Seiscientos años reclamando agua del ‘Chúquer’, veinte años desde el pacto de Alarcón que puso en marcha el trasvase, seis desde que se terminó tras el cambio de trazado que elevó su coste a cuatrocientos millones… y el agua sigue sin llegar
ALICANTE.- «El grave problema que tiene la sobreexplotación es que no la vemos. Pero si te imaginas que el castillo de Villena es un acuífero, al ritmo que se extrae el agua del de Carche-Salinas, la fortaleza desaparecería en solo dos años y medio». Quien habla es Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja. El organismo que agrupa (o debería agrupar) a todos los usuarios que esperan el agua del trasvase Júcar-Vinalopó. La transferencia se diseñó en los años 90 para paliar la sobreexplotación que padecen los acuíferos del Vinalopó, de donde se extrae agua tanto para el regadío de la zona como para el abastecimiento de numerosas ciudades (incluso Alicante), en función de los derechos concedidos en su momento por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Del acuífero del que habla Martínez, sin ir más lejos, beben ciudades enteras como Monòver, Salinas y Elda. La idea es sustituir recursos: usar el agua trasvasada y dejar de sacarla del subsuelo para permitir que los acuíferos se recuperen.
Del trasvase del Júcar al Vinalopó ya se hablaba hace casi seiscientos años: se ha encontrado documentación de 1420 en la que agricultores de Elche pedían transportar hasta su huerta agua del río ‘Chuquer’. Sin embargo, y con permiso del trasvase del Ebro, que nunca llegó a realizarse, probablemente sea la infraestructura más gafada de la historia de la planificación hídrica en España. Desde que se planificó en los años 90 del pasado siglo hasta hoy, cuando el cuerpo principal de la tubería lleva un lustro terminado pero no puede funcionar a pleno rendimiento, el trasvase ha protagonizado encarnizadas luchas políticas, enfrentamientos entre agricultores cedentes y beneficiarios, paralizaciones de obras, cambios de trazado, errores garrafales en su construcción…
El momento crítico se vivió en 2005. La ministra de Medio Ambiente (hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez), Cristina Narbona, paralizó las obras que estaban en marcha para cambiar el trazado: el Júcar-Vinalopó original tomaba el agua de la presa de Cortes de Pallás, pero el Ministerio de Medio Ambiente, siguiendo el criterio de organizaciones ecologistas y de los propios regantes del Júcar, decidió llevarla a la desembocadura del río, en Cullera. La obra se retrasaba y se encarecía, mientras los supuestos beneficiarios del trasvase rechazaban el agua del azud de la Marquesa porque era más cara (por el mayor coste energético de la transferencia) y de peor calidad, al tomarse al final del Júcar.
Pero la consecuencia más nefasta fue que saltó por los aires el consenso alcanzado en 1998, en los denominados ‘pactos del agua’ o ‘pactos del Alarcón’, y que el Júcar-Vinalopó, como el Ebro o el Tajo-Segura, iba a abandonar el terreno de la ingeniería para convertirse en un elemento más de la batalla partidista. Esos pactos, firmados por el entonces ministro de Medio Ambiente del PP, Jaume Matas, y el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, entre otros, establecían que los regantes del Júcar cedían el embalse de Alarcón al dominio público, y a cambio el Estado pagaba la modernización de regadíos para generar ahorros que permitieran el trasvase al Vinalopó. De momento solo se han cumplido dos de las tres condiciones.
Inicialmente, el Júcar-Vinalopó debía entrar en funcionamiento en 2008 y costar 240 millones de euros. Finalmente, la obra principal (lo que se conoce propiamente como ‘trasvase’) se dio por finalizada en 2011, tres años más tarde, y con un coste que se calcula en unos cuatrocientos millones. Buena parte de ellos, provenientes de los fondos Feder que concedía la Unión Europea a la Comunitat Valenciana por ser, en aquella época, Región Objetivo 1. Pero aún quedaban más contratiempos por venir: la prueba de carga del embalse de San Diego, en Villena, donde debe almacenarse el agua trasvasada para regular su reparto posterior, reveló que el enorme depósito estaba agrietado. Se construyó en un terreno arcilloso que cedió al peso de la estructura, que no se impermeabilizó. Lleva seco cinco años.
El trasvase se diseñó para enviar hasta 80 hectómetros al año al Vinalopó. No obstante, y a pesar de que está terminado desde hace más de un lustro, en estos momentos se están enviando unos 5,5 hectómetros al año (aunque están autorizados hasta 15, las tuberías no dan para más), que no pueden llegar a todos los usuarios. La ausencia de un embalse regulador en San Diego es una de las causas fundamentales, pero también el hecho de que el postrasvase, o las conducciones que tienen que llevar el agua desde Villena a todas las comunidades de regantes con derechos, no está terminado. Tenía que haberlo construido la Generalitat, pero buena parte de la obra sigue pendiente, lo que complica la gestión y el reparto del caudal trasvasado.
