VALÈNCIA (EP). Amnistía Internacional lamenta que, aunque en los últimos diez años España ha incrementado el producto interior bruto (PIB) en un 8,6%, esto no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino que, al contrario, se ha reducido en un 11,21% respecto a 2009; la inversión sanitaria pública por habitante también se ha reducido, hasta un 10,5%. En el caso de la Comunitat esta inversión baja un 5,03 por ciento en Atención Primaria.
Del mismo modo, el porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017. Comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, España está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25% de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia (el 11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%). Y solo por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.
Estos datos se desprenden de un informe presentado es miércoles, donde Amnistía Internacional analiza las políticas de austeridad por comunidades autónomas en una década (entre 2009 y 2018, último año con datos oficiales). La organización señala que tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario y a pesar de la progresiva mejora desde entonces, España sigue recuperar la inversión sanitaria pública que tenía hace diez años.
Como ejemplo, señala que Baleares es la única comunidad que ha recuperado en 2018 la inversión previa a la crisis, superando la inversión de 2009 en un 1,7%. Castilla-La Mancha es la comunidad que más alejada se encuentra de la inversión de 2009 en términos constantes con un -18,25%. Le siguen Asturias con un -12,98%, La Rioja con un-12,75%, Galicia -12,65% y Cataluña -12,37%.
Como consecuencia, afirman, "el derecho a la salud está en riesgo en España: estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores".
Por otro lado, acusan a España y a los diferentes Gobiernos de "incumplir sus obligaciones internacionales en materia de salud", por las cuales se compromete a avanzar de manera progresiva en el cumplimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
"En un contexto como el que nos encontramos, esto parece más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas. Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales para asegurar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
La organización señala que la Atención Primaria ha sido una de las áreas más perjudicadas. La inversión en este tipo de servicio, que es la puerta de entrada al sistema público de salud y la única a la que muchos pacientes acuden, se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018, frente al ya escaso 14,3% de 2009.
En términos constantes de inversión, tomando como base el año 2009, en 2018, la media de las comunidades autónomas se sitúa en una inversión negativa de un 13,10%. Murcia es la única comunidad que ha recuperado la inversión en 2018, aumentando su presupuesto en 6,92%. Para el resto de las comunidades autónomas existen grandes diferentes porcentuales que van desde los -24,28% de Cataluña, los -22% de Aragón y los -19,53% de Castilla y León, a los -6,66% de Canarias y los -5,03% de la Comunitat Valenciana.
Tampoco la ratio de personal médico y de enfermería en Atención Primaria por cada 1.000 habitantes ha variado prácticamente, sino que se mantiene igual al año 2009. A nivel estatal, A nivel nacional, la ratio de personal médico por 1.000 habitantes en 2009 era de 0,74, incrementándose un 0,03 hasta 2018 (0,77). En el caso de la enfermería era de 0,61, aumentando levemente durante el periodo objeto de estudio, hasta alcanzar un 0,66 en 2018.
"La Atención Primaria tendría que dar respuesta al 85% de los problemas de salud, y en realidad supone un ahorro para la sanidad, pero se sigue recortando. Cuando yo empecé a trabajar, hace 30 años, podías hacer una valoración integral del paciente, que a veces puede venir con problemas físicos pero si no pasas algo de tiempo con ellos se te pueden escapar los aspectos psicológicos. No podemos seguir atendiendo a 50 personas al día", denuncia Loly, enfermera de Atención Primaria en Madrid.
Amnistía Internacional señala que España debe adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y debe construirla desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas.
Para ello, pide a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas dar prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias para el SNS "para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva, en términos constantes".
Recomienda realizar una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.
Y dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales; garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario, y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.
