IU propone renovar vocales del CGPJ por mayoría simple y que migrantes con dos años de residencia puedan votar

VALÈNCIA (EP). IU recoge entre sus propuestas programáticas al 23J que plantea a Sumar una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para habilitar que los 12 vocales del turno judicial que le corresponden al Congreso puedan ser elegidos en segunda vuelta por mayoría simple, cuando no sea posible por mayoría de tres quintos en el primer intento.

Un planteamiento dirigido a solventar el bloqueo la renovación del órgano de gobierno de los jueces que se prolonga desde hace cuatro años y que va más allá incluso por lo planteado por Unidas Podemos en esta legislatura, que abogaba un cambio para permitir la elección de juristas al CGPJ por mayoría absoluta.

Por otro lado, apuesta por bajar la edad legal de voto a los 16 años e incluir también el derecho al sufragio a las personas migrantes con dos años de residencia en España, sin mención al requisito de tener la nacionalidad.

También defiende que la autorización de residencia para personas extranjeras contemple otros requisitos no vinculados necesariamente a disponer de un contrato de trabajo, desplegar una Ley contra el Racismo y prohibir las 'devoluciones en caliente', dentro de la derogación de los elementos "lesivos" de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocido por sus críticos como 'Ley mordaza', cuyo intento de reforma decayó en la última legislatura.

Así lo recoge uno de los bloques en los que se divide la propuesta programática de IU, a los que ha tenido acceso Europa Press, referido a las medidas para una "democracia real avanzada". El conjunto del programa contiene más de 700 propuestas, tras haber sido aprobado por la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de la formación. IU las aporta ahora a Sumar, que está en la fase de coordinación de su oferta programática electoral, trabajo que coordina la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, y cuya presentación apunta a la semana próxima.

Entre las iniciativas definidas por IU se reivindica incrementar las ofertas de empleo público para potenciar las plantillas y defiende un nuevo estatuto que regule de forma única las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos, frente a la proliferación con el tiempo de diferentes regímenes jurídicos en la función pública, con garantías de estabilidad de empleo y derechos laborales y sindicales similares.

A su vez, la propuesta programática de IU recoge otro de sus hitos tradicionales, la reforma del sistema electoral que garantice mayor proporcionalidad en el reparto de escaños respecto a los votos totales recibidos, algo que ve posible alcanzar sin cambiar la Constitución.

Plataforma electrónica para la participación ciudadana

Mientras, aboga por crear una plataforma electrónica nacional de participación ciudadana que permita formular propuestas, interpelar a sus representantes públicos o desplegar consultas sobre iniciativas desplegadas por las instituciones.

En materia de "transparencia y dimensión ética de la gestión pública", IU plantea para el programa electoral de la coalición una auditoría de la deuda y de políticas públicas, que elevar el conocimiento de qué empresas se ven beneficiadas de los recursos públicos, una mayor regulación sobre incompatibilidades, obligación de declaración de bienes patrimoniales para todos los cargos públicos y transparencia sobre el número de asesores o cargos de confianza, así como de sus retribuciones.

A su vez, insiste en proyectos que han quedado pendientes durante la última legislatura en el grupo confederal como la despenalización de los denominados delitos de opinión, con la derogación en el Código Penal de las ofensas contra los sentimientos religiosos, delitos contra la corona, los ultrajes de "palabra, por escrito o de hecho" a los símbolos nacionales, las injurias contra las principales instituciones o el enaltecimiento del terrorismo.

Ley mordaza y memoria democrática

Respecto a la derogación de la 'Ley mordaza', IU recoge eliminar la obligación de comunicar previamente la convocatoria de una manifestación y dejar ese requisito solo ante eventos "previstos y previsibles", quitar la sanción por difusión de imágenes de intervenciones policiales cuando no afecten a la intimidad o seguridad de los agentes, así como más garantías de motivación para realizar registros corporales.

Por otro lado, ahonda en la idea de la fallida reforma de la normativa de reducir multas excesivas y aplicar criterios de "proporcionalidad" en las sanciones, para ajustarlas a la capacidad de ingresos de la persona o a su edad, en el caso de los jóvenes. En esta línea, apoya un régimen sancionador de "índole restaurativo, primar la resocialización por encima de la multa y acabar con la "limitación actual" para sustituir sanciones a menores por trabajo social o comunitario".

Mientras, aspira a incluir en este cambio normativo la sanción expresa a las personas que porten productos utilizados únicamente para la sumisión química, para dar así mayor garantías a las mujeres.

A su vez, IU en su documento interno programático pide potenciar el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, con un reglamento que recoja el derecho de reparación de todas las víctimas del franquismo, como derecho de resarcimiento de bienes o sanciones económicas acometidos por la dictadura.

Junto a ello, propone desplegar un reconocimiento social y cultural a lugares de memoria "antifascista" y avanzar en la resignificación del llamado 'Valle de Cuelgamuros', junto al despliegue de una Ley sobre 'Bebés robados', un proyecto legislativo que ha quedado pendiente en esta legislatura.

Las medidas planteadas por IU para el programa a los comicios del 23J recoge también una reforma del sistema de financiación autonómica para hacerlo más justo y equitativo, con criterios de cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios. Además, apuesta por una reforma fiscal, un planteamiento ya expresado por la candidata de Sumar, Yolanda Díaz.

Otro bloque de propuestas de la formación orbitan sobre una auditoría sobre los algoritmos a modo de control de las grandes multinacionales digitales y una normativa específica que regule la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial.