La Agencia Antifraude rechaza entregar a Les Corts su RPT y los contratos menores realizados

VALÈNCIA. Malestar en Les Corts con el director de la Agencia Antifraude. La negativa de Joan Llinares a entregar el número de los contratos menores realizados por la Oficina que él dirige, junto a la relación de puestos de trabajo (RPT), ha levantado ampollas tan solo dos semanas después de que compareciera en la cámara valenciana para presentar la memoria anual de 2017 y rindiera cuentas al órgano al que está adscrita la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Los pasados meses de febrero, marzo y abril, los diputados no adscritos David de Miguel y Miquel Domínguez, remitieron a la Mesa de Les Corts preguntas parlamentarias y peticiones de información dirigidas al máximo vigilante de que la corrupción no irrumpa en las administraciones públicas.

Al amparo del artículo 152 y 157 del Reglamento de Les Corts Valencianes, Domíngez le cuestionaba cómo podía justificar que tres de cada cuatro trabajadores de la agencia tuvieran "el máximo nivel y complemento retributivo como empleados de la Generalitat", motivo por el cual solicitó además que adjuntara la relación de puestos de trabajo. También preguntó si tenía pensado emprender algunas medidas después de las denuncias por presuntos fraccionamientos de contratos en el Ayuntamiento de València "como constató la Sindicatura de Comptes".

Por su parte, De Miguel le requería el número de contratos menores realizados durante todo el ejercicio anterior y la primera semana de marzo de 2018. Esta última pregunta, no obstante, no sólo se la presentaba a la Agencia Antifraude, sino que también se registró para el resto de órganos estatutarios a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público que reducía la cuantía máxima para realizar contratos menores de servicios de 18.000 euros a 15.000.

Tres demandas que no han encontrado la respuesta esperada. Llinares remitió a la Mesa de Les Corts un escrito en el que solicitaba que se inadmitieran dichas preguntas o, en su defecto, se volvieran a plantear siguiendo el procedimiento adecuado. Lo hacía porque los artículos a los que se remiten ambos parlamentarios para justificar sus peticiones de documentación hacen referencia a las preguntas que pueden presentar "al Consell y a cada uno de sus miembros". Por lo que, a juicio de Llinares, las preguntas no están bien atinadas, ya que la Agencia "tiene personalidad jurídica propia y actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones". Esto es, del Consell, gobiernos locales y resto de instituciones valencianas.

Quien levantara las alfombras del Palau de la Música de Barcelona se ciñe a que el artículo 5 de la ley de la Agencia Antifraude desarrolla que la relación del órgano que dirige con la cámara valenciana se establece mediante la comisión parlamentaria de Economía, Presupuestos y Hacienda. Esta herramienta parlamentaria es donde se ejerce el control de actuación de la Oficina y en la que debe entregar las memorias anuales y comparecer cada vez que los diputados lo soliciten –al menos una vez al año–. Con estos argumentos, solicita al parlamento valenciano que se inadmitan las preguntas o, en su defecto, "se reconduzcan por el procedimiento adecuado". 

RPT

Conviene señalar que durante la última comparecencia de Llinares para rendir cuentas sobre la actividad realizada por la Agencia desde que se convirtiera en director de la misma el pasado mes de junio, el diputado del PPCV, Luis Santamaría criticó que una sola persona -Llinares- hubiese realizado una RPT, convocado el concurso y resuelto de entre todos los candidatos cuáles eran los más adecuados para ocupar cada puesto. 

Un cuestionamiento al que el director de la Agencia respondió que solicitó en varias ocasiones que Les Corts Valencianes pusiera a su disposición un auxiliar que le ayudara a resolver el proceso de selección de personal y así poder iniciar la actividad de la agencia sin que el parlamento atendiera en ninguna ocasión tal petición.