Innovación quiere aumentar las sanciones por incumplir los derechos de los consumidores
Foto: GENERALITAT VALENCIANA
6/05/2024 -
VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Innovación propone en el proyecto de modificación del decreto legislativo 1/2019 de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana un aumento del importe de las sanciones, que pueden llegar, en casos muy graves, al millón de euros.
El proyecto para adaptar la legislación valenciana a la normativa estatal, que tiene carácter básico, supone que las sanciones leves pasan de los 3.000 euros actuales a un máximo de 10.000, las graves de 15.000 a 100.000 euros y las muy graves de 600.000 hasta el millón de euros.
El incremento de las sanciones fue anunciado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hace quince días durante una visita a la planta de tratamiento y reciclaje de la firma Arteco, en Ibi (Alicante), donde se destruyen productos inseguros.
Las sanciones propuestas persiguen castigar las vulneraciones de los derechos de los consumidores y usuarios, los productos que atentan contra su seguridad, las cláusulas abusivas, las prácticas comerciales desleales y las irregularidades en el comercio electrónico, entre otras.
El texto propuesto está disponible tanto en la página web de la Conselleria de Innovación, Industria, Consumo y Comercio así como en el portal de participación ciudadana de la Generalitat.
Durante el período de exposición pública, ya abierto, las personas físicas y jurídicas interesadas pueden presentar sus aportaciones, opiniones y alegaciones a través del mismo portal de participación ciudadana, a través del correo electrónico de la Dirección general de Comercio, Artesanía y Consumo ([email protected]) o por cualquiera de las formas establecidas por la ley de procedimiento administrativo.
Una vez respondidas, la propuesta de modificación seguirá su tramitación pertinente, que incluye, entre otros, informes preceptivos tanto de la Abogacía de la Generalitat como del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
