VALÈNCIA. Las últimas elecciones en nuestra Comunidad han dado de sí un cambio de personas y partidos en la Generalitat. Uno de los efectos de ese cambio ha comenzado a sentirse al hacerse las primeras propuesta legislativas en aspectos vinculados con la educación. No sorprende en absoluto que los partidos que hoy están en la oposición se hayan definido contra esas propuestas. Me sorprende el modo. La prensa local ha trasladado los juicios emitidos y creo que el abundante uso de las comillas es garantía de buscar una fidelidad en los testimonios. En cierto modo, el haber dedicado mi vida a la enseñanza en centros públicos (CLA de Cheste, IB. Bachillerato de Alaqués y IB Luis Vives de Valencia) y a la defensa de la enseñanza pública en distintos diarios (Diario de Valencia, Noticias, Levante, El Pais) me obliga a tomar posición.
¿Qué juicios han emitido partidos e instituciones escolares? Se han dicho cosas como que estamos ante “involución democrática”, que se pretende “eliminar la lengua propia” o bien “instaurar el pensamiento único”, que se busca “generar un problema donde no existía” y que con estas medidas legislativas “se hace un ataque contra la enseñanza pública”, que se pretende que “escojan los padres y no los centros”, etc. Cabe afirmar que, en términos generales, estas y otras declaraciones forman parte de lo que llamaría artillería de derribo. Frente a tal actitud sería razonable formular alguna pregunta y tratar de responderla. Por ejemplo: ¿Qué tiene de perverso el distrito único? ¿Qué tiene de involución democrática el reconocer que los niños tienen derecho a ser instruidos haciendo uso de la lengua materna y que los padres ejerzan ese derecho al matricular a sus hijos? Al centrarme sobre estas preguntas no deseo dejar olvidada la necesaria revisión de los programas establecidos en la Consellería de Educación y contra los cuales ya expuse serias razones acerca de su validez y necesaria corrección.
Ante todo una llamada de atención: se ha reconocido el derecho a solicitar plaza en cualquier centro público con independencia del lugar de residencia del solicitante. ¿En qué se benefician con esta medida los centros y los futuros alumnos de esos centros? La medida propone que no deben existir alumnos cautivos de unos centros, sino que se pueda escoger el centro público en función del proyecto educativo que El Claustro de profesores del centro deseado ha construido, viene aplicando y, además, difunde. Por tanto, el Centro que diseña y aplica un proyecto persiguiendo la estimulación teórica y ética de sus alumnos recibirá más solicitudes de las que podrá atender. Pero además y sobre todo, optimiza el día a día del docente que cada jornada se integra con una mayor satisfacción en ese proyecto de centro. Todos son aspectos positivos. Los beneficios son claros.
Foto: ROBER SOLSONA/EP
Ahora bien, este criterio obliga al equipo directivo a construir los nuevos grupos integrando las diferencias que, de hecho, se dan en la sociedad y que han quedado reflejadas en las solicitudes. Por tanto, el político que tiene a su cargo la legislación educativa, que es hacedor de baremos, deberá manejar criterios que permitan atender las diferencias y, además, hacer posible la integración de las mismas en las aulas para que todos los estudiantes se vean estimulados por sus compañeros. El equipo directivo recupera una actividad al constituir los grupos de trabajo fundamental, clave, que alcanza a un período de escolarización. Los peligros asociados a la implantación de este criterio han de ser controlados por los claustros y por la inspección educativa escolar. La enseñanza concertada debe hacer suya en esa política de integración. Más aún, esa política debe constituir un aspecto fundamental para evaluar si un centro merece la concertación. Ante todo ha de tenerse claro que no tiene menos derecho a la enseñanza pública el que tiene más renta del trabajo y que, por tanto, paga más impuestos. Por la misma razón que se le reconoce igual derecho a la asistencia sanitaria, debe reconocerse igual atención en la enseñanza educativa pública a cuantos lo deseen, sea cual fuere su renta en razón de su trabajo.
Vayamos a otro tema clave en la organización del sistema educativo. Nadie podrá negar que la UNESCO ha mantenido una política definida y clara en relación c on la educación en la lengua materna como factor clave para favorecer la inclusión, un aprendizaje de calidad y mejora del rendimiento escolar. Esta protección de la lengua materna es especialmente importante durante la educación infantil, primera y secundaria. Por supuesto, la protección de la enseñanza en lengua materna es la forma más consolidada para salvaguardar la lengua (la escuela fija y normaliza) y contribuye de forma incuestionable a preservar el patrimonio cultural que arraiga en y se hace posible por la lengua materna. Cabe decir que sobre esta primacía reconocida a la lengua materna se ha obtenido la consideración legal de ser lengua oficial y, por tanto, acreedora a la protección que precise. Y estos principios valen tanto para nuestra geografía como para su ciberespacio, pues los instrumentos, los programas y los contenidos educativos y de aprendizaje a distancia no siempre fueron capaces de reflejar la diversidad lingüística existe durante el COVID.
Así pues, reivindicar que los niños se escolaricen desde el primer día de escuela en su lengua materna y que sus padres y no el claustro tomen la decisión pertinente no tiene nada de pretender “eliminar la lengua propia”, sino todo lo contrario: reforzarla. Mucho menos, al favorecer la diversidad lingüística se “podrá instaurar el pensamiento único”. Podría razonar estas posiciones, pero creo que es innecesario. Lo que sí puede tener un especial interés es llamar la atención sobre el principio que debe regular la organización del sistema educativo: el principio de tolerancia. El resto consiste en ganar voluntades y no en prescribir una política que retira opciones fundamentales de la esfera individual de decisión a la que esas opciones pertenecen por su propia naturaleza.
Foto: ÓSCAR CAÑAS/EP
