VALÈNCIA. La Conselleria de Economía finalmente concederá 53 días de prórroga a las empresas concesionarias de ITV en la Comunitat Valenciana como compensación por las pérdidas en el negocio por el tiempo que permanecieron cerradas durante la pandemia. Una decisión que supone alargar hasta el 22 de febrero la concesión, cuya reversión estaba prevista para el 1 de enero de 2023 cuando la Generalitat asumirá directamente el servicio a través de una nueva mercantil pública.
La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova-ITV) había solicitado seis meses de prórroga en base a una auditoria externa que realizaron y que estimaba en 5,6 meses y 7,7 millones de euros las pérdidas en el negocio por el cierre durante el Estado de Alarma de 2020. No obstante, la Generalitat Valenciana ha considerado que 53 días es tiempo suficiente.
Este lunes, la Conselleria de Economía y Aecova-ITV mantenían un encuentro de trabajo para abordar la prórroga solicitada por las concesionarias y estudiar los pasos a seguir para la transición hacia la gestión pública del servicio. Desde el departamento que dirige Rafa Climent se ha decidido dar a las empresas 53 días extra, por lo que las siete empresas concesionarias que prestan el servicio podrán seguir desarrollándolo hasta el próximo 22 de febrero de 2023 (inclusive), que será la nueva fecha de finalización del contrato.
"Estos 53 días corresponden al tiempo transcurrido entre el 17 de marzo de 2020 y el 8 de mayo de 2020, periodo en el que fue acordado el cierre de las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y en el que no fue posible prestar el servicio", ha explicado Climent.
El conseller ha señalado que esta decisión está basada en un informe del Secretario General Administrativo de la Subsecretaria de la Conselleria de Economía Sostenible después de que las empresas concesionarias solicitasen una ampliación del plazo de ejecución del contrato por los perjuicios derivados del cierre de las estaciones de ITV como consecuencia de la pandemia covid-19.
"Esta propuesta de modificación tiene como único objetivo introducir las variaciones estrictamente indispensables para compensar a los concesionarios por el periodo en el que no fue posible la prestación del servicio como consecuencia del Estado de Alarma que fue de 53 días", ha remarcado el conseller. A partir de ese momento, la Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública Sociedad Valenciana de ITV, gestionará directamente el servicio.
Un plazo que no ha convencido a Aecova que considera que con menos de dos meses "no se puede acometer una transición tranquila" y lamentan que no se haya atendido su solicitud. De hecho, aseguran que van a estudiar la puesta en marcha de nuevas medidas para conseguir una mayor compensación hacia las concesionarias.
La prórroga tendrá como consecuencia un retraso en la aplicación de la bajada de las tarifas anunciada por Climent, quien avanzó hace unos días que una bajada en el coste del servicio desde el mismo momento en que la gestión pase a ser pública. La opción que maneja el Consell es la de eliminar de inmediato la tasa que se paga por la prueba de sonometría, una revisión que solo se realiza en la Comunitat Valenciana, lo que supondría una bajada de la tarifa actual en algo más de 11 euros.
Posteriormente a esta reunión, se ha celebrado un consejo de administración, con carácter extraordinario, de la nueva empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV), creada por la Generalitat para gestionar el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana, para abordar la prórroga.
El Consejo de Administración ha estado presidido por el gerente de la sociedad, el abogado Josep Albert. Por parte de la Administración forman parte del consejo Rafa Climent; Rosa Ana Seguí, directora general de Comercio; Silvia Cerdá, directora general de Industria; José Vicente Soler, director general de Economía Sostenible; María José Mira, secretaria autonómica de Modelo Económico; Daniel González Serisola, subsecretario de la Conselleria de Hacienda; y Júlia Company, directora general del Ivace.
Asimismo, han asistido como representantes de las organizaciones sindicales, Daniel Argente, a propuesta de la UGT-PV; María Pilar de Vera (CCOO-PV); Manuel García Algarra (Intersindical) y Ruth López (CSIF).
Tal como establece el Decreto Ley 3/2022, de 22 de abril, está previsto que, una vez finalizada la vigente concesión administrativa, el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana se prestará en régimen de gestión directa, así como que el uso de las instalaciones de las estaciones de ITV necesarias para prestar el servicio se cederá a la nueva mercantil, mediante la adscripción directa de los bienes afectos al servicio público de ITV previsto en el artículo 53.3 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.