La Audiencia Nacional mantiene a la Generalitat en el juicio de Gürtel pero limita su acusación

VALÈNCIA. La Audiencia Nacional ha mantenido la presencia de la Generalitat en el juicio del caso Gürtel que afecta al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, aunque ha limitado su acusación al mínimo, de manera que únicamente podrá adherirse a lo que hagan el resto de acusaciones. 

El juicio se central en una de las seis piezas separadas en las que se dividió la trama valenciana de Gürtel. Un total de 27 personas son juzgadas por la investigación relativa al trato de favor a siete empresas del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Entre 2004 y 2009, recibieron varios contratos menores por valor de más de 1,8 millones de euros.

La decisión del tribunal se produce después de que la mayor parte de las defensas pidieran la expulsión de la Generalitat porque el contrato del letrado externo que ejerce la defensa está caducado. Se trata de un contrato menor que tenía como objeto la defensa jurídica de la Generalitat, como actor civil (a lo que el letrado ha añadido en el juicio que ésta se extiende al sector público), en el procedimiento. La duración era de un año y finalizaba en noviembre de 2020. El importe era de 9.982,5 euros (IVA incluido). 

La Generalitat expresaba en el contrato que, en 2014, el Consell (entonces en manos del PP) decidió no ejercitar la acción penal ni de responsabilidad civil en el caso Gürtel. Al acceder la izquierda, el Ejecutivo autonómico revocó esta decisión y se personó en la pieza de los contratos menores en 2019 como perjudicada civil. Lo hacía con un letrado externo al considerar que utilizar medios propios podía "interferir sobre el derecho constitucional de defensa". 

Sin embargo, los letrados opinan que la Generalitat está "utilizando a un letrado que no pertenece a su cuerpo de abogados, pagando con fondos públicos para los intereses del político de turno y habiendo ya finalizado su contrato, con lo que no se le puede contratar otra vez porque sería un contrato fragmentado".

La Fiscalía ve conflicto de intereses

Desde la Generalitat, por contra, explican que "no tiene nada que ver la duración del contrato menor con la duración de la causa", por lo que no se encuentra caducado. 

En todo caso, la Fiscalía ha señalado este martes en el juicio que "actualmente no es posible ostentar la citada representación" al considerar que existe un conflicto de intereses. El motivo es que, en la época del PP al frente del Consell, la Abogacía de la Generalitat elaboró un informe que avalaba los contratos menores que la investigación posteriormente ha puesto en cuestión y ahora, sin embargo, figura como acusación. 

Finalmente, el tribunal mantiene a la Generalitat, aunque entiende que su presencia es extemporánea, y limita la acusación a adherirse a lo que ya han pedido las acusaciones, sin permitirle incluir hechos nuevos. 

La Sala, por otra parte, ha admitido que se incluyan las pruebas solicitadas por la Fiscalía y las defensas. Entre ellas, la exhibición en el plenario un vídeo de la boda del que fuera responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', donde se comprueba su estrecha relación con Camps.