La consellera Carmen Montón y su predecesor, Manuel Llombart, ahora director general del IVO. Foto: GVALos enfermos de cáncer que están siendo tratados en el IVO van a continuar con sus tratamientos como hasta ahora, según la Generalitat
VALÈNCIA. Una grave irregularidad en la convocatoria pública del concierto de oncología por parte de la Conselleria de Sanidad ha provocado que los responsables de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) hayan rechazado a última hora firmar el contrato para la prestación del servicio, valorado en casi 54 millones de euros anuales. El plazo para la presentación de la documentación finalizaba este viernes, pero el IVO acordó a media mañana solicitar una prórroga, consensuada con la Conselleria con el fin de ganar tiempo para buscar una solución.
La irregularidad en la convocatoria del pasado 12 de junio, a la que solo se presentó el IVO, era conocida por la Conselleria desde antes, ya que fue la propia Abogacía de la Generalitat la que advirtió de ella en el informe jurídico preceptivo pero no vinculante, que lleva fecha del 22 de mayo y está firmado por el abogado Luis Manent Alonso, que preside la Asociación de Abogados de la Generalitat.
A pesar de las objeciones del abogado, la consellera Carmen Montón decidió seguir adelante con el 'concurso' -formalmente se denomina "convocatoria de acción concertada"- sin advertir de este hecho al IVO, que no tuvo conocimiento del informe negativo de la Abogacía hasta el pasado 7 de septiembre, cuando ya se les había sido adjudicado el servicio.
Este fue, según ha podido saber Valencia Plaza, el único motivo por el que el Patronato de la Fundación IVO, en una reunión celebrada el pasado 14 de septiembre, decidió no formalizar el acuerdo. Así lo explicaron este viernes a los aproximadamente 250 empleados del IVO el presidente de la Fundación, Antonio Llombart, y el director general, su sobrino Manuel Llombart, exconseller de Sanidad.
Las versiones de ambos directivos no fueron coincidentes, como no fue unánime la votación en el Patronato. El presidente y otro miembro eran partidarios de firmar el contrato, confiando en el buen hacer de la Administración. El exconseller y otros tres de los ocho miembros del Patronato -los dos restantes se abstuvieron- rechazaron formalizarlo por el peligro de descrédito para el IVO si después se hacía público que las bases de la convocatoria habían sido rechazadas por la Abogacía de la Generalitat.
Según fuentes cercana a la Fundación, cualquier empresa de la competencia podría denunciar las bases, incluso por vía penal por prevaricación si considerase que se hizo para favorecer al IVO frente a las empresas de la competencia la elección de la acción concertada en lugar del concurso, habiendo un informe en contra de la Abogacía.
Hay que recordar que en mayo, un mes antes de publicarse la convocatoria, el president Ximo Puig afirmó que el acuerdo entre Sanidad y el IVO estaba "muy cerca". Además, el pliego levantó ampollas en el sector sanitario privado, que lo consideró un traje a la medida del IVO a pesar de que recortaba en gran medida la colaboración que hasta ahora han mantenido la Fundación y la Conselleria.
El pasado miércoles por la tarde, la Conselleria de Sanidad convocó a todo el Patronato para tratar de salvar el acuerdo. A la cita solo acudió su presidente, Antonio Llombart, y por parte de la Conselleria toda la plana mayor: Carmen Montón, el secretario autonómico, el subsecretario y tres directores generales, los de Asistencia Sanitaria, de Recursos Humanos y Económicos y de Alta Inspección Sanitaria.
Llombart les explicó el acuerdo del Patronato de seis días antes que le imposibilitaba firmar, a pesar de que personalmente era partidario de hacerlo, y dado que quedaban 48 horas para acabar el plazo, aceptó solicitar una prórroga, cosa que la Fundación hizo este viernes a mediodía. Si Montón admite la prórroga, como es previsible, la Conselleria tendrá algunos días más para reaccionar, cosa que no hizo este viernes cuando el diario Levante desveló que el IVO se retiraba.
