VALÈNCIA. Nada ha sido igual después de aquel fatídico 29 de octubre de 2024. La descomunal Dana frenó la vida en la provincia de València y aún hoy, tres meses después de la tragedia, la lucha por restablecer la normalidad sigue imperando en el día a día de las localidades afectadas. Solo en el caso de la industria valenciana, persiste la frustración y la incertidumbre sobre el futuro porque es un grito unánime "la falta de coordinación entre administraciones" y la lentitud en la llegada de ayudas. Muchos siguen a la espera de una compensación para decidir si continúan con sus negocios. El golpe ha sido duro y muchos locales y empresas continúan con la actividad paraliza, con lo que ello conlleva para la economía doméstica de muchas familias. 

Uno de los sectores más afectados es el comercio: 8.000 negocios arrasados, de los que el 70% presenta severos daños. A día de hoy, si situación es desigual, en función de la localidad, pero, en general, no más del 30% ha abierto en un mismo municipio. En Paiporta, por ejemplo, solo lo ha hecho el 10%, y los que lo han conseguido están "a medio gas", según datos de la Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç). Además, sus condiciones no son las más óptimas, ya que muchos han levantado la persiana sin luz o con el 10% del stock disponible. Y todo ello para no perder proveedores ni clientes y ayudar en esa ansiada normalidad. 

Y, mientras tanto, las ayudas llegan a cuentagotas. Según explicó hace días el presidente de la patronal del pequeño comercio, Rafael Torres, la ayuda máxima que se está concediendo no llega ni al 20% de lo que cuesta montar un negocio. En este sentido, detalló que el tope para los comercios locales alcanza los 20.000 euros a los que en algunos casos habría que sumar los 8.000 que ha dado el empresario valenciano Juan Roig, mientras que el coste de abrir un negocio es de 150.000 euros. 

Por tanto, remarcó que se necesita un mayor respaldo para poder sacar adelante las tiendas y reactivar la actividad. Pero también transparencia y agilidad por parte del Consorcio de Compensación de seguros. De lo contrario, advirtió, "cerca del 30% de los comercios afectados por la Dana cree que no volverá a abrir", advirtió en una entrevista con este diario.

Las primeras estimaciones realizas por distintas organizaciones empresariales apuntan a unos daños directos por la Dana de 13.680 millones de euros. De ese total, según Cámara Valencia, 4.503 millones son estragos en la industria; 2.189 millones en el transporte; 3.813 millones en la construcción; y 1.789 millones, en el comercio minorista. A ellos hay que sumar los 1.020 millones de euros de pérdidas en el sector agrario. 

Y es que, hay que tener en cuenta que las zonas afectadas por las inundaciones generan el 32,3 % del PIB de la provincia de Valencia. Por tanto, las primeras evaluaciones apuntan a un impacto económico en el cuarto trimestre de 2024 en términos de Valor Añadido Bruto de 949,2 millones de euros. Unas pérdidas que mermarán en dos décimas el PIB del conjunto de la Comunitat Valenciana este año 2025.

Recuperación lenta en los polígonos

También, las áreas industriales y sus empresas intentan sobreponerse y ponen en su foco la necesidad de que se aceleren las indemnizaciones. La riada afectó a más 50 áreas industriales afectadas en mayor o menor medida, con unas 6.000 empresas y tres meses después siguen luchando contra sus estragos. "La recuperación está siendo lenta y va para largo. El principal problema es el atasco en el peritaje que hay en el Consorcio de Compensación de Seguros, que impide que las empresas puedan evaluar su viabilidad", explica a este diario Diego Romá, gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval).

En este sentido, explica que es necesario que las administraciones públicas inviertan mucho en las infraestructuras de los parques empresariales. "Hacen falta muchos recursos e inversión, el IVACE y la UME han hecho un gran esfuerzo, pero hace falta insistir más en rematar esa limpieza y baldeo. Nos preocupa el alcantarillado y en muchos sitios el lodo se ha solidificado y es casi como un cemento. Hay que cambiar algunos tramos de alcantarillado en algunas zonas porque si vuelve a llover se obstruye", alerta. 

Las ayudas que necesitan son incalculables, dada la magnitud de la tragedia y avisa de que el proceso será largo porque "los avances están costando". "Pedimos a todas las administraciones públicas financiación porque las empresas van a necesitar ayudas directas. Llevamos ya tres meses y esto va a costar y está siendo largo. Necesitamos relanzar la actividad de los parques empresariales, modernizarlos y mejorar el tejido productivo", subraya Romá.

De hecho, el golpe ha sido de tal intensidad que el 55% de las firmas damnificadas estiman entre 1 y 6 meses el tiempo que necesitarán para su recuperación completa. Otras son menos halagüeñas y consideran que van a requerir más tiempo para poder volver a su cotidianidad. En este sentido, el 32% de los encuestados cree que va a precisar de entre 6 meses y un 1 año para estar al 100%, mientras que el 10% ve el futuro más complicado y necesitará dos años para retomar su actividad íntegramente. 

En cuanto al impacto, el informe señala que las empresas enfrentan pérdidas significativas debido a la destrucción de instalaciones, la paralización de operaciones y la disminución de la demanda en las zonas afectadas. Así, el 80% señala afectaciones directas en sus operaciones; el 33%, en instalaciones y el 25%, en infraestructuras

Por ello, desde la CEV exigen una respuesta "más contundente" por parte de la Administración para minimizar los efectos. "Han pasado tres meses y muchas empresas aún se encuentran en un limbo, incapaces de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad. Aunque se han logrado avances significativos en la resolución de los expedientes de ayudas y compensaciones, la magnitud de la catástrofe ha sido tal que el progreso sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades reales de los afectados", aseguran desde la
patronal.

 "Además, persiste una falta de coordinación efectiva entre las diferentes administraciones implicadas, lo que retrasa la implementación de medidas clave y genera frustración entre los damnificados. La situación requiere una respuesta más contundente y articulada, que acelere los procesos y priorice una solución integral que devuelva la confianza a los afectados", insiste.

Cerca de 32.000 trabajadores en ERTE

Toda esta situación ha llevado a cerca de 2.900 empresas valencianas a recurrir al mecanismo del ERTE para poder sobrellevar esta situación. Hasta este martes, se habían solicitado un total de 2.991 expedientes que implican a un total de 31.902 trabajadores, cerca del 8% del total de personas afiliadas a la Seguridad Social en la zona afectada. La duración media de suspensión de los contratos se encuentra en los 127,1 días, ligeramente por encima de los cuatro millones de euros. Así lo indican los datos del servicio valenciano de empleo y formación, Labora, consultadas por Valencia Plaza.

La mayoría de las solicitudes se produjo durante las primeras semanas posteriores a la catástrofe, aunque en lo que va de año se han recibido cerca de 50 nuevos expedientes. Si se analizan los datos por sectores, el 79% de los expedientes son de empresas dedicadas a los servicios, con un impacto en 18.336 personas trabajadoras. En segundo lugar, se encuentra la industria, que ha presentado el 14% del total de ERTE, que afectan a 12.753 afiliados a la Seguridad Social. En tercera posición se encuentra la construcción, con 187 expedientes y 767 trabajadores. Mientras que la agricultura apenas tiene trabajadores en ERTE: 46 personas a través de 17 expedientes.

Por municipios, Almussafes, Riba-roja de Túria, Aldaia y Catarroja son los que mayor número de empleados tienen en ERTE, tal y como ya publicó este periódico. Por otro lado, se han resuelto o están pendientes de resolución un total de 61 ERE de extinción que afectan a 334 personas trabajadoras. Mientras que en el sector cooperativo se han solicitado más de 30 expedientes de ERTE o ERE que afectan a cerca de 1.700 empleados.