Josep López no da el perfil

"No veo a este hombre negociando el contrato del fútbol con Jaume Roures". Este hombre es el periodista Josep López Álvarez y esta respuesta la daba alguien que conoce bien lo que fue RTVV y también al candidato de Ximo Puig a presidir la recién creada Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), sucesora de la no del todo extinta RTVV.

López, excorresponsal de Canal 9 en Bruselas, redactor de Internacional que desde 1997 se vio relegado a informar con teletipos desde Burjassot, apartado de la primera línea por no plegarse como otros a la doctrina popular, miembro del Comité de Redacció desmantelado por cantar las cuarenta (manipulaciones), dicen que "algo radicalizado por los 20 años en paro técnico", es un profesional intachable según quienes lo conocen. Buena persona, ideal para un cargo representantivo si hubiese consenso, idóneo en un puesto de mando en Canal 9, pero no da el perfil para presidir la Corporació.

No da el perfil porque el presidente del Consejo Rector de la CVMC no es un cargo representativo, sino ejecutivo, con un sueldo de secretario autonómico –57.586 euros brutos anuales en 2016– y con las siguientes funciones exclusivas de administración y dirección ordinaria, entre otras:

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector; instruir y supervisar la formulación de las cuentas anuales de cada ejercicio; elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Corporación y los de explotación y capital de sus sociedades; preparar la propuesta del informe anual sobre la gestión de la Corporación y sus sociedades; verificar la ejecución de las directrices generales de actuación de la Corporación, aprobadas por el Consejo Rector; aprobar y celebrar los actos, contratos y negocios jurídicos en las materias y cuantías que acuerde el Consejo Rector; actuar como órgano de contratación de la Corporación, sin perjuicio de las competencias del Consejo Rector; proponer al Consejo Rector la aprobación de la organización básica de la Corporación y de sus sociedades; proponer al Consejo Rector, de común acuerdo con la dirección general, el nombramiento y cese del equipo de dirección de las sociedades; dirigir y coordinar las actividades de los órganos directivos de la Corporación, de conformidad con las directrices del consejo; la jefatura superior del personal y de los servicios de la Corporación bajo las directrices básicas que en esta materia establezca el Consejo Rector; autorizar los pagos y gastos de la Corporación (esto es sólo un resumen del artículo 12 de la ley).

Esto, con todos mis respetos hacia Josep López, a quien no tengo el gusto de conocer, no es trabajo para un periodista. Lo escribe aquí un colega que dirige un periódico pero no la empresa que lo edita, afortunadamente. Así ocurre en todos los medios de comunicación con un cierto tamaño, los contenidos los dirige un periodista y la empresa la lleva un ejecutivo preparado para ello. Una televisión pública es mucho más que los servicios informativos, que sí podría dirigir un periodista como López. Al lado de esa evidencia, que le saquen al candidato –por cierto, fuego amigo– que su señora es prima de Boix y Orengo es casi anecdótico.

Y lo del Consejo Rector, al que la ley otorga un paquete de atribuciones de administración no menos importante que al presidente (artículo 16 de la ley), tres cuartos de lo mismo. Cada uno de los candidatos designados puede ser –lo es, en los casos que conozco– excelente persona y excelente profesional, pero administrar una empresa de 400 o más trabajadores y más de 50 millones de euros de presupuesto obligaba a los partidos políticos a formar un consejo que no se pareciera a los de la CAM, que cuando sus integrantes fueron llamados a explicar el desastre confesaron, algunos sin rubor, que no tenían ni idea de lo que aprobaban.

Los mismos grupos que han firmado una excelente ley están a punto de malograrla por las prisas y los compromisos. Dice la ley que los diez miembros del Consejo Rector, incluido su presidente, deben acreditar "haber desempeñado, durante un plazo no inferior a diez años, funciones en órganos de administración, alta dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas relacionadas con el ámbito de la comunicación o la gestión pública", aunque el mismo artículo abre la puerta a que sean personas que "tengan relevantes méritos en el ámbito de la comunicación o la cultura, tanto en su actividad profesional como en su dimensión docente o investigadora".

Pues bien, ni uno sólo de los candidatos pertenece al primer grupo, salvo, si me apuras, Vicent Vergara, director de la Cartelera Turia, que acredita años de gestión en pequeñas empresas del ámbito de la cultura (también estaba Rosa Serrano, pero se cayó de la lista para dejar sitio a Maite Fernández).

El resto son periodistas, profesores de Periodismo, Publicidad y Sociología, una experta en comunicación y la representante de los sindicatos, Lola Navarro, que al final será la que más sepa de economía de todos. Muchos expertos en comunicación, muchos teóricos, pero como publicó Valencia Plaza al día siguiente de conocerse los nombres, ningún economista, ningún profesional del Derecho, nadie con experiencia y formación para administrar una gran empresa.

Con estos mimbres, uno se pregunta quién va a poner en marcha la CVMC –imagino la primera reunión del Consejo Rector: "¿No tenemos asesores? Llamad al Palau"–, y sospecha que la idea es que el trabajo lo vaya haciendo Presidencia –a Vidal tampoco le gusta lo que está viendo– hasta que haya un director general que se ocupe de todo. Un cargo para el que ya circulan nombres otra vez de periodistas, además del de Pilar Pérez Solano.

Los políticos y los futuros consejeros deben tener en cuenta que el director general de la CVMC ya no va a ser lo que era el de RTVV, que tenía atribuciones muy por encima de las del consejo de administración del ente. Recuérdese la batalla competencial que mantuvieron al inicio el primer presidente de RTVV, Enrique Linde, y el primer director general, Amadeu Fabregat, resuelta a favor del segundo porque la ley otorgaba al director general, nombrado por el Consell, bastantes más funciones que la actual.

Aquel primer consejo de administración que puso en marcha la radiotelevisión pública con muchas menos prisas y menos lastres que ahora –ojo al tema judicial-laboral, que puede hacer saltar todo por los aires– estaba formado por gente como el abogado Linde, el economista y asesor de empresas José María Gil Suay, el especialista en derecho laboral y administrativo Manuel Prieto, la jurista Begoña Gómez-Marco, los exconsellers de la época preautonómica Leonardo Ramón y Manolo Tarancón y el profesor que había dirigido varios organismos públicos y universitarios Antonio Martínez Calvo. En fin, profesionales con alguna idea de lo que es una empresa y de lo que es dirigir una organización.