La única reacción de Sanidad, y también de la portavoz del Consell, Mónica Oltra, fue para aclarar que este contratiempo no afecta a la atención que el IVO viene prestándose a muchos pacientes, que se mantiene en las mismas condiciones que durante todo este año, tras finalizar el contrato el pasado 31 de diciembre de 2016. Esto significa que quienes estaban siendo tratados en el IVO continuarán en las mismas condiciones, pero ningún otro usuario de la sanidad pública podrá acudir motu proprio a su hospital, ya que tienen que ser derivados por un médico de la pública.
La ley de Acción Concertada, aprobada en Les Corts el pasado mes de marzo, ya fue polémica al excluir a las empresas privadas de determinados contratos de servicios sanitarios. La patronal Alianza de la Sanidad Privada Española pidió al Defensor del Pueblo que la recurriera ante el Tribunal Constitucional, pero la institución que entonces presidía Soledad Becerril se limitó a recomendar a la Generalitat varias modificaciones, sin recurrirla. La convocatoria de oncología se basaba en esta ley y en su reglamento posterior.
La objeción de la Abogacía en este caso es un asunto muy técnico que se resume en lo siguiente: la "acción concertada para la prestación asistencial integral oncológica" es una modalidad de convocatoria a la que solo se pueden presentar, según la citada ley valenciana, entidades sin ánimo de lucro, como es el caso del IVO, que es una fundación. Sin embargo, no es válida para cualquier proceso, y no lo es en concreto para este.
Las bases de la convocatoria indican que el servicio a prestar es propio de un concurso público y no de una acción concertada, según el informe, ya que la Generalitat no se limita a sufragar determinados gastos sino que gestiona de forma indirecta la atención oncológica a sus pacientes. Sanidad deriva los pacientes desde los departamentos de salud, requiere autorización previa para actos médicos concretos y ordena la actividad del centro concertado. "Existen datos suficientes para constatar que el objeto de la prestación coincide con un contrato administrativo típico", afirma el abogado.
El quid de la cuestión está en la relación entre la entidad que presta el servicio y el paciente. En la acción concertada debe ser una relación directa, bilateral, con la Administración en un segundo plano. Si es triangular, es decir, si interviene la Administración, entonces es una gestión indirecta que requiere un concurso con las normas de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El autor del informe sostiene que se han hecho unas bases propias de un concurso público enmarcadas dentro de la ley de acción concertada. Esto significaría que o se cambian las bases o se saca un concurso público con concurrencia o publicidad. El departamento que dirige Carmen Montón no hizo ninguna de las dos cosas.
La Conselleria de Sanidad preveía concertar la asistencia integral de unos 30.000 pacientes oncológicos al año, un 15 por ciento de ellos casos nuevos y el resto pacientes en tratamiento o seguimiento, por un importe de unos 53,7 millones de euros. Esta cantidad tenía carácter orientativo, ya que el precio real quedaría fijado por los servicios efectivamente prestados.
El acuerdo de acción concertada que se iba a suscribir tenía una duración inicial de tres años desde la formalización, aunque podría prorrogarse de forma sucesiva, anual y de mutuo acuerdo hasta una duración máxima de 10 años.
8 de marzo. Les Corts aprueban la Ley de Acción Concertada.
22 de mayo. La Abogacía de la Generalitat informa negativamente sobre la resolución por la que se convoca la acción concertada para la asistencia sanitaria integral oncológica. El informe es preceptivo pero no vinculante.
12 de junio. La Conselleria de Sanidad no atiende la recomendación de la Abogacía y publica en el DOGV la convocatoria de la acción concertada.
10 de julio. El IVO presenta la que será única oferta para la acción concertada y propone algunas "mejoras".
Agosto. Sanidad adjudica provisionalmente el contrato al IVO, que tiene hasta el 22 de septiembre para entregar la documentación solicitada y formalizar el contrato.
7 de septiembre. Tras tener conocimiento de la existencia de un informe jurídico negativo de la Abogacía de la Generalitat, la Fundación IVO se persona en el expediente de la convocatoria y consigue el citado informe.
14 de septiembre. El Patronato de la Fundación IVO aprueba, con división interna, no formalizar el acuerdo habida cuenta del informe.
20 de septiembre. Se reúnen en la sede de la Conselleria el presidente de la Fundación IVO, Antonio Llombart, y la cúpula del departamento que dirige Carmen Montón, con la propia consellera al frente.
22 de septiembre. La Fundación IVO solicita una prórroga del plazo de entrega de la documentación.
