VALÈNCIA. El juez encargado de la nueva causa judicial contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, Jacobo Pin, ha aceptado la personación del PSPV como acusación popular condicionada a la prestación de una fianza de 3.000 euros.
El magistrado razona que se puede admitir que el interés del partido es "la salvaguarda de los intereses generales que se ven afectados por la indubitada trascendencia social de los hechos investigados, que atentan a parámetros fundamentales que conforman la línea de flotación de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y a la dignidad de los ciudadanos". La petición de personación del PSPV fue presentada por el abogado Adrián Vidal y varios cargos socialistas de Castellón hace pocas semanas.
La investigación que afecta al exdirigente del PP fue iniciada por el juzgado en junio de 2017, tras recibir una denuncia de la Fiscalía por la posible comisión de los delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
En el auto publicado por Valencia Plaza, el magistrado apuntaba a "un presunto entramado elaborado por Fabra para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública". Así, la causa indaga en sospechosas operaciones económicas con las cuales habría ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia del conocido como caso Naranjax de 2013. En ella fue condenado por cuatro delitos fiscales a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros.
Como consecuencia de la ejecución del fallo por parte de la Audiencia Provincial de Castellón en 2014, todavía debe actualmente 919.108 euros a la Agencia Tributaria.
Una situación que sorprende a los investigadores, que destacan que sólo con respecto a las cuentas del expolítico, en el periodo investigado consta una media de ingresos mensuales de 19.000 euros en efectivo. A lo que se añaden otras operaciones a través de familiares, terceras personas o sociedades mercantiles. Motivo por el que el juez citó a declarar como investigados a más de una veintena de empresarios y particulares que ordenaron o participaron en transferencias de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades.