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Compromís denuncia un "pelotazo" en la reventa de ITV que habría beneficiado a la hijastra de Blasco

7/02/2019 - 

VALÈNCIA. (EP). El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha denunciado un "pelotazo" de 47,9 millones de euros en la privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), el posterior "tarifazo" y la reventa de la concesionaria con el que se habría beneficiado, entre otros, María Consuelo Salom Ciscar, hijastra del exconseller del PP Rafael Blasco.

Compromís ha obtenido a través de aportaciones de terceras personas un contrato de esa compra-venta final, documentación que en su día llevó a Fiscalía Anticorrupción como aportación de escritos por si el fiscal consideraba que pudieran ser relevantes para su incorporación al caso Erial, en el que figura como investigado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, y en el que se rastrean posibles comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico durante su etapa de gobierno.

En rueda de prensa, Ferri ha explicado que "la primera privatización del PP en el gobierno supuso la primera trama del PP en la Generalitat". Fue, ha dicho, "un pelotazo para los amigos, amiguetes y familiares del señor Blasco" y se llevó a cabo "con mucha opacidad, con muchas mentiras, sin ningún tipo de control por parte de la administración pública y con un coste exagerado para los valencianos en la gestión de las ITV".

Por ello, Compromís ha denunciado el funcionamiento de "las tramas de los gobiernos del PP" cuyo precio "aún pagan" los valencianos, en este caso con las ITV y seguirán pagando porque pese a que este mismo Consell ha intentado bajar las tarifas "los tribunales siempre han dado la razón a los actuales propietarios" de esa concesión.

Ferri ha resumido el "gran negocio" de las ITV, que se investigan en el marco del caso Erial, en tres fases: privatización, "tarifazo" y reventa y beneficios. La privatización se remonta a 1998 y según ha señalado la coalición, la Sindicatura de Comptes ya advirtió de que no tenía evidencia de que la administración hubiera realizado los proyectos, estudios o informes pertinentes que justificaran la decisión de cambiar el régimen de explotación del servicio de ITV.

Ese servicio se adjudicó en cuatro lotes y Ferri se ha referido al "baile de accionistas" en el número 4, adjudicado a la UTE Atecsa, en la que en 1999 el Grupo Tempero 9000 se hizo con el 99,96% del capital social.

Maria Consuelo Salom Ciscar entró a formar parte en 1999 de ese grupo empresarial junto con otros accionistas como Juan Ramón Ferris Tortajada, vinculado con Blasco, así como Gregorio Martínez Tolosa (del Sepiva), Luís Juárez Argente (de Ruralcaja). Se da la circunstancia de que Ferris y Tolosa también consiguieron la adjudicación de un programa de plazas en residencias geriátricas lanzado en 2001 por el entonces conseller de Bienestar Social Rafael Blasco, según Compromís.

Sonometría en la inspección

Después, ha explicado, llegó "el tarifazo", con la introducción de la prueba de sonometría en la inspección de vehículos, "única en el Estado" y que provocó que la evolución de la tarifa de un vehículo diésel (sin IVA) se incrementara un 133% entre 1998 y 2010. La Comunitat tuvo, ha recalcado Compromís, las tarifas más caras de ITV hasta 2014.

En total, calculan entre ese y otros aspectos como la aplicación del IPC o la introducción de la prueba de emisiones, provocaron un incremento de facturación total para estas empresas adjudicatarias entre 1998-2009 de 317 millones sobre lo previsto en el pliego.

Finalmente, ha indicado que en 2005 se produce la reventa, con Atecsa comprada por el fondo Dinamia i Nmás1, que se cuantificó ante la CNMV en 14,25 millones, aunque según el documento contractual al que ha tenido acceso la formación el precio establecido fue de 47,9 millones, lo que supone un incremento de valor del 487% respecto a 1998.

La coalición llevó en su día esa documentación a Fiscalía Anticorrupción, aunque no en forma de denuncia sino como aportación documental y no han recibido comunicación del ministerio público.

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