Moisés Jiménez, presidente de Coepa (EVA MÁÑEZ)VALENCIA. Justo cuando parecía que las organizaciones empresariales de la Comunitat enfilaban la estabilidad financiera, surge un nuevo contratiempo que complica su delicada situación económica. En esta ocasión ha sido la amenaza de embargo que pesa sobre los bienes de la patronal alicantina Coepa, que va desde sus edificios y cuentas hasta las ayudas y subvenciones a las que tenga derecho, un hecho que inquieta al resto de organizaciones empresariales de la Comunitat por el temor a que esta medida les pueda acabar salpicando.
Los temores surgen por la responsabilidad que la patronal autonómica Cierval, de la que Coepa es entidad fundadora, o las organizaciones de Valencia (CEV) o Castellón (CEC) pudieran tener que asumir por el principio de solidaridad entre organizaciones.
La posibilidad de que las deudas de la patronal alicantina con la administración puedan repercutir sobre los fondos que la Generalitat transfiere a la autonómica -o incluso a las otras provincias- ya se ha puesto sobre la mesa. Tan es así que se han solicitado informes jurídicos para delimitar las distintas responsabilidades, ya que los estatutos de Cierval no son claros al respecto. "Es una cuestión muy compleja", admiten desde una de estas organizaciones.
La demanda del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra Coepa llega precisamente cuando Cierval aguarda con impaciencia el pago del 50% de los cerca de 2,3 millones de euros que le corresponden en virtud de la Ley de Participación Institucional cuyo reglamento fue aprobado hace escasamente unos días.
las organizaciones temen que la deuda de Coepa acabe repercutiendo sobre las subvenciones que esperan desde hace meses
La actuación de la Generalitat responde al impago por parte de la organización que preside Moisés Jiménez de un crédito de 3 millones de euros para la construcción de un centro de oficios. Se le reclaman esos 3 millones más 900.000 euros de intereses que se vayan acumulando en el periodo de tramitación y para ejecutar la garantía se recurre a todo: desde los edificios a los vehículos, pasando por las subvenciones, ayudas o créditos fiscales a los que pudiera tener derecho.
Tanto la Generalitat como desde las propias organizaciones se admite que es probable que las ayudas de la participación institucional correspondientes a Cierval sean retenidas. De los 2,3 millones que recibirá Cierval, la autonómica retendrá cerca de 480.000 y canalizará el resto hacia las tres organizaciones provinciales, en porcentajes aún no cerrados.
Cierval, CEV y CEC esperan que la amenaza de embargo no afecte a la parte que les corresponde, pero no existe certeza al respecto. "La inquietud existe, pero jurídicamente no es defendible que la Generalitat vaya a por los demás si Coepa no tiene suficiente para responder", interpretan desde una de estas organizaciones.
A ello se une, además, la deuda que la patronal de Alicante arrastra con Cierval por las cuotas que está obligada a pagar como entidad fundadora y que a cierre del año pasado superaba el medio millón de euros. Gran parte de los graves problemas financieros que atraviesa Cierval están causados por estos retrasos, ya que sólo la CEV está al corriente del pago de sus cuotas.
Por su parte, la organización empresarial alicantina ha adoptado una sorprendente actitud ante la demanda de la Generalitat que aumenta aún más la inquietud de las otras patronales de la Comunitat.
En un comunicado difundido este lunes, Coepa aseguraba no haber recibido ninguna comunicación judicial referida al préstamo con el IVF y amenaza con exigir "las correspondientes responsabilidades" a aquellos que "publiquen o difundan informaciones que atenten contra el honor y el buen nombre de esta institución".
Preguntado al respecto este martes, un portavoz de la organización mantuvo que no consta ninguna demanda ni amenaza de embargo contra ellos. La Generalitat, por su parte, recuerda que la demanda fue presentada el pasado 13 de octubre y que la actuación fue iniciada por la anterior dirección del IVF.
