Foto: GVAVALÈNCIA. (EP) El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y el alcalde de La Pobla de Vallbona (Valencia), Josep Vicent García, han firmado un convenio de colaboración para la cesión temporal del uso de 29 viviendas propiedad de la Generalitat para destinarlas a alquiler social o al alojamiento de personas en especiales situaciones de vulnerabilidad residencial.
Se trata de inmuebles de las calles San Sebastià 108 y Argila 99 cuyas familias iban a ser desahuciadas y que, gracias a la actuación de la Conselleria, consistorio y la PAH pudieron quedarse en sus casas, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Los hechos sucedieron a finales de noviembre de 2020, cuando se tuvo conocimiento de que más de 30 familias iban a ser desahuciadas el 8 de diciembre de 2020.
Los equipos jurídicos de la Conselleria y del Ayuntamiento, junto a la colaboración de la PAH, consiguieron aplazar los desahucios al 8 de febrero de 2021. En un "tiempo récord", la Conselleria negoció con la empresa Divarian la compra de los inmuebles, que pasaron a ser de propiedad pública.
Héctor Illueca ha manifestado que este convenio tiene "una significación doble" en cuanto a las políticas de vivienda que se aplican en la Comunitat. Por un lado, "es la concreción del compromiso de la Generalitat en la lucha contra la emergencia habitacional que sufre la sociedad valenciana. Una muestra de cómo las instituciones pueden actuar en favor de los más vulnerables" de la sociedad para proteger el interés general.
En ese sentido ha resaltado "la implicación del equipo municipal en un episodio emblemático para las políticas de vivienda que luchan contra la emergencia habitacional" y ha calificado como "actuación trascendente la que se llevó a cabo por el importante contenido social y también por la perspectiva municipal".
"Con esta firma cerramos un proceso por el cual hemos conseguido que 29 familias puedan continuar viviendo con dignidad. Un proceso en el que la Generalitat ha actuado para priorizar su bienestar frente a los beneficios de las entidades financieras", ha defendido.
Por otro lado, ha explicado que este convenio "supone un paso más en la firme determinación de la Vicepresidencia Segunda de acercar las políticas de vivienda al ámbito municipal".
De este modo, las 29 casas adquiridas por la Generalitat pasan a ser gestionadas por el Ayuntamiento. Con todo, "gracias mecanismos de adquisición de la Generalitat, la Pobla de Vallbona ha pasado de no tener parque público a disponer de 33 viviendas en el que llevamos de legislatura", ha destacado el vicepresidente.
Ahora, con este convenio, la Generalitat cede en usufructo al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona los inmuebles. A partir de ahí, será el propio Consistorio el que se encargará de su gestión y percibirá los ingresos provenientes del arrendamiento. Además, se podrán incorporar al Registro de Inmuebles para vivienda social del Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde de la Pobla ha mostrado su satisfacción por un convenio que supone la formalización de un trabajo de más de un año que "soluciona un potencial desahucio que hubiera sido muy dramático" para muchas familias. Con ello se demuestra que se ha hecho "una buena gestión de la política de vivienda".
Después de la firma, en la que han estado acompañados por la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, han visitado el edificio de viviendas objeto del convenio y el vicepresidente ha podido hablar con alguno de sus residentes.
Estas casas se pondrán a disposición de personas o unidades de convivencia en situaciones de emergencia en régimen de alquiler social o ser destinadas a realojo, de manera que les posibilite el acceso temporal a una vivienda de titularidad pública cuando no dispongan de una solución habitacional digna y adecuada.
Entre estas situaciones está, entre otras, haber sufrido desahucio de su vivienda habitual, residir en casas que no son adecuadas o situaciones de hacinamiento.
La Generalitat cede gratuitamente el usufructo de las viviendas, mientras que el Ayuntamiento se compromete a gestionarlas, adjudicarlas a las personas o unidades de convivencia que cumplan las condiciones de necesidad habitacional, realizar la suscripción de los contratos de arrendamiento y el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios.
La vigencia del convenio será de 10 años sin perjuicio de las prórrogas que, por el mismo periodo, puedan acordarse entre las partes hasta un máximo de 30 años. La compra de estas viviendas ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. Junto a ellas, la Conselleria también adquirió en el municipio otra vivienda al BBVA y a finales de 2020, se compraron otras tres viviendas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
