria con Mónica Oltra al mando intentó iniciar la reversión de una residencia de mayores en Alcoy, cuya concesionaria es DomusVi. De hecho, se llegó a comunicar la intención de empezar con este proceso para retirar la concesión que vence en 2047. Sin embargo, no se ha llegado a consumar.
