El consejo de Banco deValencia, en la Junta de accionistas de 2010. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de toda la excúpula de Banco de Valencia, con José Luis Olivas y Domingo Parra a la cabeza, como presuntos responsables de un delito de falsedad en las cuentas de 2009 y 2010 para ocultar la situación real de la entidad financiera, que poco después tuvo que ser rescatada por el FROB y posteriormente vendida a CaixaBank por un euro.
Dos años después de que el juez instructor, Santiago Pedraz, dictase el auto de procedimiento abreviado tras seis años de compleja instrucción, la Audiencia Nacional desestima definitivamente todos los recursos de los acusados y encamina la causa hacia la celebración del juicio oral más de diez años después de la intervención del banco.
En una resolución dictada este martes a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la sección tercera de la Sala de lo Penal insta a las acusaciones a que en el plazo de un mes presenten sus respectivos escritos para avanzar en la preparación de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Esta resolución, contra la que aún cabe recurso de reposición, convierte en firmes dos autos dictados por Pedraz en diciembre de 2019 y junio de 2020. Con el primero, el magistrado instructor acordó el procesamiento de Olivas y otros trece miembros del consejo de administración y el socio auditor de Deloitte y propuso juzgarles por un delito de falsedad contable de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. En el segundo, Pedraz ya desestimó los recursos de reforma de varios exconsejeros contra su procesamiento y les acercó un poco más al juicio oral.
Ahora, en distintos autos dictados entre el pasado 22 y 23 de diciembre, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia desestima los recursos de apelación de todos los exconsejeros. Los magistrados aprecian "indicios bastantes" de la supuesta comisión de delito y recuerdan que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el FROB ya han formulado sus respectivos escritos de acusación.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Sala de lo Penal también se alinea con el criterio de Santiago Pedraz y desestima los recursos de la Fundación Bancaja, Bankia y BFA contra su inclusión como responsables civiles subsidiarios ante los accionistas, así como los presentados por un grupo de pequeños accionistas de la entidad contra la exclusión de CaixaBank como responsable civil subsidiaria.
En este caso, los magistrados consideran que transformar su condición de acusación a parte pasiva "le causaría verdadera indefensión" al habérsele vedado durante toda la instrucción la oportunidad de aportar elementos para su defensa.
En cualquier caso, tal y como informó este diario, a pesar de que no se acepte el recurso para incluir a CaixaBank como responsable civil, la entidad financiera ya tiene esa condición tras la fusión por absorción de Bankia y, por tanto, sucesora de sus obligaciones.
Nada más quedar inscrita en el registro la fusión de CaixaBank y Bankia, un grupo de accionistas representado por el despacho valenciano Ribelles Abogados presentó un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar el llamamiento de la entidad resultante como responsable civil subsidiaria en el procedimiento, una petición a la que se adhirieron otros querellados, incluidos algunos exconsejeros de Banco de Valencia.
En respuesta a esa petición la Audiencia Nacional declaró el pasado abril a CaixaBank responsable civil subsidiario en la causa contra la antigua cúpula de Banco de Valencia de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que con la fusión por absorción, "la transmisión de la posición procesal como responsable civil subsidiario (de Bankia) y de las obligaciones inherentes a la misma deviene ineludible".
Según el juez instructor, José Luis Olivas y Domingo Parra Soria "eran perfectamente conscientes de la mendacidad de los datos" que defendieron ante los accionistas de Banco de Valencia en la junta general que aprobó las cuentas anuales de 2010, las últimas de la historia de la entidad, y de la irrealidad de las mismas.
El relato de Pedraz se asienta en el escrito de la fiscal Anticorrupción Carmen Launa que le instaba a dar por finalizada la instrucción y continuar por la vía de procedimiento abreviado contra los catorce investigados. La fiscal, la misma que estuvo al frente del caso Bankia, detalló con total contundencia las maniobras del consejo del banco valenciano para ocultar los deterioros reales de la entidad en las cuentas de 2009 y 2010.
Según el juez, las cuentas anuales de 2009 formuladas por el consejo de administración en su sesión del 29 de enero de 2010, junto con el informe de gobierno corporativo del año 2009, "suponían ofrecer al exterior una imagen de relativa fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad, habida cuenta que la misma carecía de un plan estratégico, tratando únicamente de evitar la contabilización de activos dudosos y de su correspondiente dotación".
Pese a que el Banco de España ya dirigió a los responsables de Banco de Valencia un escrito de recomendaciones en mayo de 2007 y un comunicado en marzo de 2009 alertando de los riesgos, la política expansiva "marcada por el consejo de administración" e implementada por Parra "de conformidad con el mismo" se mantuvo. Esto es, créditos de escasa prudencia y elevado riesgo y un volumen global "desproporcionado" para el balance y los recursos propios. "Incluso en muchas ocasiones, con créditos basados en meras expectativas especulativas de los suelos que se financiaban con los mismos", señala el instructor en su auto de procesamiento.
Aunque conocían los datos reales de morosidad, la comisión ejecutiva primero y el propio consejo de administración decidió "efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad", lo que se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales los ejercicios 2009 y 2010 que no reflejaban la imagen fiel de la misma, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a maquillar tales resultados".
Toda esta información era conocida y aprobada por la comisión ejecutiva y el consejo en las reuniones mensuales. "Además, las propias empresas o grupos que ellos mismos representaban tenían la necesidad de solicitar periódicas renovaciones de las líneas de financiación", apunta el juez en referencia a los integrantes del consejo.
