La Audiencia da la razón a Anticorrupción e incorpora una causa aislada contra Rus en el 'caso Taula'

VALÈNCIA. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus tras la decisión del magistrado de Instrucción 9, Miguel Ángel Casañ, de inhibirse al juzgado del caso Taula para que sea dicho juzgado quien instruya el procedimiento abierto por un contrato de Imelsa en Llutxent.

Casañ tomó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara, tras la declaración del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, la acumulación de esta causa "aislada" en la pieza del caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del club de fútbol Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente. Benavent aseguró en una declaración voluntaria que el dinero del contrato investigado, 60.000 euros para unas farolas en Llutxent que jamás se llegaron a instalar, se destinó realmente al club de fútbol de Rus.

La Audiencia, recibidos los escritos de las partes, decidió este martes ponerse del lado del fiscal y del magistrado. En el auto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el magistrado ponente, José Manuel Megia, asegura que “el único argumento esgrimido por Rus para negar la conexidad no es otro que alegar que la decisión tan solo se basa en la declaración prestada Benavent". Sin embargo, a su juicio, "son múltiples los indicios de los que resulta la conexidad entre ambas investigaciones como ya adelantara el Ministerio Fiscal".

En cuanto al hecho de que el magistrado Casañ llegara a procesar a Benavent por estos hechos, para luego rectificar tras la petición de Anticorrupción, la Sala lo explica diciendo que "tras su lectura, y a la luz de las últimas declaraciones prestadas por Benavent y Rus, surge la clara conexidad con los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción 18, insertados en el delito continuado de malversación de caudales públicos que allí se instruye", y recuerda que, entre otros hechos, se investiga la presunta financiación ilegal del Olimpic de Xàtiva durante la época en la que lo presidía Alfonso Rus con dinero procedente de la empresa pública Imelsa (después Divalterra).

Megia también recuerda a la defensa de Alfonso Rus la declaración que prestó Marcos Benavent "describiendo una operativa idéntica a la empleada por Imelsa, realizando contrataciones mediante la utilización de empresas que facturaban servicios inexistentes a Imelsa para financiar en este caso al Olimpic de Xàtiva".

Y por último entra a enumerar "varios indicios que corroboran el contenido de la declaración de Marcos Benavent". En primer lugar lo que ya consta en la pieza B de Taula (relativa a los llamados zombies), es decir, que la contratación con fondos públicos de un futbolista del Olimpic por parte de Imelsa, Ángel Mullor Doménech, "fue ficticia pues éste cobró su sueldo y nunca realizó su trabajo por lo que, sin duda, se acogió a su derecho a no declarar", y en segundo lugar, también refuerza la declaración de Benavent la prestada por el empresario José Estarlich, "que insiste en la facturación falsa que realizaba a requerimiento del anterior, cobrando sin trabajar", apostilla Megia.

La denuncia

La investigación de Instrucción 9, ahora ya en el 18, se inició con anterioridad al conocido como caso Taula, que investiga el Juzgado de Instrucción número 18, si bien se enmarca en la supuesta trama corrupta que desvió fondos públicos de la corporación provincial.

Este asunto, el desvío de más de 60.000 euros de un proyecto para la renovación del alumbrado de Llutxent, fue denunciado inicialmente por la Diputación de València. Sin embargo, Benavent solicitó declarar voluntariamente y acusó al entonces presidente, Alfonso Rus, y a otro empresario de haberse quedado el dinero para destinarlo al club de fútbol. Esto hizo que Rus pasara de querellante a investigado.