Foto: DIPUTACIÓN DE VALENCIAVALÈNCIA (EP). Un juzgado de València ha ordenado a la Diputación de Valencia readmitir a un funcionario, jefe de la oficina medioambiental, de 65 años, que pidió prolongar su actividad en la institución hasta los 70 años. El centro lo rechazó y ahora tiene que pagarle los salarios atrasados desde julio de 2019.
Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez estima parcialmente el recurso presentado por el funcionario contra el decreto de la Diputación por el que se le desestima su pretensión de prolongar su permanencia en el servicio activo y por el que se declara su situación de jubilación forzosa. En su resolución, el juez recuerda que tiene derecho a alargar su jubilación pero la Diputación debe revisar esta posibilidad cada ejercicio.
El funcionario, representado por el abogado Javier Tarazona a través de CSIF, trabajaba como jefe del área de carreteras hasta 2015, cuando se le trasladó a un nuevo puesto creado, la oficina medioambiental de la corporación provincial. A los 65 años, en julio de 2019, solicitó la prórroga de sus tareas alegando que tenía derecho a ello.
Sin embargo, se le denegó en base a un informe del departamento de personal justificativo en el que se aludía a la "innecesariedad" del puesto de trabajo que ocupaba.
El funcionario cuestionó al respecto que el informe debía ser elaborado por el jefe de servicio del departamento de medio ambiente del que dependía por exigirlo el reglamento sobre prolongación de permanencia en servicio activo del personal funcionario de la Diputación.
Alegó que la persona que había elaborado el informe no conocía su trabajo por lo que no tenía elementos de juicio para entender que las funciones del puesto no eran necesarias. Además, decía que esto contradecía el acuerdo alcanzado en noviembre de 2015 por la Diputación de dar más dedicación al funcionario para poder acometer los compromisos adquiridos con numerosos ayuntamientos y mancomunidades.
El juez, tras estudiar la documentación, estima la pretensión del funcionario al entender que la motivación de denegación es "insuficiente": "No consta qué fuentes de información pueden conducir a apreciar la inexistencia de indicadores o programas" para adoptar la decisión, señala.
De hecho, recuerda que el funcionario ya indicó en su demanda algunos de los proyectos que estaba desarrollando en la oficina de estudios medioambientales y se aportó una "abundante" prueba documental "que permite apreciar cómo el funcionario ha venido una efectiva actividad relacionada con sus funciones".
Entre otras, cita un estudio para las conexiones ciclopeatonales de los municipios de l'Horta Nort; estudios soluciones y anteproyecto del carril bici de Massamagrell a la playa de Pobla de Farnals; propuesta del corredor del barranc de Carraixet; o estudios de factibilidad del antiguo ferrocarril Carcaixent-Denia para su conversión en vía verde, entre otros.
Al respecto, el juez afirma: "No se entiende que la administración amplíe la dedicación del puesto de trabajo, lo mantenga sin incidencias y cuando éste --el funcionario-- solicita la prolongación del servicio activo, se descubra la innecesariedad del mismo en ausencia de todo informe del responsable del área".
Con todo, el juez da la razón al funcionario, declara nula la resolución de la Diputación y reconoce el derecho del recurrente a la prolongación del servicio en los términos reglamentariamente establecidos --revisión anual--. Condena a la administración al abono de las retribuciones correspondientes dejadas de percibir desde el 12 de julio de 2019 y recuerda que contra su resolución cabe interponer recurso de apelación.
