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la intervención alerta que ya hay varias demandas de temporales para pasar a indefinidos 

Inspección de Trabajo constata las irregularidades en la contratación de investigadores de La Fe

17/09/2019 - 

VALÈNCIA. La Inspección de Trabajo de Valencia ha detectado que al menos 62 trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del Hospital La Fe tienen contratos de trabajo temporales que estarían "en fraude de ley".

De este modo, el organismo da la razón a los investigadores del centro que el pasado febrero denunciaron la situación de precariedad de una plantilla en la que solo cinco de los 350 trabajadores tienen un contrato indefinido, lo que equivale a una temporalidad del 99%. En la misma, los empleados pedían su mediación para conseguir la conversión en indefinidos de los contratos temporales fraudulentos.

En este informe, emitido en abril, la Inspección de Trabajo especifica que 27 de los contratos irregulares detectados están vinculados al área de Gestión, mientras que 35 corresponden a las Plataformas de la Fundación.

La resolución de la Inspección de Trabajo es uno de los argumentos principales que la Intervención de la Generalitat utiliza para justificar su informe desfavorable a la gestión del personal por parte de la dirección del centro en 2018, ya que la inmensa mayoría lleva más de tres años encadenando contratos temporales. El gerente en ese momento era Javier S. Burgos, recientemente nombrado nuevo director general de Investigación y Alta Inspección de la Conselleria de Sanidad.

Según la Intervención, la situación de temporalidad del 99% de la plantilla "pone de manifiesto un riesgo de permanencia en la entidad de empleados que han sido contratados mediante sistemas de provisión de empleo temporal". Al respecto, recuerda que los propios Presupuestos de la Generalitat de 2018 reflejan que este tipo de trabajadores solo puede adquirir la condición de indefinidos no fijos mediante una resolución judicial y alerta de que ya existen en la actualidad demandas interpuestas contra la entidad por trabajadores temporales.

Ante ello, la Intervención de la Generalitat recomienda que se realice una "buena gestión" de la contratación de personal laboral temporal "debido a los riesgos e incidencias que ello conlleva".

Además, el procedimiento para contratar a ese personal aplicado por el Instituto de Investigación de la Fe no cumple "todos los principios básicos" de la Ley de Función Pública Valenciana, como que no se realicen pruebas de aptitud que valoren la capacidad de los candidatos o que no se publiquen las convocatorias en el Diari Oficial de la Generalitat. Tampoco se considera suficientemente documentada en los expedientes de contratación la baremación de méritos de los aspirantes en los expedientes de contratación.

Javier Burgos. Foto: MARGA FERRER

A ello se suma que los contratos temporales del año pasado se firmaron sin el preceptivo informe de la Conselleria de Hacienda, que tampoco ha dado el visto bueno ni a la masa salarial ni a la Relación de Puestos de Trabajo de la entidad.

En cuanto a las retribuciones, la Intervención censura que se han incluido como indemnizaciones por razón de servicio cantidades pagadas a personas que no forman parte de la plantilla, algo reservado al personal de la Fundación del Instituto adscrito funcionalmente al mismo.

Además, la fiscalización ha verificado que la compensación que reciben determinados trabajadores por el parking algunos empleados se abona como "producto en especie" de una parte de su salario, algo no previsto en el convenio del centro.

Abuso de contratos menores

La lista de deficiencias detectadas por la Intervención de la Generalitat continúa con el abuso de los contratos menores sucesivos, ya que una parte "significativa" de los servicios y suministros de carácter periódico o recurrente se adjudican mediante este procedimiento directo y sin convocatoria pública.

Las irregularidades en la contratación de los investigadores o en contratación que ahora ha confirmado la Inspección de Trabajo se suman a los problemas contables detectados en los últimos ejercicios por el auditor del centro, hasta el punto de que éste se negó a a firmar las cuentas de 2016, 2017 y 2018.

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