Industria ha pedido tres veces a Cebrián que quite la prueba de ruido de la ITV que impuso Blasco

VALÈNCIA. A pesar de las críticas, no hay acuerdo –ni al parecer comunicación– entre los actuales miembros del Consell para eliminar la prueba de ruido en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana que impuso el exconseller de Territorio y Vivienda Rafael Blasco mediante decreto en febrero de 2004. 

La denominada sonometría, que suponía un recargo en las tarifas de la ITV y no se realiza en ninguna otra autonomía, fue duramente criticada por Compromís en varias ocasiones en la anterior legislatura. Sin embargo, la semana pasada la coalición valencianista fue más allá: su síndic en Les Corts, Fran Ferri, denunció que este test habría servido desde que se aprobó hasta la actualidad para enriquecer a los familiares del exdirigente popular.

No obstante, pese a los reparos y esta denuncia, existen serias discrepancias en el Botànic sobre la necesidad de eliminarla, o no. La dirección general de Industria y Energía, dependiente de la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent, se ha dirigido hasta en tres ocasiones en esta legislatura a la Conselleria de Medio Ambiente que ocupa Elena Cebrián -competente en esta materia- para pedir su supresión. Sin embargo, no han obtenido respuesta alguna. Ambas consellerias son lideradas por Compromís. 

En concreto, la dirección general de Industria -que en el reparto de cargos entre los socios del Consell correspondió al PSPV- remitió en mayo de 2016 un comunicado a la dirección general de Cambio Climático y Calidad Ambiental que ocupa Joan Piquer (Compromís) para requerirle la supresión de este test en las ITV valencianas como inspección periódica obligatoria. Entre otros motivos, por contravenir la normativa estatal. Exactamente, el Real Decreto 920/2017 y el Manual de ITV vigente. 

En caso de que se hubiera atendido la petición y, por tanto, se hubiera dado luz verde a la derogación, se daría cumplimiento a una resolución aprobada por Les Corts en la que se instaba al Consell a garantizar la "igualdad de los valencianos respecto al resto de ciudadanos del Estado", ya que esta prueba no se realiza en ninguna otra comunidad autónoma. No en vano, la propia Unión Europea la considera voluntaria, pero en ningún caso obligatoria.

La petición de Industria, no obstante, no obtuvo respuesta. Como tampoco la tuvo la segunda demanda, emitida en mayo de 2018 y cuyo contenido solicitaba lo mismo que el escrito anterior. Con motivo de la rueda de prensa que ofreció la semana pasada Ferri, el departamento que ahora dirige Empar Martínez volvió a ejecutar la misma jugada realizada en 2016 y 2018. El silencio fue, de nuevo, la réplica obtenida. 

Prueba "positiva"

En este punto, cabe apuntar que el pasado mes de noviembre, la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, defendió la utilidad de la prueba de emisión de ruido en los vehículos a motor. Lo hizo al responder a una pregunta planteada por el diputado no adscrito David de Miguel, que quiso saber si el Ejecutivo valenciano tenía previsto eliminar este decreto aprobado en 2004 . 

En la respuesta escrita en nombre del Consell, Cebrián argumentaba que la valoración de la aplicación de la mencionada normativa era "positiva" por parte del Gobierno valenciano y, por tanto, rechazaba que contemplaran suprimirla. Añadía, además, que en caso de plantearse cualquier modificación, esta tendría que quedar sujeta a la actualización de la legislación estatal que obligaba ya a los ciclomotores y motocicletas a someterse a esta prueba y que podría extenderse a otro tipo de vehículos como los coches.

Una valoración que choca con la opinión de otros cargos de la coalición valencianista. No en vano, el actual síndic de Compromís en Les Corts, tildó en 2013 la prueba de "inútil" por impedir la liberalización del sector y llegó a afirmar que era un "invento de Blasco" para crear un "gran negocio" relacionado con nombres de "amigos personales o empresas como Sedesa, vinculada a la familia Cotino". 

Denuncia en Fiscalía

En este sentido, el portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano ofreció una rueda de prensa la semana pasada para denunciar un presunto "pelotazo" de casi 48 millones de euros en la privatización del servicio de ITV, el posterior "tarifazo" que supuso la inclusión de la sonometría en este examen y la reventa de la concesionaria con la que se habría beneficiado la empresa participada por la hijastra Blasco, María Consuelo Salom Císcar. 

Una operación que habría comenzado en 1998, según Ferri, cuando el Consell de Eduardo Zaplana decidió privatizar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos y dividirlo en cinco lotes. Resolución que la Sindicatura de Comptes contempló en su informe de 2017 que se había adoptado sin los informes pertinentes para ello. 

Según Compromís, el primero de estos lotes fue adjudicado a Sedesa (grupo vinculado a la familia Cotino); el segundo a Lubasa y Bancaja; el tercero a Aguas de Valencia; el cuarto a Atecsa, y el quinto a Pavasal y Mayve. En aquel momento, Salom Císcar contaba con participaciones en la firma Grupo Tempero 9000, que en 1999 -un año después de la privatización- se hizo con el 99,96% del capital social de Atecsa al comprar las acciones de Textiles Prieto, Jucoba y Tras Internacional. Junto a Salom Císcar, formaban parte de ese grupo empresarial otros accionistas como Juan Ramón Ferris Tortajada, vinculado con Blasco; Gregorio Martínez Tolosa (de Sepiva), y Luís Juárez Argente (de Ruralcaja). 

Así, la sociedad participada por la hijastra del exdirigente popular se habría beneficiado, como el resto de adjudicatarios, de la decisión adoptada por el propio Blasco en 2004, pues la prueba de sonometría derivó en un incremento de las tarifas que no estaba contemplada en el pliego de condiciones. Los ocho euros de inicio, fueron incrementándose cada año hasta alcanzar 9,3 en 2012, lo que situó la inspección en la Comunitat Valenciana como la más cara de España, por encima de los 63 euros para un turismo. En 2014, el Gobierno de Alberto Fabra aprobó una rebaja media del 17% en las tarifas.

La introducción de este examen, derivaba en que si un conductor valenciano pasaba la ITV en otra comunidad autónoma podría ser sancionado por no haber superado la prueba de ruido.