Manifestación contra la violencia de género. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja y Picassent dejarán de tener competencia en materia de violencia de género y serán reagrupados en otras demarcaciones judiciales, según se establece en el Real Decreto 954/2022 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de noviembre y publicado en el BOE el 16 de noviembre. En la provincia de Alicante también se verán afectados por la medida Sant Vicent del Raspeig y Novelda.
El Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV) ha mostrado su oposición a esta reorganización judicial mediante un comunicado en el que pide que se escuchen sus reivindicaciones por las consecuencias que supondrá para las víctimas la pérdida de competencias en violencia de género en sus demarcaciones.
"Esto es un problema muy grave que afectará a las víctimas, a los letrados y letradas de oficio que les deban atender, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todo el sistema judicial que debe velar antes que nada porque las víctimas que sufren este tipo de violencia estén en las mejores condiciones", asegura la decana del ICAV, Auxiliadora Borja.
Una semana antes de la publicación del decreto en el BOE, la decana del ICAV ya se reunió con la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Angels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, para advertir a la administración de las "consecuencias nefastas" que podía conllevar no haber contado con la Abogacía a la hora de crear esta norma.
La decana ha mantenido una reunión de urgencia con los delegados de los partidos judiciales del territorio ICAV con el objetivo de aunar la postura del Colegio. Acompañada de la diputada 2ª de la Junta de gobierno y responsable del área de Turno de oficio, Raquel Marco; la presidenta de la Sección de Violencia de Género y Doméstica, Alicia Bayarri; la representante de la Sección del Turno de Oficio, Josefina Carmona, junto con los delegados de todas las demarcaciones del ICAV han concluido exigir la reversión absoluta de esta situación, siempre respetando los juzgados de violencia de género que se han determinado.
"No es que no queramos que existan los juzgados de violencia de género que se han determinado en el real decreto, lo que queremos es que los juzgados que ya tenían competencias en esta materia no las pierdan, porque las primeras afectadas van a ser las víctimas", explicó Borja. Según el ICAV, hay casos como el de Xàtiva, en los que la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta, o el de Catarroja con más de 60. "Algo que además va en contra de lo que establece el propio decreto: conseguir una mejor optimización de los recursos disponibles con el fin de alcanzar una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil y uniforme".
En definitiva, según el Colegio, se trata de conseguir una óptima prestación del servicio público, y "al final la norma consigue exactamente el efecto contrario a lo que persigue y se convierte en una medida disuasoria para las víctimas".
El ICAV enviará a la Conselleria de Justicia de un documento con la postura del ICAV en el que se pide la reversión de esta situación, la creación de nuevos juzgados de violencia de género que poco a poco vayan cubriendo cada partido judicial y, en los casos en los que esto no se pueda llevar a cabo de forma inmediata, la compensación económica también a los abogados y abogadas de oficio encargados de asistir a las víctimas de violencia de género.
