La Agencia Antifraude pedirá otra vez cambiar su estatus

VALÈNCIA. Un año después de que Les Corts aprobaran la ley de la Agencia Antifraude, el propio órgano que dirige Joan Llinares solicitó al parlamento valenciano que se realizaran algunos cambios en la norma que le dio vida en noviembre de 2016. Algunas partes del articulado afectaban a la definición jurídica del organismo y, en un futuro, podrían convertirse en un problema para su independencia.

La petición nunca fue atendida. Para los grupos parlamentarios no tenía sentido reformar una norma apenas un año después de haberla aprobado. Una razón cuestionable si se tiene en cuenta que otras leyes como la de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha llegado a modificarse más de dos veces meses después de su validación -la última, a través de la ley del Consell Audiovisual para evitar que el desequilibrio en las bolsas de À Punt se repita cuando se convoquen oposiciones-. Ahora, Llinares vuelve a insistir y presentará de nuevo una enmienda a la ley de Acompañamiento de 2019 con los cambios que desearía que se acometieran.

El contenido de las demandas volverá a ser el mismo que hace un año. La principal petición es que la Agencia Antifraude deje de ser considerada como una "entidad de derecho público" porque en ocasiones se ha producido el equívoco de que algunos agentes la han enmarcado erróneamente dentro del Sector Público Instrumental de la Generalitat. Por ello, pedirán de nuevo que en la naturaleza de la agencia figure que ésta es una "institución".

En su escrito inicial Llinares justificaba que la Agencia no tenía determinados rasgos ni objetivos que sí tienen las entidades de derecho público. Estas últimas, por ejemplo, dependen de una o varias consellerias, mientras que la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción está adscrita a Les Corts. No en vano, las áreas del Ejecutivo valenciano es precisamente parte de la administración a la que debe fiscalizar.

Tampoco la agencia tiene como cometido cumplir programas correspondientes a políticas públicas que desarrolla el Consell, ni tiene como fin desplegar acciones con arreglo a un plan anual aprobado por el Gobierno valenciano. Así como tampoco se rige por el "derecho privado".

Presupuesto de Les Corts

Otro de los cambios que pedía y volverá a incluir Llinares en la enmienda a la ley de Acompañamiento es que la Agencia Antifraude pueda acomodarse al presupuesto de Les Corts, ya que no puede estar "sometida al régimen de Intervención General de la Generalitat". Si lo hiciera, de hecho, ésta ya no actuaría con independencia de la administración pública.

En este sentido, la Oficina también solicitará que su contabilidad esté sujeta a los principios de contabilidad pública y al sistema de autorización, disposición, obligación y pago para asegurar el control presupuestario. De esta manera, justificaría su gestión anual a instituciones independientes como la Sindicatura de Comptes.

Reglamento

En estos momentos, la Agencia Antifraude se encuentra casi a pleno rendimiento, pues está a punto de zanjarse el tercer concurso de selección de personal. Una plantilla que forman funcionarios de carrera de las administraciones. 

Para que estos empleados no vean reducidos sus derechos -como por ejemplo, pérdida de salario-, el órgano que dirige Llinares también solicitará añadir una aclaración al artículo 29 de la ley. Este determina que los puestos de trabajo "se clasificarán y proveerán de acuerdo con las normas de la Ley de función pública valenciana" y el director de la Agencia propone que se añada que "sin perjuicio de la regulación que de forma específica pueda establecerse reglamentariamente por la agencia".

Es decir, quiere evitar que mengüen las condiciones laborales de las personas que sean destinadas a la agencia y que, por ello, sea el reglamento desplegado por la propia agencia el que determine las condiciones laborales del personal.