Vista de los cultivos alrededor de la Albufera de València. Foto: APALICANTE. Nuevo conflicto a la vista en torno a la polémica conducción Júcar-Vinalopó. Mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) planea votar este miércoles el 'cierre' progresivo al regadío de seis acuíferos en el Alto Vinalopó (incluido el de Villena) tras declararlos sobreexplotados, sin esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronuncie sobre dicha declaración, el nuevo plan de cuenca del Júcar que se tramita en estos momentos introduce otro elemento de discordia: los 'sobrantes' que se iban a dedicar al trasvase desaparecen para destinarlos a regenerar la Albufera.
En realidad, se trata de una jugada en dos tiempos. Desde los 'pactos del agua' de 1998, cuando se estableció la arquitectura básica del trasvase, quedó sentado que el Vinalopó recibiría el agua ahorrada en el curso del Júcar gracias a la modernización de regadíos que se iba a acometer. Esta condición, plasmada en el convenio entre la Generalitat y los usuarios del Júcar de 2001 mediante el cual el Gobierno autonómico se comprometía a sufragar esa modernización. No porque sí, sino precisamente para generar esos ahorros que se enviarían al Vinalopó para paliar la sobreexplotación de los acuíferos.
Ese acuerdo se ha estado incluyendo año tras año, a título testimonial (puesto que el trasvase nunca se ha regulado, ni sus usuarios, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí, han pasado a tomar parte en la gestión anual de los recursos de la cuenca), en los sucesivos planes de cuenca, que se aprueban para cinco años. Hasta ahora: en el texto que se pretende aprobar, desaparece la mención expresa al envío al Vinalopó de los ahorros ('sobrantes') generados con la modernización de regadíos en el Júcar que pagó el Consell.
Eso en lo que se refiere al primer tiempo. El segundo es el acuerdo anunciado el pasado enero por la Conselleria de Transición Ecológica y la Acequia Real del Júcar de enviar a la Albufera el ahorro conseguido con la modernización de regadíos, en el marco de su convenio de colaboración. Es decir, los mismos sobrantes que desde 2001 se iban a dedicar a recargar los acuíferos del Vinalopó, se adjudican ahora a otro sistema sobreexplotado, como es la Albufera de Valencia. Este acuerdo se plasmó en las alegaciones al Esquema de Temas Importantes (ETI) o 'borrador' del Plan del Júcar para 2022, y se aprobó una Proposición no de Ley en el mismo sentido en Les Corts, apoyada solo por los partidos del Botànic.
Salvar la Albufera deja así sin 'sobrantes' que trasvasar al Vinalopó, objetivo primordial de la citada modernización, y a sus usuarios sin poder participar en la gestión del Júcar, al no convertirse el trasvase en demanda de la cuenca en pie de igualdad con el resto de usuarios del Júcar, incluidos los de Castilla-La Mancha. De ahí que, en vez de quedar regulado por ley su uso, como se suponía que iba a suceder cuando se cambió el punto de toma en 2005, ahora los regantes dependan de acuerdos anuales para envíos como el de este verano, de 18,8 hectómetros a 29,5 céntimos el metro cúbico.
La CHJ, precisamente, anunció que este mismo martes comenzará el envío de agua al Vinalopó, en principio para 17 comunidades de regantes, de las que es la del Alto Vinalopó la que más volumen autorizado tiene, con 4,3 hectómetros. No obstante, muchos regantes van a renunciar a emplear el agua de este envío, por las condiciones que supone su aceptación: básicamente, la sustitución de derechos por los de los acuíferos que la misma CHJ quiere 'cerrar' entre este año y 2027. Es decir, que todo apunta a que no se consumirá ni mucho menos la cantidad autorizada.
Y en paralelo, el miércoles se votará la citada reducción de la concesión al regadío (y también a los abastecimientos, aunque en este caso se compensan con el Taibilla y la desaladora de Mutxamel) fruto de la declaración de sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó, lo que se traduce en que los 95,3 hectómetros que tiene concedidos ahora el regadío en la zona pasarán a ser solo 9,3 en cinco años: un 90% menos. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, pidió este lunes en Alicante que la CHJ deje sobre la mesa esta medida para poder estudiarla y consensuarla con los regantes, como contó este diario.
