VALÈNCIA. Ximo Puig no considera "urgente" acudir a Les Corts para explicar personalmente la financiación al periódico del que es accionista. Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), lo ve directamente innecesario. Para el responsable de la entidad financiera dependiente de la Generalitat no hay caso porque no existe conflicto de interés en el hecho de que el IVF le haya perdonado 1,3 millones de deuda a un periódico del que Puig es accionista.
Según explicó este martes Illueca en una comparecencia extraordinaria a petición propia en Les Corts, el IVF no ha aplicado una quita del 70% al Grupo Z, editor de Mediterráneo de Castellón, sino que ha cerrado un buen negocio con la venta de esa deuda por el 30% de su valor a Editorial Prensa Ibérica (EPI) con la que el IVF ha recuperado "hasta el último euro" que prestó en el origen del mismo. El beneficiado, defendió, no ha sido Puig, sino "todos los valencianos" que, gracias esta buena gestión con "final feliz", incluso han obtenido una plusvalía de casi 300.000 euros, la diferencia entre los 6 millones de euro del valor nominal del crédito y los 6,3 que ha ingresado, incluidos los intereses.
La justificación de la razonabilidad económica de la venta de ese "activo deteriorado" al editor de Levante EMV y la desvinculación de la misma del presidente de la Generalitat por ausencia de conflicto de interés fue el eje central de la comparecencia de Illueca a petición propia para tratar de calmar a una oposición que reclama que sea Puig quien acuda personalmente al Parlamento a dar explicaciones.
Durante las más de dos horas que se extendió la comisión, Illueca abrumó a los representantes de los partidos con hasta el más mínimo detalle de la evolución de esta operación financiera que el PP aprobó por primera vez en el año 2000 por razones "políticas" para ganarse un medio "afín" y que la actual dirección del IVF jamás hubiera validado.
El director del IVF, de hecho, arremetió contra los anteriores gobiernos del PP por haber dilapidado más de 665 millones en las dos décadas en las que, a su juicio, usaron la entidad como instrumento para favorecer a clubes de fútbol y empresarios afines. Ese "conjunto de operaciones sin lógica económica que esquilmaron al instituto" se desglosa en los 192 millones perdidos en préstamos fallidos; 73 millones dilapidados en avales; y 400 derrochados en el "sumidero" la Sociedad de Garantías Recíprocas.
En paralelo, Illueca trató de reforzar el cordón sanitario que el Consell ha establecido en torno al jefe del Consell para evitar su desgaste y, de paso, despejó cualquier duda sobre su reputación al asegurar de forma rotunda que jamás ha aceptado ni aceptará presiones políticas para orientar sus decisiones como director del IVF. Y de recibirlas, se irá a su casa.
El responsable del IVF no ahorró detalles para justificar por qué la actual dirección del IVF acordó la venta de la deuda del Grupo Z a EPI en las mismas condiciones del resto de acreedores, a la que por otra parte no podía oponerse porque sus predecesores en el IVF, con el exconseller popular Gerardo Camps a la cabeza, renunció a garantías adicionales y a su poder de negociación al integrar sus 3,8 millones de deuda en un sindicado con el resto de acreedores, un conjunto de más de 20 bancos con el Popular como entidad con mayor exposición.
De hecho, la presidenta de la comisión de Economía, la diputada del PP Eva Ortiz, le afeó a Illueca cada referencia que hizo a las operaciones aprobadas durante la etapa del PP con el pretexto de que estas quedaban fuera del único punto del orden del día para el que se estaba celebrando la comisión. La reprimenda de Ortiz se extendió también al diputado socialista José Muñoz, quien preguntó por el uso de tarjetas de crédito para gastos personales de antiguos responsables del instituto.
Al representante popular, Rubén Ibáñez, Illueca le contestó que realmente no quería su comparecencia porque con ella ·se le acaba el chollo". "Aquí lo que está claro es una operación transparente, aprobada por toda la banca comercial", abundó Illueca ante la insistencia del diputado popular para conocer, tal y como admitió el propio Illueca, los términos de la operación por los que se interesó el jefe del Consell sin informarle de que aún controla un paquete accionarial valorado en más de 170.000 euros en Pecsa, editora del diario Mediterráneo de Castellón.
El responsable de la entidad financiera dependiente de la Generalitat subrayó que un informe de la consultora Deloitte encargado por el sindicato bancario ya advertía en 2017 que había un tramo "no sostenible de la deuda de Grupo Z del 40%. A la vista del mismo, la actual dirección del IVF decidió provisionar en las cuentas de ese ejercicio 1,3 millones de euros equivalentes al 70% de la deuda pendiente ante el riesgo de no recuperarla, por lo que la venta a EPI del saldo vivo pendiente acordada este mismo año no generará perjuicios adicionales en las cuentas de la entidad.
Illueca explicó que a lo largo de 2018 se recibieron varias peticiones de refinanciación por parte del Grupo Z hasta que en febrero de 2019 el grupo Editorial Prensa Ibérica realizó una oferta de compra del crédito por el 30% de su valor nominal. Esa propuesta de compra fue la única que recibió el IVF, subrayó Illueca.
En ese contexto, el IVF y el resto de entidades sindicadas valoraron la oferta como positiva. Además, aunque con el control de apenas el 1,8% de la deuda el IVF carecía de capacidad para oponerse a la misma, se exponía a una pérdida aún superior en una posterior homologación judicial.
Además, explicó que la operación de venta de la deuda tampoco planteaba "dudas jurídicas", por lo que se hubiera hecho "en cualquier caso" por su "razonabilidad económica", incluso aunque el Consell no hubiera aprobado el decreto con el que, entre otras cosas, autorizó al IVF a realizar grandes quitas.
"El conflicto de interés aquí no aparece por ninguna parte" replicó Illueca sobre la participación del presidente de la Generalitat en el accionariado de la empresa deudora porque la operación aprobada por el IVF "es la venta de un activo deteriorado al grupo Editorial Prensa Ibérica y no una quita al Grupo Z", cabecera del diario del que Ximo Puig es accionista.
"Quien sale beneficiado de esta venta son todos los valencianos porque recuperan hasta el último euro de esta operación", concluyó.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal