Foto: ALBERTO RUBIO/EPVALÈNCIA (EP). El Informe de las comunidades autónomas elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona, en el que se analiza la gestión de los gobiernos regionales durante el año 2020, pide, entre otras cosas, abordar las "desigualdades" en financiación entre las regiones de régimen especial o foral --País Vasco y Navarra-- y el resto de autonomías, las de régimen general.
Así consta en el informe que ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa desde el Senado, que ha servido como antesala al XX Foro de las Autonomías que se celebra en la Cámara alta. En concreto, el texto llama a corregir estas desigualdades en materia de financiación a través de unos mecanismos de convergencia progresiva, como el refuerzo de ciertos fondos y la mejora del modelo de nivelación.
Precisamente, el sistema de financiación autonómica es uno de los puntos sobre los que versa este informe, que reconoce la dificultad de remodelar este modelo dado el contexto de "fuerte crisis económica". Así, consideran que este nuevo retraso en la actualización del sistema de financiación se puede justificar en la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias de esta crisis en deuda, destrucción de empleo y tejido productivo.
En todo caso, vuelven a destacar las "importantes deficiencias" del modelo anterior respecto a la Comunidad Valenciana y Murcia, a las que consideran que habría que sumar otras del corredor mediterráneo y Andalucía. Por ello, reclaman que el nuevo modelo contemple la necesidad de revisar los desequilibrios entre CCAA y el Gobierno.
Sobre los fondos extraordinarios de financiación, como ha podido ser el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros para repartir entre las CCAA, el informe apunta a que el mantenimiento de estos mecanismos extraordinarios se antoja inevitable, aunque creen que sería conveniente seguir compaginándola con una creciente facilitación del acceso de las CCAA a los mercados de deuda.
En cualquier caso, este informe realizado por varios expertos de Derecho Constitucional de distintas universidades españolas, pone el foco también en la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas.
"El Estado autonómico ha salido fortalecido y consolidado después del estado de alarma", ha proclamado en esta rueda de prensa desde el Senado uno de los directores del informe, el catedrático Javier García Roca, a modo de resumen de este año 2020.
Así, en el texto del informe se hace un repaso de todo lo acontecido durante este año 2020 y que está relacionado con la pandemia del Covid-19. En concreto, se mencionan los tres estados de alarma decretados con motivo del coronavirus y la llamada 'nueva normalidad', que, según este informe, funcionó de manera "más problemática" que la alarma.
Sobre el tercer estado de alarma, el que se alargó seis meses hasta mayo de 2021, el informe de las CCAA elaborado por expertos en Derecho Constitucional insiste en calificarlo como "modelo constitucional" pese a las críticas que ha recibido por ser descentralizado.
En cuanto a las relaciones entre CCAA y Gobierno, el informe ve de manera positiva que se hayan celebrado 17 conferencias de presidentes, 66 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y dos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero apostillan que la "eficiencia de la coordinación ha sido mejorable".
Más allá de la gestión de la pandemia, que ha abarcado gran parte de este informe de las CCAA del año 2020, los autores han abordado el conflicto territorial en Cataluña, la llegada de los fondos europeos, la nueva ley de educación, la gestión de los gobiernos autonómicos, así como una valoración del primer Ejecutivo de coalición a nivel estatal.
Otro de los puntos que tratan estos expertos en Derecho Constitucional tiene que ver con las reformas estatutarias y de los Reglamentos de los Parlamentos autonómicos, en un contexto en el que el Congreso y el Senado están volviendo a abordar estas modificaciones de los Estatutos, como por ejemplo, para eliminar aforamientos.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
