VALÈNCIA. La tasa turística y la del azúcar han sido durante los últimos años cuestiones especialmente conflictivas entre los socios que conforman el Gobierno autonómico durante la elaboración y tramitación de los Presupuestos de la Generalitat. Esta vez, la primera se ha llevado a la comisión política de negociación de las cuentas y está siendo negociada entre PSPV, Compromís y Unides Podem a la espera de un acuerdo. La segunda, ha decaído en multitud de ocasiones de las propuestas que la coalición y los morados han llevado a Les Corts ante la falta de entendimiento con los socialistas.
Ahora, ambas han sido abordadas por la Comisión para la Reforma Tributaria nombrada por el Consell en julio de 2020, que las ha recogido en su Estudio sobre la Autonomía Financiera de la Comunitat realizado por 12 expertos en la materia. Las conclusiones son que aconsejan no implantar en este momento la tasa turística y que abren la puerta a un impuesto propio sobre el azúcar.
El informe expone que podría barajarse la posibilidad de la tasa turística "dadas las externalidades negativas ocasionadas por las actividades relacionadas con el turismo –en términos de presión sobre el medio (ocupación de espacios naturales, consumo de agua, saneamiento, etc.)–, así como el hecho de que la Generalitat tenga la competencia exclusiva en esta materia". Cita como ejemplos, en este sentido, Cataluña y las Islas Baleares.
"El turismo constituye hoy en día un motor económico de la Comunitat. De ahí que, en las circunstancias actuales, entendamos que es más acomodado optar por no establecerlo"
En su opinión, sin embargo, el turismo constituye hoy en día "un motor económico de la Comunitat". "De ahí que, en las circunstancias actuales, entendamos que es más acomodado optar por no establecerlo, apostando por minimizar los costes del sector en orden a incrementar su atractivo económico en un sector fuertemente competitivo", sostienen. Una manera de "incrementar las posibilidades de su supervivencia como sector económico estratégico tratando de preservar en una época de fuerte crisis por la covid los puestos de trabajo". Objetivo que, inciden, al igual que el Medio Ambiente, "constituye un mandato estatutario a la Generalitat".
Por el momento, PSPV, Compromís y Unides Podem continúan negociando sobre el asunto en el Consell, aunque es bastante probable que acabe un año más en Les Corts a través de enmiendas a la ley de Acompañamiento. Los socialistas abogan por una tasa turística municipal y voluntaria y no parecen muy dispuestos a moverse de ahí.
Las decisiones en materia tributaria "no pueden desgajarse del marco de crisis económica brutal en el que nos encontramos inmersos", admiten los expertos. De ahí "que pueda cuestionarse la capacidad de la economía de incrementar su contribución neta a las arcas públicas valencianas". Motivo por el que creen que podría valorarse introducir mecanismos financieros de suma cero "para que la economía recibiese, en forma de reducción de otros tributos o de subvenciones, una inyección económica que apoyase a los sectores fuertemente castigados por la pandemia". En esta línea, remarcan que todos los tributos propios deben configurarse como finalistas para posibilitar liberar recursos de las Consellerias afectadas que podrían destinarlos a paliar los desastrosos efectos de la crisis económica o a la generación de riqueza.
El informe apuesta de manera clara por el establecimiento de un impuesto valenciano sobre las bebidas con azúcares añadidos con finalidad extrafiscal para reducir su consumo.
"¿Cuál sería el comportamiento de los productores ante la introducción del impuesto? Frente a una reducción de la demanda, los productores pueden bajar precios (con lo que no se produciría el efecto deseado) o, lo que sería más adecuado desde un punto de vista social, reducir el contenido de azúcar de sus bebidas. Parece que la introducción del impuesto solo en Cataluña no ha sido incentivo suficiente para modificar la producción. Y, posiblemente, la utilización de precios estratégicos (reducidos) ha impedido la traslación total del impuesto al consumidor final, reduciéndose los efectos esperables de la medida", reflexionan.
En cuanto a su articulación, señalan que se trataría de un impuesto instantáneo, devengándose en el momento de la adquisición de la bebida con azúcar añadido por parte del contribuyente al distribuidor o, en su caso, en el momento de la venta minorista de bebidas con azúcares añadidos realizadas en establecimientos de venta al público al por menor radicados en la Comunitat.
La gestión se edificaría sobre la autoliquidación. Así, el contribuyente tendría la obligación de presentar vía telemática la autoliquidación del impuesto en los períodos de liquidación, que coincidiría con el trimestre natural, entre los días 1 y 20 del mes siguiente a la finalización del periodo de liquidación conforme al modelo de autoliquidación aprobado por orden de la Conselleria.
En definitiva, destacan, debe ser un impuesto específico que grave la cantidad de azúcar que contienen las bebidas y no el precio de las bebidas. "Así evitamos la sustitución de bebidas caras por bebidas baratas (marca blanca), sin que haya un cambio en el consumo de azúcar". Las preocupaciones sobre el impacto equitativo de tales políticas fiscales, añaden, podrían mitigarse mediante un uso a favor de los grupos de menor renta de los ingresos adicionales generados por estos impuestos.