El director general del Agua, Manuel Aldeguer, confía en que las obras de la conducción de la margen izquierda, que conectarán el embalse del Toscar, en Monòver, con las comunidades de regantes de Agost y Monforte del Cid, comiencen antes de finales de año. Su departamento está esperando la Declaración de Impacto Ambiental que concede su propia conselleria (Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en manos de la socialista Elena Cebrián) y, si nada se tuerce, debería tenerla este mismo mes de agosto. Se trata de una conducción de 36 kilómetros que costará entre 45 y 46 millones de euros, según Aldeguer. «Se va a pagar con Fondos de Compensación Interterritorial», los que emplea el Estado para equilibrar el reparto de recursos entre autonomías una vez liquidada la financiación autonómica. «Nosotros tenemos consignados esos recursos en el Presupuesto, y a su vez también figuran en los Presupuestos Generales del Estado para este año».
La Dirección General del Agua ha dividido ese trazado en cuatro subtramos, para licitarlo por partes, con un doble objetivo: abrir el contrato a más de una empresa, y ganar en agilidad: «si fuera un solo proyecto, se nos complicaría muchísimo la tramitación, porque puede que tengas que atravesar una vía de tren, o pasar por un punto delicado de un término municipal, se amontonarían las alegaciones y nos arriesgaríamos a tener que rehacerlo varias veces», argumenta Aldeguer. Según sus cálculos, el tramo Cero comenzará a construirse en las Navidades de 2017, de forma que el año que viene el agua del Júcar empezará a llegar a las primeras comunidades de regantes de la margen izquierda. En teoría, la conducción estará terminada por completo en 2019.
Queda el problema de San Diego. Sí, el agua puede llegar a sus destinatarios sin haber sido almacenada previamente en Villena, pero este embalse, con capacidad para 20 hectómetros cúbicos (una cuarta parte del máximo trasvasable, según el diseño inicial de la transferencia) permitirá, entre otras cosas, regular los momentos del trasvase. Por ejemplo, enviar el agua en invierno, cuando hay sobrantes, y tenerla almacenada para repartirla en verano, cuando en la zona beneficiaria escasea. Poder almacenar el agua permitiría también rebajar el precio del metro cúbico, ya que el consumo energético que acarrea el bombeo podría concentrarse en las franjas horarias en las que el precio de la luz es más asequible. Según Aldeguer, la reparación del embalse está presupuestada en veinte millones de euros, «aunque hay una propuesta que sería mucho más barata, asfaltarlo para impermeabilizarlo». De momento, no hay una fecha prevista para empezar la obra, que en este caso corresponde a la sociedad estatal Acuamed, dependiente del Ministerio.
Menos optimista que Aldeguer se muestra Andrés Martínez, el presidente de los regantes que esperan desde hace quince años la finalización del trasvase Júcar-Vinalopó. Martínez, presidente también de la comunidad de regantes de Villena, fue a mediados de la pasada década uno de los rostros visibles de la ‘guerra del agua’ en la Comunitat, y protagonizó sonoros encontronazos no solo con los regantes del Júcar, sino con los políticos del PSOE. Tanto que en algún medio se llegó a especular con que quería ser conseller del gabinete de Francisco Camps. El tiempo ha demostrado que esas especulaciones no eran más que eso.
El momento crítico se vivió en julio de 2005. La ministra Cristina Narbona paralizó las obras que estaban en marcha para cambiar el trazado
Al respecto, Martínez lamenta el tiempo perdido en batallas políticas, pero recuerda que «a mí no me comunicaron la paralización de las obras y el cambio de trazado en la Confederación o el Ministerio, sino en la sede de un partido político», en la calle Blanquerías, para más señas. Ahora, aunque mantiene sus diferencias con el nuevo Consell a cuenta de la titularidad del embalse del Toscar (la Generalitat se lo cedió con José Císcar como conseller de Agua, y ahora Julià Álvaro quiere revertir esa cesión), este empresario hortofrutícola se muestra desencantado por igual con todos los partidos. Tampoco el PP ha solucionado los problemas del trasvase, pese a gobernar en Madrid los últimos seis años, cuatro de ellos con mayoría absoluta.
Andrés Martínez advierte de que los dos motivos principales que llevaron a su junta a rechazar el cambio de trazado siguen ahí: «el agua es cara y de poca calidad». Actualmente la están pagando a 15,5 céntimos el metro cúbico en alta, lo que eleva el precio a unos 18,6 céntimos al añadir los costes de mantenimiento y distribución. Pero es un precio ‘político’, a través de un acuerdo con Acuamed. El definitivo triplicará estos baremos, por lo que es fundamental que el caudal se pueda destinar también a abastecimiento, de forma que el coste para los regantes se amortigüe. Más problemas, estos burocráticos: como aún no se han redactado unas normas de explotación, es la CHJ la que aprueba cada año una concesión coyuntural, los citados 15 hectómetros (frente a los 80 previstos), que además no pueden consumirse en su totalidad.
El plan de cuenca del Júcar, además, complica el trasvase. El artículo 20 reduce a unos 4.000 metros cúbicos por hectárea y año la media de las concesiones en el Vinalopó, frente a las 10.000 del Júcar, mientras que el artículo 43 limita las cantidades que pueden recibirse para sustitución del agua subterránea porque calcula el uso efectivo en los últimos quince años, en los que «se ha regado poco» por la sequía. Los regantes tienen recurrido el plan de cuenca en el Supremo, a donde hace un mes acudieron a declarar, a propuesta suya, los expertos Antonio Gil Olcina y Paco Cabezas. La última batalla del Júcar-Vinalopó se libra en los tribunales.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 5 (VII/17) de la revista Plaza Alicante