VALÈNCIA (EP). Los 87 inspectores sanitarios de la Comunitat Valenciana han comenzado a revisar todas las residencias de mayores no intervenidas por la Conselleria de Sanidad para verificar que aplican correctamente el protocolo frente al oronavirus, tanto las medidas nacionales como las autonómicas, después de que se hayan detectado 221 casos positivos de residentes en 49 centros.
Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha concretado que seis de estos centros están en la provincia de Castellón, 13 de Alicante y 30 en Valencia.
De los 221 residentes afectados, 14 están en la provincia de Castellón, 84 en Alicante y 123 en Valencia.
Por lo que respecta a los residentes fallecidos son un total de 44: uno en Castellón (en Morella); 31 en Alicante (26 en Alcoi, dos en la Vila, dos en Petrer y uno en La Nucia); y 12 en Valencia (nueve en Torrent, uno en Moncada, uno en Alaquàs y uno en València).
Asimismo, hay en toda la región 67 trabajadores de estos centros que han resultado contagiados: ocho en la provincia de Castellón, 12 en Alicante y 47 en Valencia. Además, permanecen en cuarentena 407 empleados: 30 en Castellón, 208 en Alicante y 169 en Valencia.
Ante esta situación, los 83 inspectores --29 en Alicante, 41 en Valencia y 13 en Castellón-- comenzaron este miércoles a controlar las residencias en Valencia y Castellón y hoy en Alicante.
Barceló ha confirmado que el origen del brote de la residencia de Alcoi fue un trabajador afectado, pero que Epidemiología todavía no ha establecido las causas de por qué ha sido tan virulento este brote en este centro. No obstante, ha matizado que proporcionalmente tampoco se han registrado más casos de muerte que en la de Torrent, el segundo foco por número de contangios, ya que en el centro alicantino hay muchos más residentes.
Asimismo, ha explicado que el traslado de un residente de un centro de mayores a un hospital lo determina siempre el facultativo siguiendo criterios clínicos.
Barceló ha señalado que son "conscientes" de "la angustia" de los familiares de residentes en centros afectados por el virus, a lo que se suma en algunos casos "no tener información". Por ello, ha explicado que la Conselleria solo actúa en las residencias intervenidas en virtud de la resolución aprobada el 18 de marzo.
Así, cuando se notifica un caso positivo la Conselleria se hace cargo de la parte sanitaria del centro y adopta las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia. Esto supone la intervención sanitaria gradual en función del estado de la situación en cada uno de los centros y "atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad".
Además, se designa una persona responsable del departamento del salud en el que se encuentra la residencia para que disponga los recursos materiales y humanos que sean necesarios para prestar la asistencia sanitaria inmediata "sin perjuicio del resto de competencias que corresponden a la Conselleria de Políticas Inclusivas, a la que corresponde a gestión de estos centros".
Barceló ha destacado que, además, la inspección de todas las residencias de mayores no intervenidas supone "adelantarse para tener un mayor control en el caso de que se produjera algún incidente" y asimismo se asegura que cumplen también con las normas y protocolos de riegos laborales.
Por su parte, respecto a la comunicación establecida en las residencias, la conselleria da traslado de la situación de los residentes y trabajadores al médico de la residencia, que forma parte de la plantilla del propio centro, y al equipo directivo tanto de los casos positivos, negativos y sospechosos, de la propia residencia, así como de las medidas y recomendaciones que deben adoptar.
A partir de ahí, ha aclarado que corresponde a la dirección del centro la comunicación con las familias de la situación de los residentes que pueden estar aislados o en cualquier otra circunstancia por los canales que estimen oportunos.
