Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Un exceso de contratos menores y una falta de control en la justificación de las subvenciones otorgadas. Son algunas de las faltas detectadas por la Intervención General del Ayuntamiento de València en sus diferentes informes elaborados a lo largo de 2020 mayoritariamente con datos del año anterior y que ahora recoge en el resumen anual para su aprobación en la comisión municipal de Hacienda.
Así, por ejemplo, en su tarea de control financiero de los contratos menores, la Intervención ha contabilizado que en 2019 se adjudicaron por esta vía, sin concurso, contratos por valor de 17,45 millones de euros, casi tres millones más que el año anterior, cuando la cifra ascendió a 14,43 millones de euros. Así pues, una de las recomendaciones que realiza el órgano interventor es precisamente "disminuir el volumen de contratos menores a tramitar" y, también, planificar mejor los concursos públicos por lotes para evitar acudir a contratos menores "que mitigan la concurrencia y la competitividad".
Entre estos contratos se ha detectado "un número significativo" donde hay "una omisión de la publicidad" que marca la normativa, y también que se hicieron contratos menores "que por su naturaleza no debieron tramitarse como tales, eludiendo la fiscalización previa del gasto". Una práctica con la que la Intervención pide acabar dejando de usar la vía del contrato menor para gastos que son de otra naturaleza, lo que impide su fiscalización. Asimismo, apunta a posibles "indicadores de deficiencias de control" en los contratos menores al no haber una interconexión entre las diferentes bases de datos municipales.
Por otro lado, el Interventor dedica un espacio al control financiero de diez subvenciones que se realizaron a lo largo de 2019 y donde se han encontrado diferentes "incidencias". Entre ellas, por ejemplo, se encuentra el hecho de que los receptores de la ayuda no aportan las cuentas justificativas o de que "no se acredita suficientemente el pago en muchas de las facturas aportadas". En alguna subvención, incluso se han presentado "tickets variados" en comercios y empresas donde se suelen emitir facturas, o se han aportado facturas cuyos conceptos "no se describen, son ilegibles, o se denominan 'varios'".
"Debería establecerse una mayor exigencia en la presentación de tickets, pudiendo sustituirse por facturas completas o simplificadas que, en este último caso, podrían acompañarse de una certificación de la entidad, haciendo constar que dichos gastos se han realizado por la misma con cargo a la subvención concedida, detallando el origen de estos y los conceptos a que corresponden", recomienda la Intervención al respecto, que llega a instar a no admitir el pago en efectivo como modalidad de justificación.
Uno de los puntos referidos en el informe explica que en las subvenciones no se acredita lo suficiente que las actividades para las que se ha recibido la ayuda se han llevado a cabo efectivamente. En parte, dice la Intervención, se debe a que la norma reguladora "no detalló o especificó las actividades a desarrollar ni las pruebas o documentos con los que se ha de acreditar la realización de las mismas".
Al hilo de ello, se apunta a una "deficiente" regulación municipal de las subvenciones porque no fija qué gastos son subvencionables, no se diferencia entre gastos directos e indirectos, "no se vincula la ayuda concedida al coste real de lo subvencionado ni a otros costes vinculados a la actividad desarrollada por el beneficiario".
La portavoz del PP, María José Catalá, advirtió del "cúmulo de deficiencias" detectadas y que más de la mitad delos contratos menores fiscalizados en 2019, el 51,6%, "se materializaron pese a tener incumplimientos legales o defectos formales". El excesivo uso de este tipo de contratos es, a juicio de Català, "reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas".
Asimismo, Català recordó que el gobierno municipal, formado por Compromís y PSPV, "eliminó el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General".
