VALÈNCIA. La Audiencia Nacional ha declarando la nulidad del cuarto Convenio Colectivo de la aerolínea Air Nostrum para el personal de tierra, handling y tripulantes de cabina (TCP). La sentencia estima la demanda de impugnación del convenio colectivo presentada por la Dirección General de Empleo tras una denuncia previa ante el Ministerio de Empleo presentada el el pasado verano por el sindicato UGT a la posteriormente se adhirió CCOO.
Según consta en la sentencia, que decreta la nulidad total del convenio impugnado, el acuerdo suscrito entre la dirección de la empresa y el sindicato USO es "contrario a derecho" porque la comisión negociadora constituida no reflejó la representatividad del comité intercentros.
El Ministerio Fiscal se posicionó a favor de la estimación de la demanda.
Preguntada al respecto, la empresa valenciana ha confirmado que ha presentado recurso de casación dado que no comparte los argumentos de la sentencia. Además, la forma lamenta las posibles consecuencias de la nulidad del cuarto convenio "puesto que este introdujo mejoras económicas y sociales para los casi 800 trabajadores afectados que se llevaban aplicando desde el pasado mes de junio de 2017".
Según destaca CCOO en un comunicado, la sentencia reconoce que USO, sindicato "afín a la empresa", no tenía legitimidad suficiente para firmar en solitario el convenio, ya que no cuenta con la mayoría de los representantes del Comité Intercentros, al contar con 6 de las 13 personas representantes. "La comisión negociadora la nombra el Comité Intercentros y no la USO" concluye.
"A la demanda interpuesta por el Ministerio se adhirieron CCOO, UGT y SEPLA quedando solo la empresa y la USO, defendiendo tal despropósito" afirma Jesús Ballesteros del sector aéreo de CCOO.
Según el relato del sindicato denunciante, la negociación del convenio que se inició en 2014 "pero no se cerraba por falta de acuerdo, por lo que la empresa y la USO decidieron alterar la composición de la mesa para que esta organización sindical que no ostentaba la mayoría firmara el convenio a finales de 2017".
"La empresa necesitaba cerrar la paz social para obtener financiación, impulsar sus nuevos proyectos empresariales y obtener la subvención de la Generalitat Valenciana y optó por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores antes que por firmar mejoras con sus empleados y empleadas", concluye el sindicato.
