Jorge Rodríguez, en la Diputación de Valencia. Foto: EVA MÁÑEZEl alcalde de Ontinyent, procesado por las posibles contrataciones irregulares en Divalterra, espera "tener derecho a una defensa justa en el juicio" y asegura que "lo último" que se planteó fue "enchufar a gente"
VALÈNCIA. Jorge Rodríguez admite que poco le ha sorprendido el final esperable de la instrucción del caso Alquería. El juez dictó el pasado miércoles auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de Valencia y otros 14 cargos por una contratación "simulada" de un total de nueve directivos en la empresa pública Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Algo que conllevó, de acuerdo con el magistrado, un posible desvío de 1,12 millones de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en el reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
Pese a que la resolución apunta a que todo se trató de un "plan preconcebido" por Rodríguez, él asegura, en declaraciones a este periódico, que "lo último que uno piensa" cuando llega a la corporación y "recibe la herencia del PP" en Imelsa –nombre anterior de la empresa pública que se encuentra en el centro del caso Taula– es "en dedicarse a enchufar a gente". "Si hubiéramos tenido la percepción de estar haciendo algo ilegal no habríamos seguido adelante", apunta.
Aun con el horizonte al que se acerca de la apertura de juicio oral, indica que "en ningún momento" se plantea "dimitir" como alcalde de Ontinyent. "Cuando decidí volver a presentarme era conocedor de que se iba a abrir juicio oral y la gente que me votó también, pero todo el mundo que lo hizo no se creyó las acusaciones", señala.
"Si yo urdo un plan para enchufar a gente, parece extraño que cuatro fueran de Compromís y tres de mi partido", reflexiona. Y defiende una forma de actuar que el juez considera posible malversación y prevaricación: "Hay que pensar de qué situación veníamos. En una empresa de 600 trabajadores, crear directivos para que pusieran orden en todo aquello nos parecía lo más apropiado".
Sobre los informes en contra de las contrataciones, comenta que no todos eran en ese sentido. "Lo que lleva a que yo pida a José Luis Vera –director jurídico de Divalterra– un pronunciamiento es la discrepancia de criterios. En ese momento, lo que él dice es que se puede optar por la vía de clasificar la empresa y mantener los puestos", señala. De paso, aprovecha para recordar que la clasificación en el Grupo I se sigue manteniendo a día de hoy, como ha venido publicando Valencia Plaza.
En cuanto a la malversación, considera que "se puede hasta discutir que los contratos sean correctos o no en términos administrativos, pero lo que no es discutible es que los altos directivos ejercieron sus funciones y dieron cuenta al Consejo de Administración". Sus sueldos, añade, reflejan ese trabajo. Algo en lo que el juez discrepa, puesto que cree que estas personas, aunque acudieran a su puesto, nunca realizaron realmente labores rectoras en Divalterra.
Rodríguez lamenta que en la fase de instrucción no se les haya admitido testificales ni periciales y confía en que cuando se abra juicio puedan "tener derecho a una defensa justa".
