Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las Naves no pasó un 2017 libre de toda objeción en cuanto a cumplimiento de la legalidad se refiere. Un año movido para el recinto de innovación y cultura, que fue capitaneado por Rafael Monterde hasta julio para más tarde pasar a manos de Sonia Gadea, quien fuera jefa de servicio de la Diputación de Valencia.
Este lunes la dirección presentaba el 'Informe de Auditoría de cumplimiento de la legalidad' de la compañía Iberaudit Kreston FRP en una reunión del patronato de la fundación. Entre las salvedades aparece un viejo conocido, los fraccionamientos de contratos, que supone realizar sucesivos contratos con proveedores por servicios recurrentes que deberían sacarse a concurso.
La muestra analizada en el informe es del 30,55% del total de contratos menores formalizados por la entidad. En este rango inspeccionado el informe señala a dos empresas. Por un lado la agencia digital y de desarrollo web We are cactus y la asesoría jurídica Group 5. Sin embargo, no especifica cuál es el número de contratos o a qué cantidades ascienden los importes. Además, el informe deja constancia de que estas facturas no están colgadas en el portal de transparencia.
La 'tradición' de las auditorias en Inndea empezó en febrero de 2016, cuando el anterior concejal de Innovación del Ayuntamiento de València Jordi Peris y el ex gerente Rafael Monterde proponían realizar esta auditoría para despejar dudas tras la acusación de realizar procesos de contratación ad hoc para personas vinculadas con València en Comú.
Respecto al personal, la auditoría hace referencia a los salarios base de los trabajadores de la Fundación Crea, superiores a los que marca el Convenio de Oficinas y Despachos que les es de aplicación. En cuanto a la plantilla, en 2017 disminuyó respecto al año anterior como consecuencia de tres bajas voluntarias y tres despidos por causas objetivas de los que falta resolver las demandas interpuestas por despido improcedente.
Sobre el proceso de selección de gerente, el informe señala que se siguió un proceso de libre designación del que la fundación no les facilitó la documentación para verificar si se realizó una convocatoria pública. El informe también apostilla que la retribución bruta de Sonia Gadea es inferior a la establecida por el Pleno del Ayuntamiento para los delegados que forman parte del equipo de Gobierno.
A pesar de las salvedades, el informe considera que Las Naves "ha cumplido de forma razonable con lo dispuesto en la normativa vigente", aunque realiza algunas recomendaciones. Por un lado insta a utilizar el modelo de convocatorias públicas para el personal de Alta Dirección. También recomienda que la Fundación realice expedientes de contratación para los contratos artísticos.
Por otro lado, recalca que todos los contratos menores formalizados deben ser remitidos al Ayuntamiento de València, además de recomendar la solicitud de tres ofertas para poder elegir la más ventajosa. Por último, recuerda a la entidad que debe evitar el fraccionamiento de contratos.
