VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia ha convocado un proceso para ocupar dos plazas de cargos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), el organismo autonómico encargado de las materias de protección ciudadana y seguridad pública en la Comunitat Valenciana. El organismo que dirige José María Ángel busca encontrar dos funcionarios para los puestos de subdirección general de Seguridad y de jefatura de servicio de Soporte a la Selección.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este martes la resolución de la Conselleria para la provisión de estos dos puestos de naturaleza funcionarial del grupo A1 y que son de libre designación. En ambos casos, los procesos están abiertos a funcionarios de otras administraciones. El primero centrará su trabajo en la propia Agencia, sita en Valencia, mientras que el segundo estará destinado a Cheste para trabajar en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).
Así, la Conselleria que dirige Gabriela Bravo se lanza a la busca de empleados públicos para estos dos puestos en la Agencia donde, ciertamente, ya ha habido problemas para encontrar interesados en otros casos. Concretamente, en las plazas de la subdirección general de Formación, Seguridad Pública y Emergencias; la jefatura de servicio de Formación en Emergencias; y la plaza homóloga de Formación de Seguridad.
En aquel caso, las convocatorias no parecieron tener demasiado éxito: las plazas quedaron desiertas. Las dos primeras no estaban abiertas a funcionarios de otras administraciones y no atrajo participantes admitidos, por lo que quedaron vacantes. Y en la otra, que sí se abrió a empleados otras administraciones, y pese a haber candidatos admitidos, tras el análisis de la documentación adjunta a las solicitudes se concluyó que no cumplían los criterios objetivos necesarios.
Ahora, la Agencia busca perfiles para otras dos plazas funcionariales. Habrá que ver si el organismo que dirige Ángel tiene más suerte esta vez.
La investigación se ha remitido a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social por hechos que apuntan a un posible fraude debido a cotizaciones que no se realizaron