Último consejo de Banco de Valencia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Más de once años después de la quiebra del Banco de Valencia, José Luis Olivas, Domingo Parra y los otros once investigados por falsear las cuentas de 2009 y 2010 serán juzgados en la Audiencia Nacional para determinar su responsabilidad en la intervención y posterior desaparición de la entidad financiera.
El juez Alejandro Abascal acaba de dictar auto de apertura de juicio oral contra los trece acusados por un delito de falsedad contable, a quienes da de plazo hasta el próximo 1 de diciembre de 2022 para que presenten sus respectivos escritos de defensa frente a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción antes de determinar la fecha de celebración del juicio.
El auto también se dirige como responsables civiles subsidiarios contra Bancaja, Bankia Habitat, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Bankia S.A, Banco Financiero y de Ahorro, Fundacion Bancaja, Libertas 7, Macomar inver, Minaval y Deloitte S.L. A todos ellos se les da el mismo plazo para defenderse de las las acciones civiles ejercitadas contra ellos.
El juez ratifica la situación de libertad provisional con cargos de todos los acusados y les recuerda la obligación de dejar constancia del domicilio en España y la de comparecer a los llamamientos judiciales.
Además, tanto los trece acusados como los responsables civiles deben presentar antes de quince días una relación detallada de sus bienes para garantizar unas futuras responsabilidades civiles.
La apertura de juicio se produce una vez desestimados todos los recursos de apelación y tras la petición de apertura de juicio formulada por la Fiscalía Anticorrupción por delito societario continuado de falsedad en las cuentas.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como los pequeños accionistas de la entidad, agrupados para ejercer conjuntamente como acusación, piden para el expresidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, y el ex consejero delegado, Domingo Parra, una condena de 3 años y nueve meses de prisión. Es la máxima pena prevista por un delito societario continuado de falsedad en la formulación de las cuentas del banco en 2009 y 2010, justo antes de su intervención y posterior rescate.
Para el resto del consejo, los antiguos accionistas reclaman varias condenas que arrancan desde los dos años y seis meses en el caso de la más baja. A ellas se suman multas que van desde los 27.300 a los 45.600 euros por consejero. En el caso del auditor de la entidad, Miguel Monferrer, se solicita un año y seis meses de prisión y multa de 21.200 euros.
Además de Bancaja, Bankia, BFA, Libertas 7, Mancomer lnver, Minaval, Fundación Bancaja y Deloitte, en el procedimiento también está llamada CaixaBank como responsable civil una vez que la Fiscalía Anticorrupción le atribuyó esa condición tras la fusión por absorción de Bankia y, por tanto, sucesora de sus obligaciones, pero finalmente no ha sido señalada por el juez.
En el escrito de conclusiones provisionales, anterior al del pasado enero en el que pedía la apertura de juicio oral contra los trece acusados, Anticorrupción solicitó cuatro años y medio de prisión para Olivas y Parra por falsedad contable, pero una vez confirmado su procesamiento, los fiscales mantienen la calificación de los delitos en su último escrito pero piden que la pena para ellos sea de tres años y nueve meses de prisión por ser la máxima prevista para los delitos por los que se les juzga.
Según el juez instructor, José Luis Olivas y Domingo Parra Soria "eran perfectamente conscientes de la mendacidad de los datos" que defendieron ante los accionistas de Banco de Valencia en la junta general que aprobó las cuentas anuales de 2010, las últimas de la historia de la entidad, y de la irrealidad de las mismas.
El relato de Pedraz se asienta en el escrito de la fiscal Anticorrupción Carmen Launa que le instaba a dar por finalizada la instrucción y continuar por la vía de procedimiento abreviado contra los catorce investigados. La fiscal, la misma que estuvo al frente del caso Bankia, detalló con total contundencia las maniobras del consejo del banco valenciano para ocultar los deterioros reales de la entidad en las cuentas de 2009 y 2010.
Según relató juez Pedraz en dos autos dictados en diciembre de 2019 y junio de 2020, las cuentas anuales de 2009 formuladas por el consejo de administración en su sesión del 29 de enero de 2010, junto con el informe de gobierno corporativo del año 2009, "suponían ofrecer al exterior una imagen de relativa fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad, habida cuenta que la misma carecía de un plan estratégico, tratando únicamente de evitar la contabilización de activos dudosos y de su correspondiente dotación".
La apertura de juicio oral estaba pendiente desde que a finales de 2021 la sección tercera de la Sala de lo Penal desestimase los últimos recursos de apelación de todos los acusados y confirmó su procesamiento. De esta forma, el último consejo de administración de la entidad responderá por la quiebra de la entidad más de once años después de su desaparición y tras seis años de una compleja instrucción encabezada por el magistrado Santiago Pedraz.
