El Consorcio València estudia abrir un litigio por la venta a un fondo de la deuda de la Marina

VALÈNCIA. El Consorcio València 2007 comienza a definir su estrategia negociadora con el fondo que ha comprado parte de su deuda. La entidad participada por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València ha encargado a la Abogacía del Estado un informe sobre la situación generada tras la cesión por parte de Banco Santander de un paquete de deuda impagada de 64 millones al fondo TCA ECDF Investments (Taconic), que ya se ha dirigido al Consorcio para presentarse como nuevo acreedor y comenzar a negociar el pago de una deuda de la que responden directamente las tres administraciones porque no está avalada por el Ministerio de Hacienda.

El análisis que va a realizar la Abogacía del Estado, que se espera que pueda estar listo en dos semanas, tiene por objetivo definir cuál es la mejor alternativa ante el nuevo acreedor, que parte como elemento de fuerza en la negociación con la posibilidad de abrir un litigio en Reino Unido por el impago de la deuda. El grueso de la la deuda cedida por el Santander a Taconic es un derivado financiero (swap) que el Consorcio tuvo que contratar para cubrir el riesgo del tipo de interés de los 319 millones que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó para las obras de la America's Cup de 2017. Este producto está sometido a la legislación británica.

Según explican fuentes de la negociación, existen varios escenarios jurídicos posibles; desde tomar la iniciativa y abrir una vía de negociación con este fondo hasta esperar a que el fondo concrete su amenaza de acudir a los tribunales si no se paga la deuda. Los servicios jurídicos también van a analizar las posibilidades de impugnar la cesión del crédito que en su momento llevó a cabo el Banco Santander con un importante descuento que no ha trascendido y de espaldas a las administraciones, lo que generó malestar entre los responsables del Consorcio.

Incluso se estudia si existiría la opción, según las mismas fuentes, de ejercitar el derecho de retracto. Para ello, habría que reclamar judicialmente el reconocimiento de este derecho regulado en el artículo 1.535 del Código Civil y que, en caso de cesiones de crédito como la llevada a cabo por Banco Santander con la deuda de la Marina, permite al deudor saldar la deuda pagando al nuevo propietario lo mismo que éste pagó al acreedor original. Para ello han darse dos condiciones: que el crédito sea un crédito litigioso y que no hayan transcurrido más de nueve días desde la primera reclamación efectiva del pago por parte del nuevo dueño de la deuda. 

El consorcio estudia reclamar el derecho de retracto para recomprar la deuda al mismo precio que pagó el fondo

La venta créditos dudosos o impagados como el del Consorcio València con un fuerte descuento es una práctica habitual de las entidades bancarias para asegurarse al menos el cobro de una parte del crédito sin tener que pleitear con los deudores. Fondo oportunistas como Taconic, que compró la deuda de las autopistas quebradas en España con un descuento del 90%, están especializados en este tipo de operaciones. Su negocio consiste precisamente en comprar barato, iniciar una agresiva negociación con el deudor y lograr la mayor cantidad posible para maximizar las ganancias.

El origen de los más de 64 millones de euros de deuda impagada que el Santander ha cedido a Taconic es el mencionado derivado financiero que el Consorcio se vio obligado a contratar en febrero de 2006 y que ha resultado más caro de lo previsto por la caída de los tipos de interés. A ello se suman otros 9 millones de una póliza de crédito –12 millones con intereses– que la propia entidad que preside Ana Patricia Botín puso a disposición del Consorcio para afrontar los impagos del swap.

El banco reclamó por vía judicial en julio del año pasado los 12 millones de la póliza de crédito, vencida desde 2014, y el juzgado decretó el embargo de saldos bancarios por valor de los 4,9 millones de euros pendientes de abono, por lo que varios de los ingresos por alquileres de la Marina, como los de EDEM o Lanzadera, van directamente a esa cuenta que ahora está en manos del fondo extranjero.

Pendientes de la nueva secretaria de Estado de Hacienda

Cuando se conoció la entrada en escena del nuevo acreedor, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento instaron al Ministerio de Hacienda a reunirse urgentemente en el Consejo Rector del Consorcio para definir la estrategia a seguir. La reunión se retrasó ante la imputación del secretario de Estado de Hacienda del Gobierno que aún presidía Mariano Rajoy, que era la persona que representaba a la Administración General del Estado en el Consejo Rector.

La posterior moción de censura y la llegada a la presidencia del socialista Pedro Sánchez han impedido mantener todavía ese encuentro a la espera de que la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formase su equipo. Completado ese trámite, el Ayuntamiento y la Generalitat esperan mantener esta semana los primeros contactos para concretar la reunión.

Tanto el Govern municipal de la Nau como el Consell han aprovechado la aparición del Taconic para intensificar la reclamación sobre la deuda del Consorcio València, que en conjunto alcanza los 426 millones de euros. Dado que la Marina de València es incapaz de generar recursos suficientes para devolver la deuda, las instituciones valencianas aspiran a que el Estado asuma la mayor parte de la misma como ya se hizo en su día con la financiación de las infraestructuras necesarias para la celebración de las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza o con los Juegos Olímpicos de Barcelona.