Carga policial en la manifestación del pasado jueves. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Botànic vuelve a estar en desacuerdo. La actuación policial en las últimas manifestaciones en defensa del rapero Pablo Hasél se ha convertido en el nuevo punto de desencuentro entre el partido mayoritario del Consell, el PSPV, y sus socios Compromís y Unides Podem.
En las últimas 48 horas se han sucedido las declaraciones públicas por parte de las distintas formaciones tanto en el ámbito local como en el autonómico para criticar o defender a las fuerzas de seguridad del Estado, así como a los cargos políticos que las supervisan.
Desde Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, consideró que las movilizaciones eran "fundamentalmente pacíficas" y resaltó la "importancia" de que la actuación de la Policía fuera "proporcionada". Por su parte, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, también de la coalición valencianista, calificó de "preocupantes" las imágenes y se mostró favorable a que los jóvenes sean educados en una cultura de la "libertad y de la convivencia pacífica". "Una cultura que no sea del miedo y mucho menos hacia personas que nos tienen que proteger", apostilló.
Más allá fue el Bloc, fuerza mayoritaria de Compromís, quien pidió en un comunicado el cese de la socialista Gloria Calero, delegada del Gobierno, por su gestión al frente de la Policía Nacional y por "haber justificado las desafortunadas actuaciones", en referencia a las "desproporcionadas" cargas policiales, que incluso sufrió el diputado de la coalición Carles Esteve.
Unas críticas a las que también se unió Podem, aunque de una manera algo más accidentada, dado que el comunicado de la formación morada se refería a unas palabras que el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, habría pronunciado en el pleno del Gobierno valenciano. Una situación curiosa dado que, además de que las deliberaciones en esta reunión son secretas, el propio Martínez Dalmau desconocía que hubiera enviado un comunicado en su nombre, según aseguraron fuentes de su entorno.
Al margen de esta circunstancia, Podem afeó en su comunicado los "abusos policiales" y expresó su defensa a la libertad de expresión y al derecho de manifestación. En esta línea, exigió además la apertura de una investigación y la comparecencia en Les Corts de la delegada del Gobierno para explicar lo sucedido en la manifestación, donde además también estaba presente la líder del partido y portavoz parlamentaria, Pilar Lima.
Por otro lado, en la formación socialista se mostraron mucho más cautos a la hora de valorar la situación. Referentes como la secretaria general provincial del PSPV de Valencia, Mercedes Caballero, o el vicesecretario general, Manolo Mata, expresaron en redes sociales el apoyo a su compañera. "La libertad de expresión no se defiende con violencia. Las provocaciones a quien mantiene el orden no son expresiones pacíficas. La libertad se reivindica desde el cumplimiento de las normas. Mi apoyo a Gloria Calero, la responsabilidad y buen hacer te avalan", comentó Caballero en Twitter. Por su parte, Mata, opinó que existen delitos contra la libertad de expresión que son "anacrónicos" y "se deben cambiar", pero puntualizó que Calero "autorizó una concentración e investiga si hubo exceso policial".
Sobre esto también opinó el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien estuvo en València este viernes. "En democracia no se ejerce ningún derecho por la violencia", recalcó, para subrayar que, a su juicio, "la gente de paz no hace actos violentos".
"Cuando participaba en manifestaciones clandestinas no rompía escaparates ni tiré ningún contenedor. No provoqué ningún destrozo y solo corría para que no me cogieran. Si entonces no lo hice, con 16 años, en 1976 y con una situación con muchas manifestaciones, obviamente ahora tampoco lo voy a compartir como ministro de un gobierno", relató.
También se pronunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien consideró que la cárcel "no es la respuesta adecuada para los delitos de libertad expresión", aunque eso, matizó, no significa que no deba "haber una respuesta". Respecto a posibles excesos, aseguró que la delegada del Gobierno había iniciado una investigación, si bien consideró que, "en términos generales, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es profundamente profesional y respetuosa con la Constitución".
