Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Alcaldía no aprobó el año pasado el conjunto de medidas dirigidas a corregir las deficiencias detectadas en el Ayuntamiento de València durante 2019. Un incumplimiento legal que recientemente la Intervención General del consistorio ha afeado al alcalde, Joan Ribó, quien debería haber aprobado en 2020 -como todos los años- un plan de acción que condensara las decisiones a llevar a cabo para enmendar las faltas en el ámbito financiero y de control interno detectadas el año anterior.
"El presidente de la Corporación no formalizó el Plan de acción previsto [...] y, como consecuencia de ello, la Intervención General del Ayuntamiento no ha podido realizar su valoración", destaca el órgano de fiscalización en el informe resumen sobre 2020, donde considera "conveniente reiterar" las faltas detectadas en 2019.
Según la normativa en este caso, el alcalde o alcaldesa debe formalizar un plan de acción cada año donde se determinen "las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos" que desvele la Intervención el año anterior. Y además, subraya que la Intervención deberá valorar más tarde los resultados de las correcciones y el grado de cumplimiento. Algo que en este caso no se ha podido hacer por no existir un plan de acción en 2020.
De hecho, ante la ausencia de tal documento, Alcaldía ha tenido que recoger en el de 2021 las medidas a implementar sobre las deficiencias de hace dos años. Por ejemplo, la Intervención destacó en 2019 faltas que no se han subsanado como la lentitud en la tramitación de procesos de contratación, la entrega de subvenciones directas sin suficiente justificación, la inexistencia de una relación de puestos de trabajo o posibles duplicidades en actividades realizadas por el consistorio y sus organismos dependientes.
Ante ello, la Intervención pedía y sigue pidiendo revisar los trámites de contratación, aclarar la situación de algunos contratos menores a contratas municipales, fijar unas instrucciones para la suficiente justificación de las subvenciones 'a dedo', la aprobación de una relación de puestos de trabajo en cada entidad dependiente del Ayuntamiento, etcétera.
Todo ello se suma a las actuaciones correspondientes al plan de acción de 2021 para atacar los fallos detectados el año pasado. Por ejemplo, en materia de subvenciones, se deberá mejorar las bases reguladoras en cuanto a difusión y publicidad entre otras cosas; en materia de contabilidad, habrá que ampliar la dotación presupuestaria para los servicios infradotados; y sobre tesorería, se tendrán que cobrar los ingresos pendientes.
Pero también en el sector público instrumental del Ayuntamiento de València se tendrán que tomar medidas. El plan insta a elaborar un manual de procedimiento en todas ellas, crear un fichero maestro de proveedores informático, implantar el control electrónico de facturas, hacer las conciliaciones bancarias de manera periódica, etcétera. Todo ello cobra especial importancia después de los robos en la EMT y en el Palacio de Congresos.
Así, el plan de acción de 2021 ya recoge las correcciones relativas a 2019. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, opinó sobre esto que el alcalde se ha visto "obligado a autoenmendar su gestión para evitar seguir incumpliendo la ley". "El alcalde suspendió en gestión y ahora tiene que hacer un plan para intentar salir del paso y no tener un problema legal", asegura Giner.
El portavoz naranja recordó su advertencia del pleno de febrero -"y se lo repetiremos cuando traigan este plan al pleno"-: "están incumpliendo la ley y en sus informes el interventor avisaba de que no había podido hacer su trabajo correctamente". Giner aseguró en este sentido que Ribó "ha responsabilizado a los funcionarios de llevar a cabo este plan, los cuales ya pusieron de manifiesto las carencias y la falta de medios para poder hacerlo, pero el responsable real es el Gobierno del Rialto".
Según Giner, las medidas recogidas en el plan de acción "deberían estar implementándose ya" porque se refieren a incumplimientos "de los que ya el Interventor y entidades como la Agencia Antifraude han indicado que debían subsanarse". En esta línea, criticó que el consistorio se haya puesto el plazo de un año para llevar a cabo las medidas: "No entendemos que se den un año más para seguirlas incumpliendo".
