El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. No está siendo sencillo encontrar un lugar en el que emplazar la Agencia Antifraude que dirige Joan Llinares. Desde que se le nombrara director general de este órgano en mayo del año pasado, la búsqueda por parte del Consell -en concreto de la Dirección General de Patrimonio- y de Les Corts de un edificio público para ubicarla ha sido vana.
Durante este período de seis meses, Llinares ha iniciado los primeros trabajos de la Agencia en un pequeño despacho que ocupa de forma provisional en el parlamento valenciano. Sin embargo, el pasado mes de octubre, puso en marcha los trámites para hallar una ubicación definitiva sobre la que asentarse. Incluso, aunque fuera a través de la fórmula del alquiler privado. ¿Los motivos? El concurso público para conformar la plantilla de la Agencia ya está resuelto. Ahora bien, los 21 funcionarios de carrera que resultaron electos dos meses atrás no han podido incorporarse al completo al no existir espacio material para que desarrollen las actividades que tienen encomendadas.
Así, Llinares y los otros seis trabajadores que sí se han incorporado ya presentaron un pliego de condiciones a diez empresas inmobiliarias que contaban con oficinas acondicionadas. El pasado día 4 de diciembre finalizó el plazo en el que las agencias presentaran sus ofertas. Y, aunque la intención era que la Agencia seleccionase una de ellas antes de que acabara la segunda semana de dicho mes para suscribir un contrato de alquiler con el fin de trasladarse el 1 de enero -ya que el día 8 se incorporará más personal-, no se han podido cumplir las previsiones.
A pesar de que hace dos semanas la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude estuvo a punto de firmar un contrato de alquiler con el que iba a ser su nuevo casero -una de las inmobiliarias-, finalmente se desechó en el último momento porque la empresa trató de incrementar la cuantía del alquiler alegando que el presupuesto que le habían presentado "era orientativo", indican desde la Agencia Antifraude. Con ello, la búsqueda continuará durante los próximos días.
Entre los requisitos que pedían que reuniera el local que ofreciesen las inmobiliarias, se encontraban los siguientes: un mínimo de 400 metros cuadrados habitables y un máximo de 1.000; situado preferentemente en el distrito de Ciutat Vella (centro histórico) para que no esté alejado de Les Corts –órgano al que está adscrito–; que tenga licencia de uso para oficinas, y que reúna las condiciones de "habitabilidad, seguridad y salubridad" que permitan la inmediata entrada del personal.
El debate sobre las posibles ubicaciones que podía tener la Agencia Antifraude comenzó meses después de aprobar la ley de creación del ente adscrito al parlamento valenciano. Desde el principio fue un punto de desencuentro entre los distintos grupos parlamentarios.
Durante un tiempo se barajó que la Oficina desarrollase su actividad en un edificio contiguo la Cámara valenciana -concretamente en Conde Trénor, 6-. Sin embargo, Podemos declinó que se instalara allí tras estar seis meses a la espera de un informe técnico encargado a la Mesa de Les Corts en el que se debía definir la idoneidad o no de ese espacio.
La segunda opción, pasaba por que esta se emplazara en un bajo contiguo al parlamento valenciano, pero también quedó descartada por la profunda rehabilitación que requeriría, puesto que retrasaría más de un año la entrada a estas dependencias. La historia se repitió también con la tercera y cuarta opción: una sede en el barrio de El Cabanyal que agradaba a la formación morada y la antigua sede de la Conselleria de Bienestar Social en el número 80 de la calle Colón.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
